Una declaración de principios presupuestaria

(LeMexico) – El presupuesto se puede considerar como la declaración de principios de un gobierno. En el discurso se podrán decir muchas cosas, pero a la hora de evaluar los objetivos reales, lo que más cuenta es a qué proyectos se le destinó mayores recursos y a cuáles se les quitó.

Como sucede puntualmente en México, se cumplió el proceso de aprobación del presupuesto federal, el cual, nuevamente, no estuvo exento de controversias. El año anterior, la disputa por los siempre escasos recursos la dieron la coalición de gobernadores de oposición. En esta ocasión, la discusión no fue por mayores recursos sino porque no se le disminuyera el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder atender una eventual consulta sobre la revocación de mandato presidencial.

Vale la pena hacer una breve explicación sobre la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este se divide en varios ramos: autónomos (los poderes y organismos autónomos como los poderes legislativo y judicial, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc), administrativos (las secretarías de Estado), generales (destinados a las entidades federativas), entidades de control directo (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado (CFE y Pemex) principalmente. El poder ejecutivo tiene potestad para determinar los montos a todos los ramos anteriores, excepto a los organismos autónomos.

Con estos últimos, la mecánica es diferente. Al tener autonomía presupuestaria, estos organismos determinan su propio presupuesto, justificando las razones de este, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el área encargada de conjuntar todo, simplemente lo incorporar al proyecto de presupuesto de egresos, el cual luego es, en teoría, discutido y, en su caso, modificado para finalmente ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Es natural y previsible que el gobierno imponga un presupuesto. A final de cuentas, al tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados no tienen necesidad de negociar con otros partidos. Si bien lo anterior significaría que el gobierno busca el consenso y no la imposición, en una lamentable vuelta de tuerca de que quienes en los años 90 reclamaban que el PRI mayoriteara las propuestas del ejecutivo, hoy asumen la postura que tanto criticaron, hacen exactamente lo mismo y con idéntico discurso: no modificar el proyecto infalible del señor Presidente. Por mayoriteo (ignoro si esta es una aportación única y mexicanísima al léxico de la política mundial, pero por lo menos en el diccionario de la lengua española no existe la palabra) se entiende como el uso de un partido político con mayoría en un congreso para aprobar leyes sin considerar los argumentos de los demás.

Para asignar los montos, supongamos que no hay mayores ajustes y al presupuesto de este año le agregamos el incremento porcentual de forma homogénea a todos los conceptos. Sin embargo, esto no sucede en la realidad y los gobiernos aumentan y disminuyen el presupuesto de acuerdo con sus estimaciones y actualizaciones de los programas y proyectos. Algunos desaparecen por falta de resultados y se crean otros por las nuevas condiciones o demandas ciudadanas, o simplemente porque así lo determina el ejecutivo. En este sentido, los aumentos y las disminuciones nunca son parejos. 

En cada presupuesto es normal que se reasigne el dinero. Con información del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, podemos ver que el presupuesto total para 2022 es de 7,088,250.3 millones de pesos (mdp), lo que representa un aumento de 792,514.1 mdp, es decir un 12% nominal. Sin embargo, si el incremento lo ponemos en términos reales (es decir, descontando la inflación) vemos que asciende al 8.6%. Ahora veamos cómo quedaron los diferentes ramos.

A Pemex y CFE el PEF les destina un aumento prácticamente equivalente al de todo el presupuesto con 8.9%, mientras que al IMSS e ISSSTE un 6.4% y a los ramos generales un 6.1%. En estos tres rubros los incrementos fueron medianamente proporcionales. En cuanto a las mayores disparidades la tenemos con los ramos administrativos, los cuales crecieron casi al doble con un 17.1% mientras que a los ramos autónomos se les disminuyeron los recursos en un -3.6%.

Ahora bien, si nos vamos a lo presupuestado por área específica, vemos que porcentualmente quienes van a recibir menos recursos en 2022 con respecto a 2021 son la Secretaría de Economía (-47.1%), el INE (-29%) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-25.3) y la Secretaría de la Defensa Nacional (-10.8%). Por otra parte, quienes más incrementaron su presupuesto son la Secretaría de Turismo (64%), la Secretaría del Bienestar (50.5%), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (41.9%) y el INEGI (38.4%).

