Paros interpuestos al tren Maya en el olvido, denuncian indígenas, además, la deforestación de 144 hectáreas
(LeMexico) – Por violaciones a los derechos humanos, ambientales y desinformación, fue que las comunidades indígenas interpusieron estos litigios contra el proyecto que, pese a ellos, continúan en marcha.
Las comunidades indígenas de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas se unieron y por sí solas o por medio de colectivos campesinos, costeros y urbanos levantaron la voz en protesta del mega proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a los abusos que este implica hacia sus recursos naturales y la vida misma.
A los 15 meses del inicio de obras es que entraron en vigencia estos procesos en los que se supone no pueden continuar con las obras por parte de las empresas constructoras que fueron contratadas por Fonatur. Sin embargo, se han valido de huecos legales y del poder mismo del ejecutivo para continuar. Se libran de las suspensiones de los amparos con el argumento de que estas aplican a las construcciones nuevas, Fonatur ha dicho por meses que los trabajos son de limpieza de terreno y remodelación de las vías ya existentes.
Los amparos siguen a la espera de ser admitidos, los expedientes se han remitido de un estado a otro, desde Ciudad de México hasta Campeche, luego a Yucatán y Quintana Roo, pues los juzgados alegan que, al no conocer del asunto, le corresponde a otro juez y juzgado. Es decir, todos se lavan las manos y se desentienden de las quejas que van contra de los mandatos del mismísimo presidente.
El Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera, definió al juzgado competente, sin avisar a los promotores de los amparos. Asigno al Juzgado Primero de Distrito en Yucatán todos los asuntos que se relacionen con el Tren Maya. Dicho juzgado no ha dado respuesta alguna de los amparos.
La última de las denuncias de los pueblos indígenas es la deforestación de 144 hectáreas de selva maya que responde a las necesidades del proyecto, de los cuales todos sabemos.. Los Manifiestos de Impacto Ambiental, están mal, no son datos reales, omitieron páginas de los documentos y las propias empresas internacionales que contrataron para consultores de esta materia, han pedido que el proyecto se detenga por las condiciones del terreno, por la desestabilización del medio ambiente.
Rogelio Jiménez Pons ha declarado desde el inicio de las obras que la población arbórea y vegetal será replantada, pero nunca dice dónde. Por medio de sobrevuelos de vigilancia, que iniciaron desde hace un año y han continuado constantemente hasta ahora, se pude constatar como las hectáreas de selva han desaparecido. Esto constituye una violación al derecho de un medio ambiente sano para generaciones futuras, y las presentes.
De este argumento se han valido los jueces para dictar los amparos, que no está respetando Fonatur, ¿no se supone que nadie está por encima de la ley, ni de la vida misma de los mexicanos, señor presidente?
