¿Contra los contadores? ¿De qué va la Miscelánea Fiscal 2022, la nueva Ley Fiscal aprobada?
(LeMexico) – Entre todas sus particularidades, en la ley hay un apartado que involucra directamente a los contadores y auditores en las evasiones fiscales.
Los contadores y auditores tundieron estas líneas que castigan expresamente con penas de cárcel o cese de funciones si encubren a sus clientes o les ayudan para seguir evadiendo impuestos. Juntos publicaron un escrito en el que se posicionan en contra, pues lo consideran “una contradicción y una amenaza de intimidación” a su independencia.
La propuesta fue aprobada generalmente hace dos días, aunque este gremio está de acuerdo en las reformas y su objetivo (la evasión fiscal a gran escala), no les gustó tanto verse involucrados por tan polémico apartado. Las líneas indican que habrá persecución Federal a quienes no reporten al SAT las irregularidades de sus clientes, o sea: cuando un auditor o contador realice sus dictámenes y todo el proceso de los estados financieros de las empresas, tendrá plena obligación de reportar a la autoridad fiscal todas las anomalías que por su cargo y profesión saben que se trata y lleva a la evasión fiscal. De no hacerlo, se le considera cómplice de un delito y puede ser condenado a seis años de cárcel y/o la separación y cancelación de su cédula y su trabajo por tres años.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP), la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal A.C. (AMCP), y la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos A.C la disposición se contradice en sí misma y afirmaron:
“Al obligar por ley a un contador público a informar a la autoridad fiscal conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, lo convierten en parte del control operativo del contribuyente. Es decir, en parte de la administración del contribuyente, lo cual desvía al contador del objetivo de una auditoría que no tiene que ver con la calificación de un hecho delictivo”.
Ellos consideran que esta acción es propia del Ministerio Público y de ninguna forma puede recaer en ellos la responsabilidad de detectar los ilícitos, ya que, según ellos: “no contamos con los conocimientos necesarios para hacerlo“. Sostienen además que:
“Obligar a un contador público a informar a la autoridad fiscal conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal y, de no hacerlo, considerarlo encubridor de un delito, excede, en mucho, el trabajo de auditoría de los estados financieros y genera una amenaza de intimidación a la objetividad e independencia profesional del auditor”.
Su conclusión fue:
“El contador público no es el profesional indicado para informar a la autoridad correspondiente sobre las conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, pues no posee el perfil, las certificaciones, los conocimientos técnicos en materia penal, las habilidades, ni las facultades como autoridad para detectar la comisión de un delito fiscal, por lo que debe eliminarse de la iniciativa”.
El párrafo de la Miscelánea Fiscal 2022 propone una reforma al Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación. Estableciendo que los profesionales auditores de personas morales cuya percepción sea mayor a más de $876 mdp anuales en el ejercicio anterior “están obligados a reportar cualquier anomalía detectada en los dictámenes, en caso de incumplimiento. Si el contador omite esta obligación de notificar los presuntos delitos fiscales de su cliente, estará incurriendo en un delito. El SAT considerará que está encubriendo al contribuyente y por esto, el profesional podría enfrentar seis años de cárcel o la suspensión en el Registro de Contadores Públicos durante tres años“.
¿Dónde se acaba la libertad y empieza el libertinaje?
Ahora bien, el “espantado” del gremio no es para menos, puesto que en muchas ocasiones ellos sugieren las fechorías para la elusión y evasión de impuestos. Ellos las manejan y son ellos quienes las fraguan. Ellos alegan que no está en su ejercicio profesional conocer los procesos y pautas para catalogar un delito, pero sí son responsables de llevarlo a cabo sabiendo en sí las acciones y los movimientos de sus clientes. Los contadores hablan de posibles fallos técnicos, “fallos técnicos que a veces tienen a propósito para hacer justo lo que se les está señalando, ahora por ley, no hacer” indicó un experto.
¿En qué se basa esta reforma?
El Paquete Fiscal está enfocado en “combatir frontal y decididamente la evasión fiscal” por lo que las acciones comprendidas tienen como fin desmenuzar toda esta red y hacer lucir a todos los implicados. Eso sí, no aumentará impuestos ni “tocará” a los asalariados.
La Reforma tiene como objetivo los grandes contribuyentes ya identificados por el SAT que durante años no pagan sus impuestos o los evaden. Raquel Buenrostro afirmó que la mitad de los impuestos perdidos del fisco provienen de este selecto grupo, la cifra asciende a un billón 400 mil mdp, equivalente a una quinta parte del gasto público anual en curso.
“La manera en cómo logran evadir estos montos, es utilizando deducciones indebidas y planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas”.
Allí es donde siempre entran los contadores y auditores, pues conocen estas artimañas y hasta este momento por las buenas no han dicho nada, haciéndose cómplices.
Para darnos una idea, la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes fue de 1.3% el año pasado, mientras que a personas físicas llegó al 25.4%. Esta reforma es más una justicia fiscal para que todos paguen conforme generen.
En persepectiva, según datos proporcionados por el SAT, este año se presentaron 10,154 declaraciones anuales de grandes contribuyentes, pagando en total la módica cantidad de tan sólo $498,063 millones de pesos con una tasa media de 1.33%, el promedio es de 49 millones de pesos de impuestos. Hasta aquí vamos bien, pero al momento de cuadrar con sus ingresos hay muchos problemas, pues sus percepciones acumulables ascienden a los $3,684 mdp.
El SAT está enfocando en este grupo esperando recuperar al menos $200 mil mdp por año. Esta medida especifica las tasas efectivas del Impuesto Sobre la renta (ISR) de grandes contribuyentes en 40 ramas de la actividad económica, tapando el cuantioso hueco de $700 mil millones de pesos provenientes de evasión y elusión fiscal, monto que representa 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Por ahora, esta reforma pretende mejorar los ingresos de este rubro, pero se cree que el siguiente Paquete Fiscal incluya a la economía informal, otro gran grupo de evasión y elusión fiscal. Según estimaciones promediales de EY y Mastercard, al basar esta economía en el efectivo se generan 4.6 billones de pesos anuales. Ese dinero no tiene registro y está oculto del escrutinio de la autoridad generando perdidas de $620,500 mdp.
