La transparencia en Congresos Locales en tiempos de COVID-19
Desde inicios de 2020, la pandemia originada por el COVID-19 a nivel mundial vino a reconfigurar los quehaceres de la vida pública y privada, especialmente los trabajos parlamentarios de todos los congresos del país.
Tal es la gravedad del asunto que la mayoría de los parlamentos locales se vieron en la necesidad de reformar su régimen interno para poder sesionar por medios digitales, pues los contagios siguen a la alza y el riesgo de contagio es muy alto si se asiste al Pleno a sesionar.
Sin embargo, el hecho de que gracias al COVID-19 el sector público y privado detuvieron sus actividades, no significa que la trasparencia, la rendición de cuentas y el derecho a saber también se hayan detenido. Al contrario, a más de 8 meses de pandemia, la información tiene que estar más disponible que nuca para la ciudadanía para la toma de decisiones.
Lamentablemente, en muchos sectores eso no pasa, tal es caso de los congresos locales. La situación de salud y de seguimiento de contagios de los legisladores a saber es de interés público y aunque ya existan parlamentarios que tuvieron coronavirus, la mayoría de los parlamentos se ha negado a dar información sobre cuándo y quienes estuvieron o están enfermos de COVID-19.
De cara a las elecciones federales de 2021, tan solo dos de los 33 congresos locales del país han proporcionado información completa sobre los contagios que han tenido sus respectivos parlamentarios.
De acuerdo con la organización civil “Visión Legislativa”, el Senado de República, la Cámara de Diputados y la mayoría de los Congreso Locales se han negado a transparentar su día a día en cuanto a contagios.
Por disposición de la Ley General de Transparencia, las diversas legislaturas tienen 20 días para responder toda la información que sea solicitada por su respectiva unidad de transparencia, de manera ulterior, por el ciudadano.
Empero, a casi dos meses de haber presentado las solicitudes para saber el estado que guardan los parlamentarios de todas las entidades federativas en cuanto al COVID-19, aún no es posible saber sobre la cantidad de contagios de las 1,113 personas que integran las legislaturas locales ni los 628 legisladores federales, pues todas estas instituciones se han negado a transparentar esta información que es de interés público. Por lo tanto, todo el Poder Legislativo, tanto como el local como el federal, han negado el derecho a saber de todos los ciudadanos.
Las únicas dos excepciones que se presentaron fueron los congresos de Jalisco y Colima, quienes sí respondieron a la solicitud de transparencia, otorgando la información sobre quiénes y cuántos legisladores tenían COVID-19. Respectivamente, Colima reportó sólo dos contagios de 25 legisladores, mientras que Jalisco reportó que habían sido contagiados 12 de 38 diputados. El resto de los congresos reportó información sesgada o simplemente no respondió.
Los congresos que no reportaron respuesta sobre la solicitud planteada fueron Coahuila, Michoacán y Zacatecas, pues clasificaron toda la información como confidencial, tanto la cantidad de contagios, el nombre de los parlamentarios y el grupo parlamentario al que pertenecen.
Hoy más que nuca las legislaciones adaptadas a la nueva normalidad tienen la obligación de dar conocer la situación sobre los casos de contagios y las actividades legislativas durante la emergencia sanitaria.
Hoy más que nunca es importante que toda la información sea pública, tanto del Poder Legislativo como de otros Poderes, pues en 2021 se vivirán las elecciones más grandes de la historia y la información, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un rol muy importante para la toma de decisiones por parte del votante.
La transparencia es un obligación de todo servidor público, no un favor.
