Lecciones desde Perú

Tabula Rasa

Mientras los reflectores siguen apuntando hacia los Estados Unidos, donde su tradicional y arcaico sistema electoral está siendo sometido a la máxima tensión posible, en otras partes del mundo la democracia se mantiene dentro de una fragilidad diferente. En Perú se han visto escenarios de inestabilidad política a lo largo de todo el siglo XXI, pero nada como lo acontecido la última semana donde hemos sido testigos de cómo se ha venido dando una sucesión de tres presidentes y ninguno de ellos como producto de un proceso electoral.

La complejidad política en Perú se puede ejemplificar de la siguiente forma. Desde el año 2000 a la fecha ha habido 10 presidentes, 5 de los cuales han sido electos por votación popular y 5 por los mecanismos de sucesión presidencial. 7 partidos políticos distintos han apoyado a igual número de presidentes, mientras que 2 se consideran como independientes.

Por otra parte, solamente un partido ha tenido a uno de sus miembros como presidente en dos ocasiones. 4 presidentes han ganado las elecciones tras crear un partido exprofeso para presentar su candidatura presidencial. Un presidente fue nombrado por el Congreso pero renunció al siguiente día.

Perú se rige bajo un sistema de gobierno presidencialista, es decir, donde el poder ejecutivo descansa en la figura única del presidente del país, quien es a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado. El presidente es electo cada cinco años sin opción para reelegirse y se hace mediante el mecanismo de voto directo de la ciudadanía a dos vueltas de ser necesario. Esto es, si en la primera vuelta electoral ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se presentarán a una segunda ronda electoral los dos candidatos que mayor porcentaje de votos hayan obtenido durante la primera vuelta, de manera tal que forzosamente, al finalizar la segunda ronda, uno de los candidatos obtenga más de ese 50% necesario para ganar la elección. Los últimos cinco procesos electorales presidenciales se han ido a una segunda vuelta.

Otra característica del sistema político peruano es el hecho de que existen procesos de responsabilidad política entre los poderes ejecutivo y legislativo. Lo que significa que dentro de su marco legal se marca la posibilidad de que el poder ejecutivo solicite el apoyo del Congreso hacia una política en específico. En caso de no contar con dicho apoyo, el presidente de la República podría solicitar la disolución del Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.

De igual forma, el Congreso tiene la potestad de solicitar una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, con lo cual se procedería a la destitución del presidente. De darse la destitución, renuncia o fallecimiento del presidente, entraría como responsable del poder ejecutivo, en este orden, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente o el presidente del Congreso.

Ahora veamos lo que ha pasado en los últimos años. Hasta 2016, los presidentes peruanos habían llegado por medio del voto popular y terminado de forma normal su mandato constitucional. El problema vino cuando se hizo pública la investigación del llamado caso Lava Jato que no es otra cosa más que el escándalo de corrupción desatado por Odebrecht en Perú, donde se acusa a los expresidentes de aceptar dinero para sobornos y para financiar ilegalmente las campañas electorales. 

Lo anterior, trajo como consecuencia que Alejandro Toledo se encuentre en prisión en Estados Unidos en espera de que se resuelva su pedido de extradición a Perú. Ollanta Humala y su esposa estuvieron 9 meses en prisión preventiva, aunque posteriormente salieron. El caso sigue abierto y la fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión.

Por su parte, cuando estaba a punto de ser apresado, Alan García optó por suicidarse. Pedro Pablo Kuczinski, quien había renunciado a la presidencia, también fue detenido, aunque por su edad se encuentra en prisión domiciliaria. 

A la corrupción se le sumaba la inestabilidad política debido a los desacuerdos y rencillas entre los partidos en el Congreso y el presidente de la República en turno. Desde que Fujimori fuera destituido por el Congreso en el 2000, pasaron 17 años para que se volviera a presentar un proceso similar.

En diciembre de 2017 se solicitó la vacancia presidencial (como se le conoce en Perú) de Kuczynsky, pero que fuera rechazada por no alcanzar los votos necesarios, por lo que tres meses después nuevamente se presentó una nueva solicitud de vacancia. Kuczinsky terminaría renunciando en marzo de 2018 por verse involucrado en temas de corrupción.

El siguiente presidente, Martín Vizcarra (quien asumiera el poder en marzo de 2018), en medio de un constante enfrentamiento con el Congreso, decreta su disolución el 30 de septiembre de 2019, a lo que éste responde decretando ese mismo día una suspensión temporal del Presidente y nombra a la vicepresidenta Mercedes Araoz, para ocupar el puesto de “presidente en funciones”. Sin embargo, ella renuncia al día siguiente. Por un momento parecía que existían dos presidentes a la vez, aunque legalmente nunca procedió la suspensión de Vizcarra.

En septiembre de 2020, Vizcarra superó un primer proceso de vacancia. Pero no tendría la misma fortuna cuando en noviembre se vuelve a presentar otra solicitud de vacancia que finalmente logró conseguir los votos necesarios en el Congreso. En su lugar. llega el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien tiene que renunciar cinco días después en medio de una gran movilización en contra de su nombramiento. El 16 de noviembre Francisco Sagasti es nombrado presidente de la República.

