Ni verdad ni justicia

Tabula Rasa

(LeMexico) – La idea de juzgar el pasado no es algo que sea ajeno a la historia del mundo. Siempre será un hecho que oscilará entre la búsqueda de la verdad, el castigo a los responsables, la restauración, en lo posible, a las víctimas del daño infligido y la praxis política. Aunque sea deseable, no siempre se pueden al mismo tiempo todas las medidas. Cada una de ellas obedece a razones distintas y nos lleva a diferentes resultados. 

Acciones para juzgar el pasado las podemos encontrar en la Grecia en los años 411 y 403 a.c., en los años posteriores a la revolución francesa, en los tratados de Versalles tras la Primera Guerra Mundial o en los Juicios de Nüremberg tras la Segunda Guerra Mundial. No es un tema nuevo y siempre viene aparejado por las discusiones en torno a lo que se debe considerar como materia de este tipo de justicia. 

Por ejemplo, tras la derrota de la Alemania de Hitler, había consenso en castigar los crímenes de guerra. Sin embargo, si lo que se pretendía era condenar a quienes hubieran colaborado con los nazis, la situación se complicaba. Como se pregunta Tony Judt en Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, “¿Qué era un «colaborador»? ¿Con quién y con qué fin habían colaborado? ¿De qué eran culpables los «colaboradores»? ¿Cómo iba a definirse el sufrimiento de la nación y a quién podía hacérsele responsable del mismo?”. Cada país fue dando sus propias definiciones y castigos para los que consideraban colaboracionistas.

A las acciones encaminadas en torno a juzgar el pasado se les conoce comúnmente como justicia transicional y, de acuerdo con Jon Elster en su libro Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, “se compone de los procesos de juicio, purgas y reparaciones que tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro”. Es decir, la justicia transicional se refiere a las acciones que se toman en un período histórico específico donde existe un cambio de régimen político, un cambio que por lo regular es abrupto y corresponde a la caída de una forma de gobierno monárquica, autoritaria o dictatorial que es sustituida por una democracia.

Los procesos de justicia transicional más cercanos son los que se realizaron en América Latina tras la caída de los regímenes autoritarios, los cuales habían ejercido una represión y desaparición de opositores de manera sistemática, donde había que plantearse cómo llegar a una reconciliación nacional entre quienes apoyaron al régimen autoritario con las víctimas de esos años de terror. Recordemos que en estos casos una parte de la sociedad se negaba a ver lo que sucedía para no perder sus privilegios, o lo aceptaba para obtener nuevos negocios o simple y sencillamente en el fondo lo consideraban necesario para mantener el orden. 

Surgieron las comisiones de la verdad enfocadas en las violaciones graves a los derechos humanos (desaparición de personas, masacres, etc) donde se expusieron todas las atrocidades y eventualmente se castigaron a algunos de los culpables. Jorge Rafael Videla, expresidente de Argentina fue juzgado y murió en una celda, mientras que Augusto Pinochet de Chile falleció sin pisar una cárcel. Cada país fue definiendo cuál era la mejor forma de juzgar el pasado para construir el presente, por lo que se dieron acciones que fueron del borrón y cuenta nueva, hasta meter a la cárcel a los responsables. 

Ahora bien, en un tema completamente diferente, existen diferentes mecanismos que se basan en la participación ciudadana para tomar decisiones en la vida pública, siendo el referéndum o el plebiscito de los más utilizados. Estos consisten en presentarle a la ciudadanía una pregunta con la opción de “sí o no”; se tienen determinadas las acciones que le seguirían a cada una de las opciones; y la ciudadanía, organizaciones y gobierno pueden participar libremente promoviendo el voto a favor o en contra de la propuesta.

Por ejemplo, en Estados Unidos la ciudadanía decide por ciudad o por estado si se aprueba un aumento de impuestos que vaya directo a proyectos de educación, o si se aprueba el consumo lúdico de la mariguana. Lo que podríamos llamar pequeñas acciones de gobierno.

