Lecciones desde Bolivia

(LeMexico) – Cuando el pasado 18 de octubre se celebraron elecciones en Bolivia para elegir presidente, vicepresidente y al congreso, parecía por un momento que la estabilidad regresaba al país. Después de haberse postergado la elección prevista inicialmente para mayo de 2020, pero por la pandemia se tuvo que posponer.

Al finalizar la jornada, los resultados de la elección presidencial no dejaban dudas. El candidato por la coalición Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales, obtuvo el 55.11% de los votos, por lo que fue electo presidente en la primera ronda electoral.

Es importante destacar que el sistema electoral previa que si en la primera ronda ningún candidato alcanzaba el 50% de los votos se celebraría una segunda vuelta, pero con la particularidad que la votación se celebraba solamente entre los miembros recién electos al Congreso, quienes elegían al presidente entre los candidatos con más votos en la primera ronda. Este arreglo institucional facilitaba los acuerdos políticos entre partidos y fue conocido como Democracia Pactada. Era de cierta forma, el sueño de aquellos que veían en un acuerdo entre élites como el mejor camino para transitar y consolidar a la democracia.

En 2005, apoyado por el partido MAS, el cual era ajeno a los arreglos cupulares previos, se lanzó la candidatura de Evo Morales, quien rompía la inercia política de las dobles vueltas al obtener en la elección presidencial el 53.74% de los votos. También, al ser de origen indígena y haber realizado su carrera política como sindicalista, marcaba una diferencia con las clases políticas tradicionales. Su discurso de campaña era simple, promover el cambio y la renovación del país.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2011 serviría como “la base de la transición que iniciará el desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirán para construir un Estado multinacional y comunitario que permita el empoderamiento de los movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes”. Uno de los grandes objetivos era el control los hidrocarburos, los cuales, acusaba el propio PND de estar en propiedad de particulares y transnacionales, por lo que para revertir la “falta de soberanía sobre la producción y toda la cadena hidrocarburífera, que se expresa en la desarticulación, desestructuración y desorganización de las instancias del sector “. De esta forma, en mayo de 2006, el presidente Evo Morales, con apenas 100 días de gobierno decretó la nacionalización de los hidrocarburos.

Las medidas nacionalistas y anti-neoliberales de Morales no eran las únicas en el continente. Fue la época en que coincidieron gobernantes de orientación de izquierda: Rafael Correa en Ecuador, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina y Fidel Castro en Cuba. De esta forma, casi en bloque se giraban hacia políticas sociales más agresivas y claramente enfrentadas con los Estados Unidos. Morales fue uno de los más incisivos.

El período de Morales se caracteriza por dos aspectos, el económico y el político. Contrario a lo que muchos esperaban tras la nacionalización de los hidrocarburos, la economía boliviana no se vino abajo, sino que fue de las que más crecieron en América Latina al oscilar entre el punto más bajo de 3.3% en 2009, al punto más alto alcanzado en 2013 con un 6.7% de acuerdo con cifras del Banco Mundial. La reducción de la pobreza extrema que pasó del 35% al 15% en 2019 es otro de los grandes logros de acuerdo con cifras oficiales, donde se estima que una serie de apoyos directos a estudiantes, adultos mayores, mujeres embarazadas, así como programas de apoyo a la inversión en el campo, lograron disminuir los índices.

No olvidemos que, en Latinoamérica, el país con más población indígena como proporción de la población total, según el Banco Mundial en su informe El Mundo Indígena 2019, es Bolivia con el 48%, y como en el resto del continente, la mayor parte de la población indígena es pobre y vive en zonas rurales.

Por otra parte, recordemos que el crecimiento económico se juntó con el alza de los precios de los combustibles, lo que dejaba recursos inesperados al país (al igual que en Venezuela, Brasil, Ecuador). Morales aprovechó el boom de los precios y los utilizó en sus programas sociales. Cabe recordar que el depender de los precios internacionales de los combustibles es apostar al momento. Y si no se crean nuevas condiciones de generación de riqueza, al momento en que los precios bajen, la economía igual sufrirá un retroceso, tal y como la han sufrido varios países latinoamericanos.

La diosa fortuna tuvo en suerte que le tocara a Morales esa época y él la aprovechó para para apuntalar su propuesta económica y luego modificar las reglas del juego. En primer lugar, para que se diera fin a la etapa de Democracia Pactada. En 2009, mediante referéndum, se aprobó una nueva constitución política con dos particularidades en el tema electoral.