Existen algunas lecciones que nos deja lo que está pasando en Perú. El abuso de los procedimientos legales para censurar y disolver a los poderes ejecutivo y legislativo. Es lo que Mark Tusnhet en Constitutional Hardball llama la existencia de prácticas que están dentro de las leyes pero que sin embargo su aplicación pone en máxima tensión los entendimientos preexistentes. De tal forma que lo que parecía una salida para momentos críticos, se ha vuelto un instrumento adicional de chantaje político.

Otra lección es el impacto que la corrupción ha tenido en la política. La sombra de Odebrecht ha alcanzado a presidentes, partidos en el poder y oposición en todos los países en donde operó y Perú es uno de sus mejores ejemplos. Esto, evidentemente, le ha traído el rechazo de la sociedad a los políticos tradicionales que con justa razón los considera a todos como corruptos.

Una lección adicional son las consecuencias de cuando se pulveriza la representación en el Congreso. Vizcarra apostó a la disolución de un Congreso opositor pensando que le iría mejor con uno nuevo. Sin embargo, para elegir al nuevo Congreso se presentaron 21 partidos políticos, siendo electos representantes de 9 partidos y 5 legisladores independientes, lo que impide la construcción de mayorías y de acuerdos entre poderes. Otro factor que no es menor, de los 130 legisladores, 68 tienen procesos penales abiertos, lo que habla de una descomposición política.

Agregamos otra lección, si se rechaza a la clase política, percibida como corrupta, se le abre la puerta a los extremistas, fanatismos y a los populistas. En el nuevo Congreso electo este año, obtuvieron su lugar 16 representantes de un partido de corte teocrático que dice que el verdadero mesías era un hombre de origen andino, o los 25 representantes de otro partido político que promulga por el extremismo de pedir pena de muerte a los corruptos y expulsión de todos los extranjeros de Perú. Llevado al extremo, esta suma de pequeños detalles son los que alerta el politólogo peruano Alberto Vergara, porque “las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables, mientras que la peruana está muriendo de insignificancia”.

Con tres presidentes en una semana, con un país protestando en las calles y sufriendo una represión de las fuerzas de seguridad, con la pandemia que tiene al país en el lugar 12 de contagios y el lugar 11 en cuanto a muertes por COVID-19, Perú ha mantenido una inusitada estabilidad institucional. Pero no hay que confundirnos, el germen de la destrucción está en el diseño político, en lo que Giovanni Sartori llamaba ingeniería constitucional. La facilidad con que se puede solicitar o la disolución del Congreso o la destitución del presidente dejan equilibrios muy frágiles. Desde que Fujimori disolviera las Cámaras en 1993, ningún presidente ha logrado terminar su mandato con un Congreso de mayoría opositora, lo cual habla de que en busca de la representatividad se ha descuidado el aspecto de la gobernabilidad.

Tanta polarización, tanta podredumbre política, no augura nada bueno. Lo que vive Perú se puede equiparar en ese proceso de desintegración de los vínculos sociales, a esa anomía de la que habla Emily Durkheim en El suicidio cuando señala que “la  anomia, en efecto, procede de que, en ciertos puntos de la sociedad hay falta de fuerzas colectivas, es decir, de grupos constituidos para reglamentar la vida social”, y sin esa coherencia social, todo orden perecerá. Aprendamos las lecciones.

El poder legislativo tiene un mecanismo de elección más complejo. Para empezar, desde 1993 se decidió la desaparición del Senado, por lo que desde entonces el poder legislativo se deposita en una sola Cámara. El sistema electoral peruano se divide en 27 distritos electorales, la distribución de los votos basados primordialmente en una proporción entre habitantes y representantes por distrito electoral (incluso considera como distrito electoral los votos de los residentes en el extranjero).

El voto es proporcional, es decir, los ciudadanos no votan directamente por un candidato en específico sino por un partido. Mientras que en otros países gana el distrito el candidato con más votos, en Perú los partidos políticos entregan un listado con los candidatos a ser electos para cada distrito. 

A diferencia de la representación proporcional cerrada, donde los partidos políticos entregan un listado en el orden de prelación ya establecido (como en el caso de México), el sistema electoral peruano permite que el listado sea abierto, por lo que los ciudadanos votan por el partido y por un candidato específico de ese partido. Así, supongamos que el partido presenta un listado en el orden de los candidatos A,B, C y D, pero al votar, la gente elige a C, B, D y A. Luego, de acuerdo con el porcentaje de votos por partido y candidato se hace la distribución de los escaños, pudiendo ser que existan partidos que ganen el voto total, pero si algunos de sus candidatos no suman votos en lo individual no tendrían acceso para el Congreso. 

Para la asignación final de los lugares en el Congresos, existen candados mínimos de porcentaje electoral o de escaños ganados para mantener a los partidos políticos en el sistema (conocida como barrera legal), aplicación de cocientes y utilización del método D’Hont, entre otros, que hacen del mecanismo anterior más complejo de lo señalado, pero que para cuestiones prácticas lo hemos simplificado (el proceso lo explica de manera clara Virgilio Isaac Hurtado Cruz en un pequeño paper titulado El sistema electoral para la elección del Congreso).

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