Por una Economía Incluyente

El atribuir a la desigualdad los problemas políticos actuales de los países desarrollados, amenazados por la extrema derecha, comienza a ser el argumento más común de quienes abordan los temas de economía y política.

Es el caso de Martin Sandbu, el articulista del Financial Times, que recientemente publicó “The Economics of Belonging”. Se propone construir una agenda de reformas económicas que tengan viabilidad de ser implementadas. Lo anterior, de tal forma que la economía beneficie a las mayorías que han perdido ingresos y oportunidades durante los años de las reformas liberales. Esto es parte de reconocer que las políticas liberales no generaron crecimiento económico, mientras que redujeron los ingresos y las expectativas de empleo de millones de personas.

Sandbu no cree que sean factores como los culturales, los que explican fenómenos como el rechazo radical a la inmigración o el apoyo a plataformas autoritarias, sino el hecho de que la economía actual no ofrece alternativas de inclusión a las mayorías. Si la mayoría de las personas enfrentara una mejor situación económica, lo conflictos ideológicos o de valores sería menos relevantes.  

No piensa que el problema sea la globalización, ya que existe margen para hacer políticas locales que generen inclusión económica, que, por cierto, no siempre son las mismas que caracterizaron a los estados de bienestar tradicionales. Esto, aunque la inspiración son las políticas de Roosevelt que lograron que la crisis económica no terminara con la democracia en Estados Unidos.

El cambio tecnológico sí es una causa de la pérdida de empleo e inseguridad económica (la historia que cuenta la serie Years and Years de la BBC), pero ese efecto puede ser contrarrestado con inversiones que incrementen la productividad de las personas y fomentan empleos mejor pagados, de alto valor agregado, al alcance de todas las personas, no solo de una minoría que alega la meritocracia cuando en realidad sus posibilidades e ingresos son producto de privilegios.

Lo que propone es un conjunto de políticas económicas que maximicen las posibilidades de empleo, de ahorro, de productividad y nivel de ingreso de las mayorías. Eso se lograría con políticas públicas y por medio de mercados, pero algunos altamente regulados, especialmente en sectores como el financiero y en lo que corresponde a las instituciones de competencia.

El papel de la política monetaria sería el de impulsar el crecimiento para que los salarios tiendan a estar al alza. El gobierno tendría que impulsar la creación de empleo de alta calidad, con políticas de formación de recursos humanos e innovación tecnológica.

El sector financiero estaría obligado compartir los riesgos en los que incurren los prestatarios y eliminar la posibilidad de que generen nuevas burbujas especulativas. De hecho, el sector financiero tendría que ser de un tamaño menor, ya que los recursos deberían destinarse a los sectores reales de la economía y no impulsar el sobreendeudamiento de las personas.

Los impuestos tendrían que ser más progresivos, pero también gravar la riqueza neta de las personas, es decir deducir la deuda de los individuos. Los salarios mínimos tendrían que ser lo suficientemente altos para servir de elemento de presión al alza de los salarios en general, mientras que las transferencias deben de servir justo para que las personas cuenten con un mínimo de ingresos seguros que permitan negociar mayores salarios.

En este contexto, el gobierno implementaría regularmente políticas contra cíclicas que suavicen el ciclo económico, de tal forma que no se dañen de manera permanente la capacidad de las personas de emplearse y obtener mejores ingresos en el tiempo como resultado de caídas temporales de la economía.

La propuesta es mantener al mercado como el gran instrumento para asignar recursos en la economía, pero con mucha más regulación estatal que impida que la riqueza se concentre en unas cuantas manos. Eso parece ser la única solución para que el capitalismo sobreviva y la democracia se consolide.

La construcción de las nuevas agendas de gobierno, las que busquen consolidar la democracia, sólo puede buscar ese objetivo, que cada política económica sirva para que la mayor parte de las personas sean beneficiadas. Esto, en lugar de las que prometían que la desigualdad era necesaria para llegar a una prosperidad económica que eventualmente gotearía a todas y todos.

El hecho de lograr una mejor distribución de la riqueza traerá consigo una disminución importante en las brechas de desigualdad y, con ello, una renovación del pacto social.

Back to top button