¿Por qué es importante la Ley General de Movilidad?
(LeMexico) – Hace unos días, el Senado aprobó la iniciativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que la minuta respectiva será discutida por la Cámara de Diputados el próximo periodo de sesiones. La pieza de legislación llegó a buen puerto, por cierto, gracias al buen trabajo de la Senadora Patricia Mercado y de la Coalición Movilidad Segura. Se trata de una legislación que norma la reforma al texto constitucional que garantiza el derecho a la movilidad.
El asunto no es menor en un país que ha construido ciudades con infraestructura enfocadas en el auto, que han invertido poco es en sistemas de transporte público y menos en espacios para el peatón y el ciclista. Hasta hace muy poco, las obscuras transferencias de la federación a los estados, por medio de convenios, se destinaban fundamentalmente a financiar pasos a desnivel, puentes, bajo puentes y a todo lo relacionado con el auto. Hacía falta un mandato a estados y municipios para promover una movilidad diferente, sustentable. Eso sucedía al mismo tiempo de que se desmantelaba la tenencia como un impuesto federal, igual para todas las entidades, que era 100% federalizable.
Ahora, en la Constitución y en la Ley General se cambian las prioridades. De hecho, una de las principales aportaciones de la misma es que se establece una jerarquía de movilidad que debe ser considerada para la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas en las que se privilegia primero al peatón, después al ciclista, posteriormente a usuarios y proveedores de transporte público, posteriormente a los de mercancías y al final a los conductores de vehículos motorizados.
La legislación es útil porque establece los principios a los que debe de sujetarse la autoridad. En el caso de un accidente de tránsito, por ejemplo, tienen mayor responsabilidad los que conducen vehículos motorizados y menor, aunque sí la tienen de manera relativa, los que utilizan los no motorizados. Los gobiernos, a todos los niveles, deberán de desarrollar espacios públicos y sistemas que permitan promuevan de manera incremental la movilidad peatonal, la ciclista y facilite el transporte público.
Eso impediría, por ejemplo, que se concretara de manera legal alguna idea absurda, como retirar una ciclovía o un sistema de préstamo de bicicletas públicas. Hoy, el garantizar el derecho a la ciudad es parte fundamental de las agendas de igualdad y bienestar, promover el transporte público sustentable y la movilidad no motorizada son obligaciones elementales de todo gobierno, especialmente en las urbes.
La crítica evidente a una legislación de este tipo son los mecanismos de financiamiento. Sin embargo, el mandato es establecer sistemas de movilidad accesible y sustentable. Por ello, en realidad, eso se debe convertir en un mandato para que, con las distintas fuentes de financiamiento que existen, los recursos se destinen principalmente al transporte público sustentable y a la movilidad peatonal y ciclista, que deben tener prioridad sobre la destinada a los autos.
De hecho, idealmente, la infraestructura para autos solo debería de ser financiada por impuestos generales de manera excepcional y limitarse, en los casos indispensables, a otros esquemas, como el pago de tenencia, cargos a la congestión, los derivados de parquímetros y cuotas que paguen directamente los automovilistas. En ese sentido, la nueva Ley sienta las bases para nuevos esquemas de financiamiento.
La Ciudad de México, por ejemplo, ha anunciado que parte de los ingresos derivados de medidas de mitigación de desarrollos urbanos, y yo esperaría también que otros derivados de la captura de plusvalías, sean utilizados en proyectos de movilidad. La ciudad anunció que 17 mdp del Sistema de Cooperación por Actuación de Nueva Granadas, aledaña a Polanco, en el que se han depositado recursos en razón de medidas de mitigación por las nuevas construcciones, serán empleados para la compra de trolebuses de cero emisiones para de la ruta Chapultepec-El Rosario.
Esto es, los recursos aportados por los constructores servirán justo para mitigar el principal problemas de haber establecido un desarrollo como el que encabezó Grupo Carso en esa zona: la falta de transporte público de calidad para residentes, visitantes y trabajadores de la zona.
