Lecciones desde Perú: la inestabilidad

Tabula Rasa

(LeMexico) – Conforme se iban consumando los procesos de independencia del reino de España, los países latinoamericanos se enfrentaban a la cuestión de tener que formar gobiernos propios. Influenciados por el éxito que tenían en los Estados Unidos con la implementación de un sistema presidencial, se buscó repetir la fórmula a lo largo del continente.

La opción no era mala, dado los antecedentes de que los países recién independizados siempre habían sido gobernados por un poder ejecutivo fuerte y bastante personalizado, adoptar un sistema presidencialista otorgaba algunas ventajas. De acuerdo con el que es, quizá, el mayor teórico del presidencialismo, Juan Linz, en el artículo Los peligros del presidencialismo, resaltan dos características de este sistema:

“La primera de ellas es el fuerte título presidencial a la legitimidad democrática, incluso plebiscitaria; la segunda es su período fijo en el cargo.”

Al ser electo por el voto directo, el presidente cuenta con una amplia legitimidad política, lo cual podría considerarse como algo natural, aunque no necesariamente sea por una mayoría. Recordemos que en Estados Unidos Donald Trump ganó la elección del 2016 con el 46.15% de los votos, mientras que Hillary Clinton obtuvo el 48.17%, pero por las características del sistema electoral, Trump obtuvo 304 votos electorales y Clinton 227. Otro caso paradigmático es la elección de 1970 en Chile, cuando Salvador Allende ganó la presidencia con el 36.6% de los votos.

Algunos sistemas presidenciales, para evitar ganadores con minoría de votos, acuden a la segunda vuelta electoral si en una primera ronda algún candidato no obtiene más del 50% de los votos o, si la diferencia porcentual entre el ganador y el segundo lugar es menor al 10%. En caso de no cumplirse alguna de estas dos reglas (dependiendo el país existen algunas variantes) pasarían a la segunda vuelta los dos candidatos con el mayor número de votos en la primera elección, como fue el caso de Perú en 2021 cuando en primera instancia Pedro Castillo obtuvo el 18.92% y Keiko Fujimori logró el 13.41%.

Otra característica del presidencialismo es la duración fija del cargo, que normalmente están entre 4 y 7 años. De esta forma se busca otorgar estabilidad al gobernante y a todo el sistema político, porque al tener claro el período, se evitarían los abruptos cambios de gobierno y el desgaste de estar sometidos a elecciones constantes, una característica propia de los sistemas parlamentarios y tanto el presidente como la oposición actuarían dentro de los límites establecidos.

Cada sistema presidencial cuanta con sus propias características y sus mecanismos de conclusión anticipada y sucesión. Sin embargo, la estabilidad que se busca con un sistema presidencial no siempre se logra, como lo ejemplifica la historia reciente del Perú. Desde la constitución de 1993, el presidente puede ser electo en dos rondas electorales, y el período de gobierno es de 5 años sin posibilidad de reelección inmediata.

Otra característica es que incorpora algunos rasgos parlamentarios. Por ejemplo, existe la figura de presidente del Consejo de Ministros (una especie de primer ministro) el cual es propuesto por el ejecutivo y debe ser ratificado por el legislativo, quien también puede otorgarle un voto de censura o negarle uno de confianza. Pero más importante es la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso o que éste destituya al presidente.

De acuerdo con el artículo 113, puede haber vacancia por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, o por “Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución”. También puede ser suspendido en sus funciones por “Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o hallarse este sometido a proceso judicial”. El artículo 117 señala que “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

El artículo 134 determina que “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto”.

En un recuento de los hechos de los meses recientes, el Congreso peruano había rechazado dos solicitudes previas para destituir al presidente electo, Pedro Castillo, una en diciembre de 2021 y otra en marzo de 2022. En ambos casos las propuestas lograron cerca de 55 de los 87 votos necesarios. Una tercera propuesta estaba programada para el 7 de diciembre basada en denuncias penales en contra de Castillo. Sin embargo, el presidente se adelanta a los sucesos y anuncia una serie de medidas: la disolución temporal del Congreso, la instauración de un gobierno de emergencia excepcional y la promesa de convocar a elecciones en un breve plazo; acciones que como podemos ver, no estaban amparadas por el artículo 134.

Tras el anuncio de Castillo, empezaron a renunciar diferentes ministros de su gobierno y representantes diplomáticos en el extranjero, por no estar de acuerdo con dichas medidas. El poder judicial, el ejército y la policía nacional también mostraron su rechazo. El Congreso adelantó su reunión y con el voto favor de 110 de los 130 legisladores que Castillo procedió a favor de su destitución, conforme lo establece el artículo 117.

El congreso peruano fue disuelto en siete ocasiones durante el siglo pasado, siendo la más recordada la de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori llevó a cabo el conocido autogolpe de estado, porque con el apoyo de las fuerzas militares y policiacas, eliminó los poderes legislativo y judicial existentes, para designar a nuevos representantes incondicionales suyos. La segunda intentona con éxito fue en 2019 por parte de Martín Vizcarra, pero en una vuelta del destino, el nuevo Congreso lo destituyó un año después como presidente.

Castillo señaló que disolvía el Congreso porque “en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país….llevamos más de 16 meses de continua y obsequiada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana.” Al victimizarse, omitía un dato importante: sin mayoría en el Congreso, la confrontación entre poderes es natural en cualquier sistema político

La inestabilidad política ha sido constante: en los últimos 6 años ha habido 6 presidentes y una presidenta que juró el cargo, pero no tomó posesión. El partido que arropó a Castillo como candidato no tenía mayoría en el Congreso y, por si fuera poco, después renunció a él. En poco menos de un año se nombraron más de 80 ministros y varios de ellos le renunciaron a los pocos meses. Sin duda, problemas de conducción política interna.

Castillo contaba con una legitimidad democrática que fue menguando con su impericia, pero que mantiene una base opuesta a su destitución y que salió a protestar a las calles, originando una crisis al nuevo gobierno de Diana Boluarte, exvicepresidenta y compañera de fórmula de Castillo, por la muerte de unos 26 manifestantes en enfrentamiento con la policía. Boluarte, en un intento por pacificar al país, propuso al Congreso adelantar elecciones a finales de 2023, pero la fecha aprobada fue abril de 2024.

En los foros de discusión, mucho se habla acerca de la legitimidad que los votos le otorgan al candidato ganador a la presidencia, pero se omite la otra cara de la moneda, que los miembros del Congreso también son electos por la gente, y el arreglo democrático es para que ninguno de los poderes avasalle al otro. Ambos poderes son elegidos de forma legítima y la constitución establece las reglas del juego. Pretender erigirse como el único poder representante de la voluntad popular y querer cambiar e interpretar las leyes a modo es, por decir lo menos, una trampa.

Tal vez sea tiempo de reflexionar sobre los alcances que tiene el actual sistema presidencial en Perú, porque al parecer el actual arreglo, volviendo a Linz, “es ineluctablemente problemático porque opera según la regla ¨todo al ganador¨, un arreglo que tiende a convertir las políticas democráticas en un juego de suma-cero, con todas las potencialidades de conflicto que tal juego conlleva”, Y esto algo que nosotros también debemos plantearnos.

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