El ruido que distrae

(LeMexico) – Los recientes días han sido de lo más ruidosos en México y, como bien lo sabemos, mientras más ruido menos podemos concentrarnos en lo que hacemos. Sabemos que el ruido afecta nuestras comunicaciones, nos desorienta y disminuye nuestra capacidad de atención. El ruido ensordece y hace que nos enfoquemos solo en el ruido. Algo así sucede en la sociedad mexicana, la política está produciendo demasiado ruido que hemos perdido el foco en lo importante.

Para muestra bastan algunos ejemplos. En estos días salió una nota de que en la CDMX un hombre se armó de valor y denunció que lo estaban extorsionando, por lo cual se encarcelaron preventivamente a sus extorsionadores, quienes un año después fueron puestos en libertad y lo mataron en represalia a los pocos días. Lo más lamentable es que lo anterior no es noticia porque se repiten historias similares en todo el país, y quizá por eso ya no se genera ningún ruido en la red.

Sin embargo, han salido a la luz historias que deberían horrorizarnos y que han pasado de noche: la existencia de minas terrestres (sí, como si fueran territorios en guerra convencional) en Michoacán, estado donde también las actividades criminales han influido en el comercio y en el precio de productos como el limón y el aguacate. Y en una historia comparable a lo que ha llegado a suceder en los peores momentos en Siria, Líbano o Somalia, la noche del pasado 15 de febrero más de una veintena de vehículos llenos de gente armado irrumpieron en la ciudad de Caborca, Sonora, en una pesadilla de más de 6 horas donde se dispararon cualquier cantidad de balas para amedrentar a la ciudad. Algo similar a lo sucedido en Allende, Coahuila en 2011 y que retrata de manera dramática la serie “Somos”.

La sociedad y el gobierno se encuentran aturdidos por el ruido de casas y salarios, por supuesto no son asuntos de menor importancia, pero que no ha dejado ver lo que sigue sucediendo en buena parte del territorio nacional, el deterioro del Estado. Si, como sucedió en Zacatecas, el inicio de la administración es recibido con cadáveres afuera de las oficinas de gobierno, la administración federal responde mandando elementos de la Guardia Nacional, mesas de coordinación, promesas de apoyos económicos, etc.

Si se presentan más asesinatos, la respuesta es enviar más elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, junto con la promesa de más apoyos. Misma respuesta en los últimos veinte años, con los evidentes mismos resultados.

Si bien es cierto que existen diferentes tipos de delincuencia organizada en México, la más importante y la que más poder tiene es la originada por el narcotráfico. En este sentido, cabe rescatar lo que Guillermo Valdés Castellanos, extitular del CISEN en tiempos de Felipe Calderón, señala en su libro Historia del narcotráfico, como factores para entender la fuerza que ha tomado la delincuencia organizada y el mercado de las drogas ilegales se debe a “que se trata de un negocio extremadamente lucrativo: mientras más demanda más oferta. A las políticas de los gobiernos de Estados Unidos y de México, puesto que las organizaciones criminales son perseguidas por los gobiernos y si las políticas al respecto fueran eficaces, el crimen organizado debería desaparecer o reducirse a una dimensión insignificante. Al fortalecimiento de las organizaciones criminales por un doble mal que aquejan las instituciones de seguridad y justicia: su debilidad y su proclividad, casi de origen, a la corrupción”. Dinero, políticas erradas durante 50 años y la tradicional debilidad de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia.

Imposible no coincidir en que esos tres elementos han impulsado el crecimiento del narcotráfico y la delincuencia organizada. La siempre ideologizada historia oficial insiste en achacarle todo el crecimiento de homicidios e índices delictivos al gobierno de Calderón, que sin duda tiene su parte de responsabilidad, pero ese enfoque no es integral. En otros términos, si la situación fuera tan sencilla de que todo se debió a que en 2006 se decidió “pegarle al avispero”, la solución sería dejar quieto a ese “avispero”.

Eso es justo lo que se ha intentado en los gobiernos que le sucedieron sin tener resultados positivos, enfocando los esfuerzos en diferentes factores de riesgo sociales, situacionales psicosociales y comunitarios como la falta de educación, violencia intrafamiliar, colonias abandonadas, etc., lo que diera origen en 2012 al Programa Nacional de Prevención del Delito en 2012 con 2.5 mil millones de pesos (mmdp) para atender las causas de la violencia, mismo al que no le dieron recursos en 2016.