Si revisamos en cuanto a montos, quiénes son los que recibirán más, vemos que son el IMSS (109,153.7 mdp), la Secretaría del Bienestar (107,590.5 mdp), Pemex (91,683.0 mdp) y la Secretaría de Salud (48,533.8 mdp), mientras que en sentido opuesto, quienes recibirán menos son la Secretaría de la Defensa Nacional (-8,449.3 mdp), el INE (-7,083.2 mdp), Sedatu (-3,751.9 mdp) y la Secretaría de Economía (-2,951.8 mdp). De hecho, la única otra área que ve reducido su presupuesto es la Secretaría de Energía con 2.5 mdp menos.

No es ninguna novedad que la Secretaría del Bienestar se vea favorecida con mayores recursos, los cuales seguramente irán a reforzar los programa de becas o pensiones para aumentar la cobertura o el monto del dinero a entregarse de forma directa. Tampoco lo es el incremento a la Secretaría de Turismo, la cual ha pasado de recibir  3,916.2 mdp en 2018 a recibir 65,671.0 mdp para 2022, porque la diferencia de recursos está etiquetada para el Tren Maya.

El discurso oficial resalta los incrementos en el sector salud, los cuales son reales y merecen un análisis independiente. Sin embargo, lo llamativo es la disminución de recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional en un ambiente donde el discurso opositor y crítico (que no son lo mismo) han señalado continuamente que el país se está militarizando, pero podemos ver que hay una contradicción, porque no está claro el por qué encargarle cada vez más tareas al ejército y a la vez quitarles presupuesto. Por supuesto que pedirle a Sedena que haga más cosas y con menos presupuesto no puede ser una buena noticia.

Por otra parte, mucho se ha difundido que al PEF no le modificaron ni una coma, tal y como se ha estilado en este sexenio, sin embargo en esta ocasión no es del todo cierto. La mayoría conformada por Morena, PT y el Partido Verde sí modificaron la propuesta original. Le quitaron al poder judicial 3,000 mdp y 4,913 mdp al INE, a nadie más le bajaron los recursos. Es decir, modificaron los recursos solicitados por los poderes y organismos autónomos y no le movieron ni un decimal a la propuesta del ejecutivo, al contrario, esos 7,913 mdp que le quitaron a los ramos autónomos se los pasaron íntegros a los ramos administrativos.

Cabe señalar que “como la lógica de la negociación del presupuesto fue política, los criterios técnicos que la orientaron fueron escasos”, nos dice Luis Carlos Ugalde en el libro La negociación política del presupuesto, 1997-2018. A partir de la presente administración, se ha dejado atrás la negociación para llegar a un esquema de imposición. 

Es más, ahora desde la Cámara de Diputados fortalecieron al poder ejecutivo, con la curiosa particularidad de fue a costa de dos entes que son percibidos con posturas contrarias al gobierno. No se trató de una reingeniería del presupuesto, sino que lo realizado tiene un tufo a una venganza política.

Desde el sector oficial el INE es el nuevo villano favorito y se han hecho múltiples interpretaciones acerca de que el objetivo final es deslegitimar al árbitro para mantener el poder, lo cual no suena tan descabellado. Sin embargo, donde un presupuesto que apunta a castigar a los supuestos enemigos, no se entiende que también se haya afectado al poder judicial.

Dicen Daron Acemoglu y James A Robinson en el clásico Por qué fracasan los países. los orígenes de la prosperidad y la pobreza, que los países ricos “tienen acceso a instituciones políticas que les permite participar en el proceso democrático, elegir a sus representantes y sustituirlos si tienen un comportamiento inadecuado. Por tanto, los políticos proporcionan los servicios básicos (desde sanidad pública hasta carreteras y ley y orden) que demandan los ciudadanos” y, sin embargo, la declaración de principios presupuestaria nos dice que importa más entregar subsidios, becas y pensiones que las instituciones electorales y las de justicia.

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