¿Qué harán con los recursos de los fideicomisos y fondos eliminados?

La Cámara de Diputados dio luz verde a la extinción de 109 fondos de ayuda, cuyos recursos son más de 60 mil mdp. Este recurso será ahora disposición del Gobierno Federal.

El dinero de estos fondos será transferidos a la Tesorería de la Federación. Aún no hay un plan ni mecanismos con el que dirigirán la operación, pues bajo el rubro “aprovechamientos” todo recurso puede ser manejado discretamente sin la injerencia ni conocimiento de nadie más.

Todos los especialistas financieros del país hayan lagunas al respecto de este apartado. La Ley de Ingresos de la Federación asegura que cualquier recurso público que se reintegre procedente de fideicomisos y fondos será utilizada como Hacienda designe.

Esta acción pone contra las cuerdas la política anticorrupción del Gobierno y deja en tela de juicio la transparencia prometida por la SHCP. Tampoco aseguran que el recurso será usados para beneficio del pueblo. Estos ingresos se tratan de manera distinta que los ingresos excedentes.

Al llegar a Tesorería, el recurso entra a una “caja negra” donde nadie tiene intervención, indicó Paulina Castaño, investigadora de Fundar. Para otros especialistas, como el titular de la Comisión técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, ese dinero no debería darse por “perdido“, pues sólo “estarían modificando la manera de utilizar ese recurso“.

Pese al anuncio del Presidente en la mañanera del 13 de octubre, donde acordó, secundado por Herrera, que el destino de ese recurso será el segundo pago para la compra de la vacuna contra el Coronavirus, aún debe pasar por el visto bueno y aprobación de las autoridades en la materia para seguir ese plan de gasto.

La Auditoría Superior de la Federación presentó un informe detallado de las cuentas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto reportando un faltante de 32 mil millones de pesos durante sus sexenios (2006-2018). Al menos 21 mil millones de pesos fueron desaparecidos en el rubro de “daños por emergencias y desastres naturales“. Ninguna de las Secretarías a cargo hizo las disposiciones fiscales y legales correspondientes a la gestión financiera en esos doce años.

La Secretaría de Desarrollo Agrafia, Territorial y Urbano sigue sin poder justificar el gasto de esos años, comprobando la reparación de los daños, incluido un supuesto siniestro en 2012 con un costo de 14 millones de pesos.

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