ASF advierte que el gobierno no sabe cuánto daño ambiental causará ni cómo repararlo en el proyecto del tren Maya
(LeMexico) – La ASF, en su reporte 2020, dio a conocer un gran número de variaciones por millones en las obras emblemáticas de la 4T. También encontró la gravísima afectación natural que le causa al sureste del país.
Es realmente preocupante lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación respecto a las obras principales de Andrés Manuel López Obrador, principalmente en el tren Maya, que es un secreto a voces del cual ninguna entidad competente, nivel del poder, organismo o ciudadano alguno, hemos podido o querido frenar: el proyecto tren Maya no tiene identificado cuál será el daño ambiental que genera en su construcción, ni tampoco sabe cómo mitigar o recuperar las zonas afectadas.
Los tramos 2 y 3 del proyecto comenzaron sin tener los Manifiestos de Impacto Ambiental, MIA. Estos manifiestos son vitales para poder autorizar el comienzo de cualquier obra que se realice en la república mexicana, es parte de la legalidad y, por supuesto, el gobierno no está exento de ellos. Actualmente, el proyecto pasó de costar 141 mil millones de pesos a 180 mil millones de pesos.
La ASF dedicó 8 auditorías al proyecto del tren Maya en diferentes áreas que la integran, una de ellas es la parte ambiental. Descubriendo que en la MIA de la Fase 1, de los tramos Palenque-Escárcega, Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal, con 635 kilómetros de vías, menos de la mitad de los 1500 kilómetros que tendrá el proyecto, abarca solo 3 de las 7 fases de la megaobra.
En dicho documento no se encuentra la identificación de las causas y efectos de los impactos ambientales, análisis de congruencia de los impactos identificados, así como las medidas de mitigación a tomar, ni los indicadores de eficacia y eficiencia en dichas medidas. Dicho de otra manera, por lo menos hasta el 2020, en el MIA del proyecto no se sabe qué impacto tendrá el proyecto en las selvas, reservas y especímenes de estos 600 kilómetros de vía.
Tampoco muestra cuáles son las fuentes de financiamientos que usará el Fonatur para pagar las medidas de prevención, mitigación y recuperación del daño ecológico, ni en qué fases del proyecto se deben realizar las obras preventivas, de cuidado y recuperación, ni qué montos se erogarán por los mismos. Se había hablado inicialmente de destinar de un 1 a 10% del presupuesto del proyecto a mitigación del proyecto. Sin embargo, no se ha esclarecido el monto total, comenzando por la variación del costo total de la obra.
Finalmente, en el informe reitera que no hay un supervisor como tal o comité supervisor ambiental en el proyecto. Aunque Profepa dio un palomazo de verificación, ni ellos ni Sedema han mantenido sus facultades ante las variaciones, omisiones o, lo más preocupante, desconocimiento total de cómo va el gobierno a afectar a nuestra biodiversidad.
Por otro lado, en el aspecto arqueológico, el reporte indica que por la premura de las obras para que se entreguen a finales del 2023, está el riesgo latente de que las obras de salvamento arqueológico no se lleven a cabo en la forma y tiempo que requieren. En 2020 Fonatur notificó que se hallaron 3,720 monumentos en el área de afectación del tramo 1 al 4. El 9% o 292 monumentos requieren excavación, conservación, restauración y estudio, por lo tanto, la reubicación. Por ello, se clasificaron con código 4.
Otros 136 monumentos equivalentes al 4%, requieren medidas técnicas de protección y conservación, se encuentran dentro del derecho de vía del tren. En los tramos 5 al 7 se han identificado por lo menos 957 monumentos, de los cuales hay 58 dentro del trazo de la vía del tren. La ASF encontró que no hay proyecto detallado de salvamento adecuado para el acervo arqueológico, para las etapas venideras que garantice la preservación de nuestra riqueza cultural.