Por su parte, el actual presidente sigue considerando en su discurso que la violencia se desató “porque se dedicaron a saquear, a dar malos ejemplos, a robar…sin políticas a favor de los jóvenes”, y a partir de la visión de que la pobreza orilla a los jóvenes a delinquir, se creó el programa Jóvenes Construyendo Futuro con 40 mmdp presupuestados para 2018, con resultados similares, homicidios y delitos al alza. Es decir, para un problema tan complejo como lo señala Guillermo Valdés, no funcionan las soluciones simples y casi mágicas.

Para Karina García Reyes, quien realiza una serie de entrevistas a exnarcos que fueron rehabilitados, en un conmovedor libro llamado Morir es un alivio, lo que detecta es que “el sistema social y económico que permite condiciones de vida como las que tuvieron (los entrevistados) es el que garantiza un flujo infinito de mano de obra especializada para los puestos de sicarios, proxenetas, y demás criminales. Mientras las condiciones no cambien, estas personas seguirán trabajando para quienes se benefician de las distracciones creadas por la persecución del narcotráfico desde la comodidad de su rascacielos y mansiones”.

Para entender el fracaso de los gobiernos más recientes hace falta agregar un elemento más, la relación entre delincuencia y elecciones. “La consolidación de elecciones multipartidistas como único mecanismo para elegir deponer gobernantes y para asignar el poder pacíficamente no trajo la estabilidad de México, sino que contribuyó a un aumento drástico en la violencia criminal”, señalan Guillermo Trejo y Sandra Ley en Votos, drogas y violencia (un libro indispensable para entender el tema). A ello le agregaría que es un comportamiento similar al que se ha dado con el tema de la corrupción, donde una alternancia en el poder ha incrementado la corrupción en todos los niveles.

Regresando a la propuesta de Trejo y Ley, observan que la delincuencia va ligada al Estado que le brinda protección para sus actividades ilegales, en el entendido de que no todas las autoridades están coludidas, ni todos los delincuentes cuentan con esa protección, pero que ahí donde se juntan se forman “zonas grises de criminalidad”, donde florece la delincuencia organizada. Las cosas se complican cuando se pasa del autoritarismo (con zonas grises acotadas) a la democracia, donde el cambio de actores políticos ocasiona que se pierdan los límites.

Peor aún si en países como México, se da una transición sin ninguna reforma profunda en el ámbito de la seguridad pública ni de la procuración de justicia, donde “la redefinición periódica del poder, las alianzas y las políticas públicas afectan la zona gris de la criminalidad, porque los grupos criminales organizados solo pueden existir y prosperar cuando los grupos criminales desarrollan acuerdos informales de colusión con agentes estatales”.

De esta forma, las elecciones son el momento en el cual los grupos delictivos pueden incidir en futuros gobiernos, e incluso incrustarse en ellos tomando el control de las áreas de la policía municipal o estatal y de otras áreas donde pueden obtener recursos. “La democracia multipartidista estimula la redistribución del poder estatal, la remoción de personal antiguo y el nombramiento de funcionarios nuevos en gobiernos nacionales y locales que proponen políticas nuevas y desarrollan nuevas alianzas”.

El ruido de los votos ocasionado por ganadores y perdedores nos distrajo e impidió que se fijara la atención en lo verdaderamente trascendente para la viabilidad del país. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet señaló en la inauguración de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que durante el proceso electoral 2021 en México se registraron al menos 91 políticos y miembros de partidos políticos asesinados, entre ellos 36 candidatos. Por su parte, el reporte de Integralia, Crimen organizado y el proceso electoral de 2020-2021 “contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De estos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales”.

Si no nos aislamos del ruido que nos distrae, seguiremos presenciando el aumento de esas zonas grises que destruyen gobiernos y personas. La incidencia de la delincuencia organizada en las elecciones es inocultable afectando a todos los partidos, y por eso, nos dicen Trejo y Ley: “cada ciclo electoral puede convertirse en una amenaza importante o en una oportunidad para definir el poder criminal de la que surgirán nuevos ciclos de violencia criminal”.