Poder nacional y objetivos nacionales

(LeMexico) – Supongamos que un grupo de poder fáctico ha tomado control de cierta región de un país. Las autoridades federales y locales, esto es los agentes institucionales, deciden restituir el Estado y consensúan un plan estratégico de intervención.

Determinan que lo harán a través del desarrollo de inteligencia y el despliegue de las fuerzas de seguridad, pero anticipan que, una vez recuperado el territorio, se tendrán dispuestas políticas y recursos para sustituir los «beneficios» que dispersaba el grupo, y estimular el comercio, el empleo y la educación, entre otros, con base en las vocaciones productivas de la zona. Visto así, este diseño respondió a una perspectiva de «poder nacional».

Dicho concepto se ha argumentado con suficiencia en el ámbito académico, pero se nota ausente en el contexto jurídico mexicano. Tal afirmación puede constatarse con una revisión a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Si bien en el primer capítulo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 se hace mención del poder nacional en sus vertientes política y económica, éste no tiene desglose o extensión en los programas sectoriales de las fuerzas armadas, de seguridad o protección ciudadana.

Si acaso, la mayor proximidad sobre su conceptuación pueda ser ubicada en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. En éste se le definió como la capacidad movilizada del Estado para alcanzar y preservar los intereses y objetivos nacionales. Expresa el conjunto organizado de los recursos políticos, culturales, económicos, sociales, demográficos, tecnológicos y geográficos de los cuales dispone el Estado mexicano para su empleo estratégico.

Doctrinalmente, hay algunas definiciones ampliamente recurridas acerca del concepto. Nuestra definición institucional muestra particular analogía con la de José Thiago Cintra, propuesta en su ensayo Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo:

«Conjunto de medios de que dispone la nación y que son accionados por la voluntad nacional con la finalidad de lograr y mantener, interna y externamente, los objetivos nacionales».

En ambas, los elementos de convergencia que se aprecian son capacidad, voluntad y objetivos nacionales.

La primera se entiende como la disponibilidad de medios; la segunda como la decisión para actuar, en tanto que la tercera alude a los propósitos, metas o aspiraciones que define el Estado para asegurar sus intereses, por ejemplo, seguridad, bienestar o prestigio.

Desde esta lógica, la definición de poder nacional puede ser identificada más precisamente con la capacidad y voluntad del Estado para el logro de los objetivos nacionales.

Tiene, entonces, implicaciones sobre los campos político, económico, social, militar y tecnológico, cuya importancia se dimensiona cuando comprendemos que toda acción del Estado es instrumentada para alcanzar objetivos en beneficio de la nación.

De ahí que resulte imperativo definir con precisión los objetivos nacionales para tomar decisiones desde la perspectiva de poder nacional.

Los objetivos nacionales deben ser definidos por el Estado y, concretamente, por los poderes públicos. Son distintos a los objetivos de un gobierno o a los lineamientos en los que se enmarcan los principios rectores de una propuesta gubernamental.

En el caso mexicano, la ausencia de objetivos nacionales es tan evidente que la Constitución no lo menciona y el PND 2019-2024 lo enuncia una vez. La perspectiva de poder nacional y su aplicación está condicionada, en este sentido, a la claridad de los objetivos nacionales. Eso puede explicar por qué, en la normativa y en la práctica mexicana, el poder nacional es una estrategia de Estado ausente.