El mal diagnóstico

No hay forma de eludir el problema. En cuestiones de seguridad pública, el mal diagnóstico, (aún peor, si es que eso es posible, que el realizado por el coronavirus), sigue sin mejorar las condiciones de seguridad de la población.  La inseguridad es imparable, no cede y amenaza la estabilidad de muchas comunidades. Nos podrán decir que se han estabilizado las cifras porque el homicidio disminuyó un 2.7% entre mayo y abril, mientras que el total de delitos creció un 1.7% en el mismo periodo. Lo cierto es que son diferencias mínimas para un país que, como señala Héctor de Mauleón en su columna de ayer, en 2020 hemos tenido el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento y el día más violento de la historia. Vaya record.

El mal diagnóstico nos ha llevado a que en seguridad pública la nueva normalidad sea la misma que antes de la pandemia. Las historias de horror se siguen dando de forma constante. Por ejemplo, el 21 de junio circularon en las redes sociales las impactantes imágenes de 12 personas medio desnudas y ejecutadas en la carretera de Caborca, Sonora. Lo anterior fue la culminación de una noche de terror, donde caravanas de camionetas con individuos armados se dedicaron a rafaguear casas y negocios, así como quemar automóviles. Se habla, como siempre en estos casos, de que es consecuencia de un enfrentamiento de grupos de narcotraficantes (incluso mencionan a Rafael Caro Quintero como parte de uno de los grupos) disputándose la plaza.

El mismo día, al sur de Oaxaca, en el municipio de San Mateo del Mar, 15 personas fueron torturadas y quemadas vivas. Algunos medios señalan que los crímenes fueron consecuencia de disputas político electorales y algunos otros señalan que en realidad eran por una cuestión relacionada con el tráfico de drogas. Igual que en Caborca, la noche fue de terror porque algunas de las víctimas fueron sacadas de sus hogares.

El 23 de junio fueron detenidas en Celaya, Guanajuato, la mamá, hermana y prima (antes ya había sido detenido el papá) de “el Marro”, conocido como el líder de un grupo delincuencial dedicado al robo de combustible conocido como el Cártel de Santa Rosa. Con el fin de impedir la aprehensión, se desataron una serie de bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La ciudad se vio bloqueada por autos incendiados. Al consumarse el arresto, circuló un video donde el delincuente retaba al Estado Mexicano.

Esos bloqueos no son nuevos. En marzo, al correrse el rumor de que se estaba realizando un operativo para detener al Marro, se desataron una serie de los infaustamente denominados narcobloqueos, los cuales consistían en incendiar autos y bloquear las salidas de la ciudad con el fin de presionar a las autoridades a que desistieran del operativo. Al final del día, no se logró la aprehensión y la versión de las autoridades fue que nunca hubo tal operativo, sino un “rutinario” despliegue de elementos en la zona.

El método donde mediante la movilización criminal coordinada se bloqueara una ciudad con autos incendiados y la presencia intimidante de camionetas con delincuentes disparando a casas y negocios con el fin de atemorizar a la sociedad y presionar a las autoridades para cancelar algún operativo o detención, vimos que le puede funcionar a la delincuencia, como cuando se dejó el libertad a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, en octubre de 2019.

¿Cómo estarán las cosas que la embajada de los Estados Unidos de América ha emitido dos alertas de seguridad para advertir y prohibir a sus ciudadanos de la situación de inseguridad en dos lugares específicos? El 22 de junio fue para pedir que no transiten por las carreteras que van a Caborca, Sonora y unos días antes, el 17 de junio, alertaba a sus ciudadanos y empresas a tener cuidado en la zona del Golfo de México, en especial en Campeche, contra actos de piratería. Sí, el espíritu de los famosos piratas Pie de Palo y  Lorencillo, quienes hicieran de las aguas de Campeche su reino de terror en el siglo XVII, sigue presente.

Como lo hemos mencionado, el presidente ha elaborado un mal diagnóstico de la inseguridad y eso nos ha llevado a la situación en que estamos. Su propuesta es en extremo reduccionista, o en términos más mundanos, simplista. Desde su perspectiva son tres los elementos que subyacen en el problema de la inseguridad: la pobreza, la moral y la política previa de seguridad.

Empecemos por el argumento de la pobreza. Si algo ha distinguido al presidente durante su trayectoria pública ha sido su constante discurso de querer combatir en primer lugar la pobreza y, posteriormente, las desigualdades (sobre las cuales platicaremos en otra ocasión), asuntos que son, o deberían ser, de la máxima preocupación para todo gobierno. Tan es así que el primero de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sustentable de la ONU, o también conocida como Agenda 2030, que busca erradicar la pobreza en el mundo en todas sus formas para 2030 en al menos tres aspectos: acceso a recursos (se fija la pobreza a las personas que viven con menos de 1.95 dólares al día), acceso a servicios básicos (alimentación, salud), y a las afectaciones ocasionadas por conflictos violentos y por desastres ocasionados por el clima.

