Tres suspensiones definitivas más al Tren Maya
(LeMexico) – Debido a la incertidumbre sobre el verdadero impacto del Tren Maya, da la impresión de que los MIA presentados por Fonatur fueron aprobados sin un análisis real por la Semarnat, lo que podría tener consecuencias legales.
Las suspensiones otorgadas por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán se dieron gracias a lo interpuesto por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y Colectivo Chuun T’aan Maya, acompañadas por el colectivo Indignación. Las suspensiones, 3 definitivas, corresponden al tramo 3 contra la aprobación dada por Semarnat a los Manifiestos de Impacto Ambiental.
Las asociaciones reiteran que estas se suman a las interpuestas por varios jueces, a lo largo del recorrido del mega proyecto obradorista en Chiapas, Campeche y, por supuesto, Yucatán. Esto, gracias al principio de prevención contemplado en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el cual es una pauta interpretativa sobre las limitantes que tiene la ciencia para conocer con certeza absoluta los efectos que proyectos como este traerán.
Ordenó se detengan los trabajos de deforestación, construcción y que impliquen una amenaza para para especies animales y vegetales de estos territorios. En su decisión recalca la completa incertidumbre del impacto que causará el proyecto en los MIA, lejos de que estipulen todo claro y preciso.
El principio de precaución se basa en la incertidumbre, es decir, que restringe la acción estatal si es que esta resulta riesgosa. Por lo tanto, la jueza inclinó la balanza en beneficio de la naturaleza y sus moradores futuros, pues los alcances que la obra tendrá no contemplan a futuras generaciones, no sólo de los que habitan estas zonas, sino de todo el mundo, pues las selvas, humedales y ecosistemas naturales al sur de nuestro país son parte del complejo y escaso sistema natural que se encarga de albergar a miles de especies y proveernos de un aire limpio y respirable.
Fonatur no ha emitido su postura al respecto de estas nuevas suspensiones, ya que en los últimos meses se han encargado de desacreditar a las organizaciones y movimientos ciudadanos quienes recurren al poder judicial para detener el ecocidio del presidente.
Por último, dentro de toda la legalidad, la jueza responsabilizo específicamente a la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, por cualquier acto que tanto la dependencia en general y el Fonatur lleven a cabo como parte de un desacato de su orden, ya que podría constituir un delito previsto en el numeral 262, fracción III. De hacerlo, se dará aviso al Ministerio Publico de la Federación para que este intervenga en las consecuencias legales y judiciales que correspondan.