También existen las grandes consultas nacionales. Entre los casos más famosos y recientes, podemos citar el referéndum celebrado en Gran Bretaña en 2016 donde se les preguntó a los ciudadanos británicos si querían seguir siendo parte de la Unión Europea. Se sabía de antemano lo que habría que hacerse en caso de que, como sucedió, ganara el no.

En Chile en 1988 se le preguntó a los ciudadanos si estaban o no a favor de una reelección presidencial de Augusto Pinochet. En caso de ganar el “no” se convocaría a elecciones (recomiendo una película sobre esta etapa con Gael García Bernal llamada No). En la provincia francófona canadiense de Quebec en 1995 se celebró un referéndum para preguntarle a los ciudadanos si estaban a favor o en contra de un proceso independentista del resto del país, y de ganar el sí, se tenían establecido los pasos el proceso independentista. 

En este sentido, lo que se nos plantea para el próximo domingo es algo distinto. Se hará una consulta ciudadana que no plantea estrictamente una pregunta de sí o no. La pregunta en específico es ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

Como podemos ver, se empieza preguntando a la gente si esta de acuerdo o no con que se apliquen acciones dentro del marco legal (supongo que fue para evitar que la gente crea que el gobierno sería capaz de tomar acciones fuera del marco legal) además del hecho de no especificarse a qué se refieren con eso de acciones pertinentes. Posteriormente, se habla de esclarecimiento de las decisiones políticas, pero buscando en el marco legal no encuentro una definición de en qué consiste esclarecimiento de las decisiones políticas

El genial Jorge Ibargüengoitia en los Relámpagos de Agosto o en Los pasos de López nos cuenta que los personajes de sus novelas toman decisiones políticas con base en el estado de ánimo. ¿Nos debemos contentar si Zedillo nos dice que hizo el Fobaproa un día que estaba enfermo o enojado? Y si la pregunta dice en años pasados, ¿es válido preguntar por alguna decisión de López Mateos? ¿2020 se considera como año pasado?

Por los actores políticos, ¿puede ser el presidente de la república o un jefe de departamento? ¿Se incluyen gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, etc? Para garantizar justicia y derechos de posibles víctimas, ¿aplica para exigir justicia por lo sucedido en la colonia o en la conquista? Además, suena muy bien la frase pero si no han podido garantizar justicia y derechos a las víctimas de lo que sucedió este año con la línea 12 del metro (y por lo visto, ni lo harán), ¿cómo esperar que resuelvan lo de hace 30 años? 

Entonces tenemos una consulta con una pregunta tan amplia que en vez de darnos certezas de lo que se pretende, nos lleva más preguntas. Por un lado, está la obviedad de que si hay pruebas de conductas ilícitas se debe proceder, la ley no contempla excepciones ni habla de que un expresidente sea una categoría diferente. Luego, la vaguedad de la pregunta permite que haya quienes hablen de que la consulta llevaría a procesar a los expresidentes cuando, en otra obviedad, eso no es la que pasaría.

Tampoco funcionaría como parte de un proceso de justicia transicional porque, por más que lo autoproclamen, no se ha dado un cambio de régimen dado que seguimos conviviendo con las mismas reglas democráticas. Para hacerlo más confuso, mientras el presidente dice que no va a participar o que votaría en contra, el partido oficial lo promueve como un ejercicio de venganza no como que una búsqueda de reparación y reconciliación.  

Si deseamos saber por qué un actor político (quien quiera que sea y del cargo que tenga) tomó una decisión política legal, nos responderá que porque era lo que en su momento era lo mejor para la patria, y eso no es un delito, al menos no todavía. Si deseamos que se juzgue a un actor político por tomar una decisión política ilegal, simplemente se juntan pruebas y se denuncia. Ni tampoco es un ejercicio de referéndum porque la consulta no es sobre un tema en específico ni sabemos en qué se traduciría un sí. En México, tan dados a ser diferentes, hemos juntado la justicia transicional con una consulta ciudadana, pero en nuestra singularidad no será ni lo uno ni lo otro.

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