La propuesta del presidente para combatir la pobreza, y con ello la inseguridad, se basa principalmente en la entrega de recursos a través de becas, pensiones, árboles y otros programas totalmente desconectados con las zonas donde hay más conflictos. Por ejemplo, el Tren Maya es para el sureste que tiene bajos índices delictivos, al igual que el aeropuerto Felipe Ángeles a construirse en Hidalgo, que tampoco tiene altos índices delictivos. Tampoco es el caso del municipio de Paraíso, Tabasco, donde se construye la refinería.

No hay un programa específico para las regiones más violentas en Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, etc., pero el presidente sigue creyendo que los programas federales en automático reflejarán una menor inseguridad. De ahí que en una conferencia de prensa señalara que “antes no había cómo traer ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora se está destinando recursos al pueblo pobre como nunca” y por esa razón, “no hay que proteger a la delincuencia”. Pobreza no es igual a delincuencia y ya lo señala el Nobel de economía Amartya Sen en Identidad y violencia: “no se puede negar que la pobreza y la desigualdad pueden tener gran conexión con el conflicto y los disturbios, pero estas conexiones deben examinarse e investigarse con el cuidado apropiado y el examen empírico, más que invocarse rápidamente con rapidez irracional en apoyo a una buena causa”. No seguir la recomendación de Sen nos lleva a tener programas mal enfocados y peor implementados, sin impacto alguno en la reducción de la inseguridad.

El segundo elemento del mal diagnóstico atañe a otro argumento reduccionista, a conductas morales. Si el origen de todos los males fue la corrupción, luego entonces la solución es la honradez. Argumento de por sí discutible en el campo de la filosofía, llevado al plano de la política se vuelve aún menos preciso. Pudiendo optar por los caminos de las instituciones y las leyes, el presidente pretende lograr su objetivo con el ejemplo, de tal forma que se vislumbra solo en el vértice de una montaña llamada México, donde como en un acto de magia, o de fe, al ser él un hombre honrado, esa virtud empapará a todos los de abajo y así en el país la gente será honrada. Ya lo decía Aristóteles en La política, “entre el mejor de los hombres y la mejor de las leyes, prefiero las leyes porque ellas no conocen de pasiones”.

Por si fuera poco, el presidente sigue utilizando los parámetros morales con los cuales se desenvolvieron las familias del siglo XX. No alcanza a comprender los cambios que se han dado en el presente siglo. Para el imaginario presidencial, las familias viven juntas en una sola casa, tienen patios con pequeños huertos y corrales, el papá se dedica a trabajar y la mamá a las labores del hogar. Apenas ayer señalaba que “la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres“.  La época de oro del cine mexicano retratado en nuestros días. Evidentemente es errónea esa concepción, tan solo en el caso de El Marro, ya detuvieron por complicidad al papá, la mamá, la hermana, la prima, a la familia completa. Hoy la composición de las familias y las funciones que desempeña cada uno de sus miembros son completamente distintas a las del siglo pasado.

Queda por abordarse el otro mal diagnóstico que tiene que ver con la pretendida estrategia diferente que se está aplicando y que implica analizar el papel de las fuerzas armadas, la guardia nacional, las policías estatales y locales, los tribunales, jueces, ministerios públicos y sistemas penitenciarios para ver qué tan distinta es en verdad. Por cuestiones de espacio se abordarán en una próxima colaboración. Dejo para la reflexión dos hechos recientes. Primero, recordar que el 16 de junio fue asesinado en su hogar el juez federal Uriel Villegas Ortiz junto con su esposa. Este juez fallado algunas sentencias en contra de miembros de la delincuencia organizada, por lo que es factible suponer que su ejecución haya sido un acto de venganza, lo que a la vez es un acto de intimidación para el resto del poder judicial.

El otro asunto, igual o más grave, es el atentado que sufriera el Secretario de Seguridad de la CDMX en una zona residencial con una violencia no vista en la capital del país y, del cual, por fortuna, salvara la vida, aunque no así miembros de su escolta. Sin duda, el atentado fue realizado como represalia a las acciones que se han llevado en contra de las redes de negocios ilícitos. Otro mensaje doble contra el propio Secretario de Seguridad y contra quien intente detener esos negocios. Veleidades de la política, mientras que los miembros del gabinete salieron a defender a la Secretaria de la Función Pública tras divulgarse una noticia sobre sus propiedades, para el atentado al Secretario de Seguridad pocas muestras de solidaridad.

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