Regulación de Cannabis: Retomar las discusiones en tiempos de COVID
La problemática del COVID ha dejado pendientes temas que ya habían avanzado en la discusión nacional. Uno de ellos es el de la regulación de cannabis. En el ámbito nacional ya se discutían alternativas para regular su producción y distribución de acuerdo con lo que ha pronunciado la Suprema Corte. En el local donde las posibilidades de legislación son más limitadas queda pendiente la despenalización del consumo.
El consumo de marihuana en México en realidad está penalizado debido a que en la posesión sólo se tolera por cinco gramos, cantidad mucho menor a la que una persona adquiere. Eso, además de que aumenta la posibilidad de que una persona sea acusada del delito de transporte, delito por el cual muchas mujeres se encuentran encarceladas. De hecho, el COVID nos ha mostrado cómo la prisión hace exponenciales todos los riesgos, por lo que no puede ser la única modalidad de combatir la comisión de delitos y no es una condición por la que deben pasar personas que no representan un riesgo para la sociedad. En ese sentido en México, a pesar de tanta discusión de las políticas de drogas, todavía no somos capaces de evitar que, de manera masiva, se presenten ante el ministerio público miles de personas por el solo hecho de poseer cantidades pequeñas de marihuana. Eso implica un enorme desperdicio de recursos públicos, una gran distracción de los esfuerzos de seguridad pública y un riesgo para los derechos humanos de las personas.
Insistir en despenalizar el consumo de drogas, en particular cannabis, es importante, entre otras cosas, para reducir el encarcelamiento e impulsar políticas de reducción de riesgos y daños en el consumo de drogas. No existe peor lugar que la cárcel o acoso policial para tratar de transmitir un mensaje “correcto” en el tema de estupefacientes. Los consumidores de drogas no son de manera automática o necesaria delincuentes, es más probable que se conviertan en eso si pisan la cárcel o son acosados por la policía. De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa y Andrés Ruiz Ojeda, con datos de INEGI, alrededor de 4,200 personas están en prisión por la sola posesión de una substancia, otros dos mil por posesión relacionada con suministro (no venta) y dos mil más por conceptos no especificados. El 40% de los presos por delitos de drogas están relacionados sólo con mariguana y menos del 15% de las personas presas por delitos de drogas lo están por montos que superen el millón de pesos. Es decir, si queremos avanzar en el debate de regular cannabis y de reducir el encarcelamiento, tenemos que empezar por el principio y evitar que las personas que consumen drogas sean encarceladas, detenidas o presentadas ante un ministerio público. Cabe destacar que 7 de cada 10 delitos contra la salud registrados se inician sólo por el delito de posesión de drogas.
En ese sentido, haciendo uso de una peculiar facultad que tenemos los alcaldes y alcaldesas de la Capital, la de presentar iniciativas, he enviado al Congreso de la Ciudad de México un proyecto de ley para tratar el tema del cannabis bajo dos principios fundamentales: políticas de reducción de riesgos y daños, así como prioridad cero en la persecución del delito de posesión simple. El primero, además de las medidas para informar y orientar a la población sobre la sustancia y las alternativas para que su consumo sea menos dañino y se eviten consumos adictivos (como sucede con el alcohol), se debe buscar la segmentación de mercados. Esto quiere decir, que las personas puedan proveerse de cannabis sin estar en contacto con una persona que les ofrezca otras drogas y, en general, evitar la exposición de los usuarios a la violencia. Además, se debe garantizar a los consumidores que no sean detenidos ni presentados ante un ministerio público, ya que es un riesgo importante en el que incurren por el posible abuso o extorsión policial. El principio de oportunidad es algo establecido en la constitución y permite reglamentar para orientar la acción policial a los delitos que tienen altos costos para la sociedad, lo que claramente no es el caso de la posesión de estupefacientes. Además, se propone que se tomen en cuenta los beneficios de preliberación de personas detenidas por posesión, lo que se debería de acelerar en estos momentos, en donde reducir la población carcelaria es fundamental para disminuir contagios y muertes.
