Los grupos de autodefensa: Movimientos colectivos o de subversión
(LeMexico) – Los grupos de autodefensa pueden insertarse en la lógica de los movimientos colectivos (en cuanto al comportamiento social de los actores), si bien no dejan de representar una tendencia peligrosa hacia acciones de subversión (en cuanto a que enfrentan la tensión usando la violencia que es legítima del Estado).
Ambos fenómenos, movimientos colectivos y acciones subversivas, se identifican por articular estrategias con alto grado de visibilidad para que sus demandas sean respondidas.
El surgimiento en México de los grupos o comités de autodefensa, cuyas experiencias latinoamericanas, con sus debidas distinciones, pueden ser localizadas en Colombia, Guatemala y Perú, obedece a la incapacidad del sistema institucional para procesar problemas crónicos de inseguridad en la esfera comunitaria, los cuales exponen fallos del Estado y, concretamente, déficits de gobernabilidad.
La gobernabilidad, en términos muy simples, es la propiedad de los sistemas de ser gobernables. Mide la capacidad de las autoridades y de los órganos públicos para responder a las demandas ciudadanas. Esto abre la posibilidad de identificar diversas dimensiones o categorías de gobernabilidad, si bien debe puntualizarse que ningún Estado o sistema político subsiste ni en total equilibrio ni en total disolución. Las «sobrecargas» de demandas pueden generar problemas de eficacia gubernamental y, en el caso de los regímenes liberales, «desequilibrios democráticos». Si esto acontece, podemos estar frente a crisis de gobernabilidad.
La subversión es el conjunto de actividades encauzadas a minar la estabilidad política, económica, social y militar de un Estado, atacando, velada o abiertamente, a las instituciones y a sus representantes. Las condiciones que gestan una subversión generalmente se asocian a una población insatisfecha, un liderazgo constreñido al aspecto discursivo y una ausencia de control gubernamental. Esto se traduce, al igual que la gobernabilidad, en que el aparato estatal se ve superado, por múltiples razones, voluntarias o no, en su capacidad de respuesta y reacción.
En nuestro propósito de sumar al debate sobre la ubicación conceptual de los grupos de autodefensa, sea en la lógica de un movimiento social o de una subversión, debe señalarse que mientras el primero aspira a transformar el sistema de normas y relaciones sociales, el segundo persigue la toma del poder político establecido.
Los antecedentes de las autodefensas en México datan de 1995 con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a la que seis años después se le dotó de reconocimiento jurídico para fines de política comunitaria mediante la Ley 701 del Estado de Guerrero. Posteriormente, en enero de 2013, surgió la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, así como muchas réplicas, principalmente en Michoacán y Oaxaca, ninguna de éstas con carácter legal.
Actualmente, se tiene registro de alrededor de 50 grupos de autodefensa en seis estados de la República, los cuales no buscan, al menos con la información que se tiene disponible, derrocar al sistema político. No obstante, incurren en la contradicción de transgredir la ley para hacerla respetar o criticar la eficacia del Estado sin dejar de requerir su intervención.
A los grupos de autodefensa en México no debería vinculárseles, al menos no por ahora, ni en la práctica ni en sus características teóricas, con las organizaciones paramilitares, terroristas o contrainsurgentes que han participado en conflictos internos armados (véase, por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia). Sin embargo, nada garantiza que un grupo de esta naturaleza, al adquirir el control bélico del territorio y frente a una crisis de gobernabilidad, decida transitar de movimiento social comunitario a grupo de subversión.
Todo movimiento social, a fin de cuentas, verá la ocasión oportuna de evolucionar allí donde los medios institucionalizados resulten inadecuados para procesar las causas de conflicto o tensión que lo originaron. Los grupos de autodefensa, si se les mira desde su estricta condición de guardias comunitarias, revelan la paradoja de unos pobladores que decidieron asumir su protección (ya no digamos recuperar su derecho legítimo a la paz) frente a un conjunto de autoridades que no pueden o quieren garantizar la seguridad debida.
Su irrupción y presencia constituye, en este sentido, un asunto complejo que no omite perder de vista la raíz del problema, la cual ni está en dichos grupos ni en quienes afectaron su tranquilidad: está en la acción de gobierno, con sus «lagunas de ingobernabilidad», que consintió dominios paralelos en regiones de México.
