Federalismo y nuevo esquema de fiscalización

No creo que en realidad el objetivo sea una convención nacional fiscal. La última, realizada durante el sexenio de Vicente Fox no llevó a ninguna parte. Tampoco creo que en el corto plazo sea factible un cambio en las fórmulas de coordinación. Debido a que se trata de un juego suma cero, es decir, lo que ganan unos lo pierden otros, solo se puede concretar cuando se incrementa el pastel a repartir. Es decir, se requeriría de nuevos impuestos, lo cual no va a suceder antes de las elecciones intermedias. Por cierto, la última vez que eso sucedió fue en 2007, cuando la Ciudad de México perdió una fracción importante de la recaudación federal participable y el gran ganador fue el Estado de México.

Los cambios en los sistemas de ingreso, gasto y transferencias a los gobiernos subnacionales de las últimas dos décadas fueron producto de negociaciones en el congreso, en esos momentos dividido, y por proyectos de descentralización de servicios o programas de gobierno que se diseñaron para ser implementados por las entidades, como el seguro popular. Lo que al principio del siglo fue una oleada de reformas que otorgaron más recursos y facultades a los estados, en la década pasada se convirtió en legislación para controlar su gasto y niveles de endeudamiento.

El resultado, fue un sistema fiscal federal en donde las entidades tienen mayor protagonismo, pero recudan muy poco (todos los ingresos de estados y municipios del país no son mayores a un punto del producto), gastan una proporción considerable del presupuesto federal, pero de manera condicionada, y en general, no cuentan con los recursos para atender sus responsabilidades. Durante el actual gobierno, no cuentan tampoco con las transferencias que, mediante convenios, recibían como resultado de lo negociado de manera anual en el congreso.

Es verdad que el sistema fiscal mexicano requiere de un mejor diseño, pero eso pasa fundamentalmente por fortalecer las capacidades tributarias, de gasto y de fiscalización de los recursos a nivel local. Me dan la impresión de que los gobernadores no quieren eso, sino solamente más dinero en el corto plazo.

Un nuevo sistema fiscal tendría que pasar por mecanismos para que las autoridades locales ejerzan las limitadas capacidades con las que cuentan, fundamentalmente las que tienen que ver con los impuestos a la propiedad y el cobro de las cuotas de agua. Establecer las condiciones para que se retome el cobro de la tenencia y otros que tienen que ver con servicios de seguridad y de infraestructura, así como sobre tasas a impuestos especiales y a la renta, de acuerdo a las características de cada entidad. Coordinar mejor la participación de los estados en las labores de fiscalización de los impuestos federales y eventualmente esto lleve a que ciertos estados puedan administrar el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Los estados tendrían que construir las instituciones necesarias para mejorar la planeación, calidad y fiscalización del gasto, así como el poder garantizar que el endeudamiento se destine fundamentalmente a financiar proyectos de infraestructura que mejoren sustancialmente la calidad de vida y competitividad en los estados. De preferencia, proyectos que ofrezcan un retorno económico para repagar la deuda. Es decir, se requiere mejorar la calidad y capacidad de las instituciones públicas locales, cuando me parece que lo que realidad quieren los gobernadores es más dinero y más participación en las políticas públicas federales.

Es probable que ambas cosas se requieran, especialmente en el contexto de la pandemia, pero no nos confundamos, usan el federalismo solo como una bandera, se quejan, con razón de un pacto fiscal disfuncional, pero sin ideas y propuestas reales de cómo mejorarlo. Sería más sencillo que simplemente se avocaran a solicitar más recursos, así nos ahorraríamos demagogia y falsos discursos.

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