Aborto legal, seguro y accesible

(LeMexico) – La interrupción legal del embarazo es una de la prácticas civilizatorias que han desarrollado las sociedades occidentales desde hace casi 100 años. Castigar a una mujer por decidir terminar con un embarazo es un sin sentido, únicamente se pone en riesgo su vida y la sociedad no gana nada.

Pocas cosas son tan irracionales, contrarias a la libertad personal y al interés público, que penalizar el aborto. Hacerlo en un contexto de marginalidad extrema, como el que enfrentan decenas de miles de mujeres en Hidalgo, Oaxaca y Veracruz es simplemente una violación a sus derechos. En realidad no existe un argumento en el espectro político democrático, ni liberal, ni social demócrata, ni siquiera demócrata cristiano para justificar el penalizar el aborto.

Solamente el polo no democrático, la ultra derecha, justifica esa prohibición. Independientemente de las convicciones religiosas de cada quien, no existen los argumentos de la razón jurídica para que el Estado penalice a una mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo.

 Por eso, lo sucedido en los últimos meses en esos estados en el tema es particularmente esperanzador. La cascada de aprobaciones de legislaciones anti aborto no puede ser una casualidad. Por un lado, las mayorías de Morena, más las legislaturas paritarias y la creciente influencia de el movimiento feminista en el debate público hacen posible que llegue a nivel local una legislación que ha probado su viabilidad, en términos de hacer segura su práctica, en la Ciudad de México.

Difícilmente esos temas hubieran podido llegar a las últimas instancias legislativas y alcanzar los votos necesarios sin mujeres en las cámaras, sin diputadas con largas trayectorias de lucha en la izquierda y sin una opinión pública cada vez más atenta y receptiva a la agenda feminista. Por fortuna, la despenalización del aborto en Veracruz pasó sin mayor escándalo, como debe de ser, como una decisión soberana tomada en el ámbito local en favor de la libre autodeterminación de los cuerpos de las mujeres, miles de ellas en condiciones graves de pobreza.

Más allá de que la interrupción legal del embarazo sea una realidad en distintas entidades del país, se necesitan los mecanismos básicos para acceder a ello, toda vez que, no basta con que se despenalice, sino que el aborto debe ser seguro y accesible, como de alguna manera sucede en la capital del país. Esto quiere decir que se requiere que los servicios públicos de salud garanticen ese derecho otorgando los medicamentos y realizando las intervenciones correspondientes.

Los cambios legislativos no bastan, en las entidades en las que se aprobó la medida, es necesario exigir a los gobiernos un plan de acción y los recursos presupuestales necesarios para garantizar ese derecho. Estos planes de acción son mucho más importantes de implementar en contextos rurales de alta marginación. Es también evidente que faltan políticas y recursos para mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, particularmente quienes radican en zonas de mayor marginación, es una buena oportunidad para recordarles a los gobiernos de los estados, la obligación de garantizar esos derechos fundamentales a través del diseño y la implementación de políticas públicas que permitan ofrecer atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

La necesidad de una legislación que evite la persecución y el encarcelamiento de mujeres que buscan interrumpir un embarazo es inminente, pero no suficiente. Por lo pronto, las noticias que nos llegan del sur son alentadoras y una muestra clara de que la agenda de los derechos de las mujeres no solo avanza en la Ciudad de México, sino que gracias al triunfo de la izquierda y desde luego, del movimiento feminista, se extiende a otros lugares del país.

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