Fallas en la transparencia de la licitación de material rodante para el tren Maya
(LeMexico) – Se omitió a la representante de Gobernanza Desarrollo y Transparencia Institucional AC, testigo social designado en la evaluación de propuestas, por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para el tren Maya.
De acuerdo con la legislación de adquisiciones, se designó en noviembre del 2020 por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a un testigo social, eligiendo a la Secretaría de la Función Pública AC para participar en la evaluación de propuestas económicas y técnicas que llegaran a la licitación para la compra de 42 trenes, talleres, cocheras y sistemas electromecánicas para dieran servicio al tren Maya.
Lo cual no sucedió así, pues Fonatur omitió llamar a la representante de la asociación civil para que esta participara en la licitación que ha tenido asignado el monto más alto hasta ahora de las etapas del proyecto, el cual consta de 63,564.1 millones de pesos que fueron a dar al ganador, el consorcio Alstom Transport México. Incurriendo en una falta al reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Estipulado en el artículo 67, fracción II inciso i, que sugiere convocar al testigo social a las reuniones de evaluación. Maricarmen Hernández Cruz no estuvo presente en el proceso de licitaciones y toma de decisiones. Tan solo dos días después del proceso, el 28 de mayo, Rogelio Jiménez Pons, salió a los medios para hacer una síntesis del concurso internacional, otorgando el beneficio a GAMI Ingeniería, Construcciones Urales, Bombardier Transportation y por supuesto, Alstom. Aseguró que, en la evaluación, el fondo turístico se asesoró con empresas que conocen del tema.
Entre ellas están Renfe e INECO, quienes asesoraron en materia rodante, MexTypsa dio su opinión en la parte técnica, PwC analizo lo económico, DB estudió las propuestas en tema de sistemas y al testigo social quien iba a estar al pendiente de la normatividad. Al mes siguiente, finales de junio, Maricarmen Hernández Cruz dio a conocer que no participó en el proceso de análisis de manera presencial ni en línea. La SFP, así como el reglamento, estipulan que el testigo social debe acompañar en el resto del proceso y que este no intervendrá sobre el procedimiento de contratación, es acompañamiento de vigilancia.
El testigo social hizo propuestas al Fonatur, que hasta el momento no le ha contestado. Entre ellas está la solicitud al Órgano Interno de Control su opinión jurídica respecto a que tan idóneo es la participación de la filial Fonatur Tren Maya en temas técnicos, la transcripción verbal y puntual fiel. Es decir, versiones estenográficas de lo dicho en las sesiones de los órganos colegiados tratando temas de arrendamiento, adquisiciones y servicios. En el informe final que presentó Fonatur previo a la convocatoria de licitación, dijeron haber hecho un estudio de mercado y solicitaron a CAF y Alstom una cotización de sistemas electromecánicos y material rodante. Esta cotización no es de carácter público.
Concluyen medios como El Financiero, que el costo de los sistemas y trenes, en promedio, es de 23,870.1 millones, de infraestructura la estimación es de 12,422.4 millones de pesos, con un paquete final con costo de 36,292.4 millones de pesos, sin IVA. Es por ello que el monto total del presupuesto estimado fuera de 40 mil millones. El contrato con Alstom finalmente fue por 31,520.5 millones de pesos, sin IVA, que significaría un ahorro de 767.3 millones de pesos, pero hay una variación de 890 millones de pesos en tiempos de entrega y mayor grado de contenido local.
Gobernanza, Desarrollo y Transparencia Institucional A.C., testigo con valides por parte de la SFP, es una asociación civil con fecha de creación el 13 de junio de 2011, con el objetivo de promover legalidad y democracia en contra de la corrupción en todo proceso administrativo y judicial. Tiene especialidad en procesos de arrendamiento, adquisiciones y servicios en obras públicas y procesos relacionados con las mismas, por medio de sus autoridades jurisdiccionales y administrativas, además de brindar asesoría jurídica.
