El académico John M. Ackerman ha pedido abrir los registros del INE, siguiendo las declaraciones de Emilio Lozoya para cancelar el registro del PRI como partido.
Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto están en la mira por la inyección ilegal de más de mil millones de pesos de Odebretch para la campaña presidencial de 2012. La confesión de Lozoya es vital para la resolución.
El Diccionario de la Real Academia Española define “fraude” como «acción contraria a la verdad y a la rectitud». Las palabras de Ackerman son tajantes, “Peña Nieto no ganó legítimamente la presidencia”. El académico sostiene, con base en las declaraciones de Lozoya, que el exmandatario compró votos y voluntades para llegar a la silla presidencial.
MONEX, una comisión de investigación formada en 2012 por la Cámara de Diputados, confirmó que Peña Nieto rebasó 14 veces más el tope de gastos de campaña. El tope fijado fue 336 millones de pesos, pero el candidato del PRI gastó al menos 4 mil 263 millones de pesos. Simplemente las tarjetas Soriana fueron cargadas con por lo menos 2 mil 300 millones de pesos durante el proceso electoral. Esto se confirma con el saqueo y vacío que dejaron en las tiendas soriana en el país por el pánico que fueran retirados los fondos.
Ackerman recuerda a la empresa ligada a la campaña de Peña Nieto que manejó alrededor de mil 400 millones de pesos a su favor sin reportar ningún ingreso ni egreso al INE ni al SAT.
La turbulencia de las transacciones involucra a Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Consul”, identificado como operador financiero del Cartel de Juárez y operador de Grupo Comercializador Cónclave, empresa que inyectó el dinero a las tarjetas MONEX, cuyo grupo financiero también está siendo investigado por lavado de dinero y transferencias de recursos ilícitos -narcotráfico-. Estos datos se saben gracias a la meticulosa investigación del equipo de Carmen Aristegui.
En las operaciones aparecen los nombres de Alkino Servicios y Calidad, Comercializadora Atama, Inizzo y Efra, simplemente para la contratación de plásticos. Otras empresas como Akropolis S.A. de C.V., Servicios Luciana S.A. de C.V., Maquiladora Lusa S.A. de C.V., y Comercializadora Baltus S.A. de C.V., entre otras fungieron como mediadoras, típico mecanismo de triangulación de recursos para el lavado de dinero.
José Antonio Meade, Secretario de Hacienda de Felipe Calderón en 2012 guardó para sí toda esta información que supo todo el tiempo. Por ello, Peña Nieto le entregó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores.
El académico recuerda que el Artículo 41 de la Constitución establece la prevalencia de los recursos públicos por encima de los privados y el Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos indica que «es causa de pérdida de registro de un partido político incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto( …) de las obligaciones que le señala la normatividad electoral».
La información proporcionada por Lozoya no sólo implica penalmente a todo aquel involucrado sino tiene un alcance electoral. Además no es la primera vez que aquel vetusto partido burla la ley. Como ejemplo: Veracruz en 2010 con Javier Duarte, las estatales en Chihuahua en 2016, Coahuila y el Estado de México en 2017, y contando.