Primero, modificó el sistema electoral boliviano, que en caso de que en una primera ronda ningún candidato supera el margen del 50% de los votos u obtener al menos el 40% de la votación y un margen sobre el siguiente candidato de al menos el 10%, se presentarían a votación universal los dos candidatos con mayor porcentaje de votos, dejando atrás la votación cameral. El segundo aspecto es que introdujo la figura de reelección, donde se establecía que un presidente se podría reelegir inmediatamente para otro período.

Con la popularidad al tope, se presenta Evo Morales a las urnas para ser reelecto en 2010 con el 64% de los votos. Un artículo transitorio de la nueva ley electoral señalaba que se contaría el primer período previo a la nueva ley. Aquello significaba que no había borrón y cuenta nueva, pero en 2013, ante una demanda de Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concedió que al haber una nueva constitución política que establecía el fin de la República y el inicio del Estado Plurinacional de Bolivia (a todas luces un tecnicismo) Morales podía ser reelecto nuevamente,  lo que sucedió en 2015 al obtener el 61.38% de los votos.

El problema del poder en América Latina es que cuando las cosas salen medianamente bien, o incluso francamente mal, el presidente en turno se cree iluminado y que nadie más que él puede encarnar los sueños de la república. Una especie de Síndrome del Caudillo. Por eso, para asegurarse de que las cosas se hagan bien, de que no se pierda su legado (como dicen en Estados Unidos) o simplemente por consideran que no existe alguna persona de su estatura política, les da por modificar la ley para reelegirse. 

La democracia permite que, si se tienen los votos necesarios, las leyes pueden reformarse, pero cuando se recurren a trampas o a hacer reformas dirigidas a personas en específico (en este caso al presidente), la ley pierde legitimidad. Las reformas deben ser abstractas y generales, no específicas y particulares. Lo primero es expresión de desarrollo democrático, lo segundo es una versión local de la película La ley de Herodes.

El caso es que Evo Morales, como muchos otros presidentes, se consideró el caudillo e intentó modificar nuevamente la constitución para presentarse a una cuarta reelección (recordemos que la ley sólo permitía dos). Llamó a referéndum para poder tener otra reelección, sin embargo, su propuesta fue rechazada por una mínima mayoría del 51.3%. No obstante, insistió ante el TCP, solicitando se le reconocieran sus derechos humanos a votar y ser votado, lo que validó el Tribunal (permitiendo de facto la reelección indefinida) y le permitió a Morales presentarse nuevamente a elecciones en 2019.

El día de las elecciones todo estuvo muy revuelto. Los observadores de la OEA señalaron una serie de irregularidades (luego se les acusó de que sus observaciones fueron parciales) y el proceso de conteo de votos se detuvo unas horas (se les cayó el sistema) y al volver, los resultados le daban más del 50% de los votos a Morales. Esto trajo consigo una serie de movilizaciones y disturbios que orillaron a Morales a señalar que se celebraría una segunda ronda y unos días después a presentar su renuncia tras las “sugerencias” de las cúpulas policiales y militares e inmediatamente recibir asilo político en México.

De acuerdo con la línea sucesoria constitucional, tras las renuncias del presidente, del vicepresidente, del presidente del senado y del presidente de la asamblea legislativa, le correspondía a la primera vicepresidencia del senado asumir la presidencia del país, siendo nombrada Jeanine Añez. Como no puede ser de otra manera en nuestro realismo mágico latinoamericano, la expresidenta del senado presentó un reclamo para ocupar la presidencia alegando que fue obligada a renunciar, lo cual no prosperó en tribunales.

Una vez estando en México, Evo Morales acusó que había recibido un Golpe de Estado. Su reclamo fue secundado por algunos países (Venezuela, Nicaragua y México) y acto seguido, el gobierno de Añez inició procesos judiciales contra Morales por delitos de sedición y terrorismo. Este conflicto parecía que se detendría tras las elecciones del año pasado y la elección del candidato de MAS, Luis Arce. Sin embargo, no ha sido así. El pasado 14 de marzo, Jeanine Añéz fue detenida por la fiscalía General de Bolivia, acusada de participar en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, acusación que también pesa sobre ex ministros y mandos militares. 

Como puede verse, en el panorama Bolivia se mezclan las ambiciones y las venganzas políticas, con una sociedad polarizada entre clases media urbanas y la población indígena, con los estragos de la pandemia que afectaron al PIB en 2020 al caer más del 8% y tener un déficit en las finanzas públicas de más del 12%, con una lenta vacunación (de acuerdo con el sitio Our world in Data se han vacunado a 1.34 personas de cada 100). Sin embargo, es en el escenario político donde se prevén las siguientes batallas, porque es de esperarse que pronto afloren tensiones entre el presidente entrante y el caudillo. Ese es el problema de elegir a los iluminados.