De electores a ciudadanos

(LeMexico) – Tenemos que a lo largo de los años el concepto de la democracia ha ido ampliando sus alcances a lo largo de los años, o de los siglos si es que la consideramos desde los primeros años en la antigua Grecia. Por ahora nos enfocaremos en las décadas más recientes.

Para que se pudiera definir a algún régimen como democracia era necesario que cumpliera con una serie de reglas y procedimientos previos. Todos aquellos de los que hablaba Robert Dahl, en La Poliarquía y que eran básicamente: cargos electivos; elecciones libres, periódicas e imparciales; sufragio inclusivo; derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno; libertad de expresión; diversas fuentes de información; derecho a asociarse. Por años, estos requisitos fueron la tierra prometida de la democracia.

La democracia en México carecía de muchos elementos. Si a lo anterior le agregamos todo un pasado de un sistema electoral basado en un partido hegemónico, como lo definiera Giovani Sartori en Partidos y sistema de partidos, donde existían elecciones periódicas pero sin competencia, y que no dudaba en utilizar todos los trucos legales e ilegales para definir la elección a favor del partido gobernante, entonces se entiende la obsesión en el país para desmontar el sistema creado por el PRI de los años 40.

Así, desde la disputada y cuestionada legalidad de la elección presidencial de 1988, se empezaron a realizar cambios en el sistema electoral para ir creando las condiciones necesarias para que las elecciones se realizaran bajo la premisa básica de la democracia: incertidumbre en el resultado. Es decir, que cualquiera pudiera ganar. De uno u otro modo, sociedad y actores políticos (especialmente la oposición) coincidían en el objetivo de tener elecciones libres, imparciales y equitativas. Y ese camino es el que siguieron los actores políticos.

Recientemente, el presidente López Obrador mandó una iniciativa para reformar las leyes electorales, una vez más. Como era de esperarse, han surgido voces en torno a la pertinencia o no de modificar el entramado legal electoral. Muchos, basados en sus filias y en sus fobias, y unos pocos, tratando de argumentar y evaluar con base en datos y teorías. Sin embargo, hay algo que sigue flotando en el ambiente. México necesita urgentemente una reforma, pero no tanto de sus instituciones, sino de sus ciudadanos.

Durante años en el país nos hemos enfocado en ir reformando y creando nuevas instituciones, nuevas leyes y reglamentos. Hablamos mucho de los pesos y contrapesos políticos, pero muy poco, por no decir que nada, en ir formando una nueva ciudadanía. Es decir, tal pareciera que a las personas se les considerada primordialmente como votantes y hacia esa dimensión se dirigen las acciones. Es como si no se tuviera claro qué significa ser ciudadano.

Paradójicamente, el concepto ciudadano ha sido bastante utilizado durante los últimos años. Para que haya participación, debe ser ciudadana; si se requiere de seguridad, tiene que ser ciudadana; si se necesita un área de informes y orientación, hay que llamarla de atención ciudadana; si alguien quiere poner una queja, debe acudir a la oficina de denuncia ciudadana. Sin embargo, no porque se utilice la palabra ciudadana ya se tiene claro a qué nos referimos.

La ciudadanía la define Veila Cecilia Bobes en el Léxico de la Política, “como un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización política, y que, finalmente, inducen un conjunto de cualidades morales (valores) que orientan su actuación en el mundo público”. Es decir, la ciudadanía es la que forma la comunidad política y no al revés.

Por lo tanto, debemos entender que “el ciudadano no es un receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley. Es más bien una identidad política de personas que podrían estar comprometidas con muchas comunidades diferentes”, de acuerdo a como lo marca Cahntal Mouffe en El retorno de lo político. El ciudadano va construyendo la comunidad política a la que pertenece, la cual no es única y omnipresente, sino que es la suma de deseos e identidades es pos de un objetivo.

De esta forma, cobra sentido el hecho de que para que funcione la democracia en toda su amplitud, más allá de las elecciones, debemos contar con ciudadanos. Se debe hacer la transición de ciudadanos pasivos, a ciudadanos vigilantes del accionar público hasta llegar a los ciudadanos informados que participan constantemente en la toma de decisiones. Sabemos que es bueno para las democracias la existencia de ciudadanos comprometidos y activos públicamente, pero al mismo tiempo sabemos que existen dificultades para que eso ocurra en nuestra realidad. Esto es a lo que le podemos llamar un déficit de ciudadanía o como dice Victoria Camps Una democracia sin ciudadanos.

La necesidad de tener ciudadanos y no solo votantes es el hecho de que a la democracia se le exige en esos tiempos algo más allá que elecciones libres, imparciales y equitativas. En algo que no es del todo por los polítologos por involucrar cuestiones cualitativas, Leonardo Morlino, en Democracias y Democratizaciones, señala que las democracias requieren ser de calidad. Para esto tendrían que ir más allá de los tradicionales valores de libertad e igualdad, para incorporar los de respeto al estado de derecho, la rendición de cuentas y la sensibilidad a las demandas ciudadanas.

Los últimos tres valores corresponden a cuestiones donde el ciudadano deja de ser pasivo para exigir a sus gobiernos respuestas a sus demandas e incluso a participar en la elaboraciòn y construcciòn de dichas respuestas.

¿Qué ciudadanos tenemos en México? Pues unos no del todo satisfechos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI) del INEGI, el 46.8% se siente poco o nada satisfecho con la democracia. Por su parte, la encuesta 2021 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus siglas en inglés), señala que en México el 63% apoya la democracia, 50% se siente satisfecho con la democracia. Mientras que el Latinbarómetro, en México el 43% apoya a la democracia, el 33% está satisfecho con la democracia.

Es posible atreverse a inferir que la democracia cuenta con apoyos bajos, porque se sienten desilucionados, o en términos de Morlino, encuentran una democracia de mala calidad. Hasta aquí, la culpa es de los actores políticos.

Ahora evaluemos a la ciudadanía. Conforme a lo publicado con la ENCUCI, el 44.3% considera que en México se respeta poco las leyes, mientras que en el Latinbarómetro el 83% de los ciudadanos consideran que se cumplen poco o nada con las leyes. Muy desilusionados de la democracia, pero eso sí, las leyes se respetan poco, tampoco van a votar, y de esto, no tiene la culpa nadie más que el propio ciudadano.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Ciudadana (ENVIPE) 2021 señala que en México la llamada cifra negra de delitos no denunciados es del 93%, básicamente por que no se confía en la autoridad, pero la ENCUCI apunta que solo el 1.9% pertenece a una organización de exigencia de un mejor gobierno y servicios públicos. Es decir, no respetamos la ley, no confiamos en las autoridades y casi nadie pertenece a una organización para exigir un mejor gobierno. A lo más que se llega es a la queja en redes sociales.

La ciudadanía se debate entre exigir derechos pero eludir responsabilidades. No atina a definir qué clase de comunidad política se quiere construir, y ya ni hablar de los valores éticos que deben acompañarse. Tal vez sea hora de que los actores políticos dejen de mirarse en el espejo y empiecen a ver a la ciudadanía como algo más que electores, y que los ciudadanos empiecen a ser, ciudadanos.

* Este artículo es una versión ampliada del artículo La reforma pendiente, publicado por la la Revista Cámara, publicada por la Cámara de Diputados.