Algunas de las armas olvidadas en una camioneta donde viajaban los agresores del atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, fueron las que dieron indicios sobre el origen del ataque.
Dicho armamento corresponde a los grupos delictivos organizados que se relacionan con los cárteles mexicanos que operan en el norte y centro del país. Según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, la mayoría de estas armas proviene de Estados Unidos. Su destino son los grupos de crimen organizado en México. Por lo tanto, el resultado cada vez es más violento en el territorio nacional.
De acuerdo con la SEDENA, más de 200,000 armas ingresan cada año a México. Además, el 70% proviene de fábricas estadounidenses. También han sido compradas por grupos delictivos para operar en el territorio nacional.
A pesar de que en México están prohibidas las armas semi-automáticas y automáticas, el país está infestado en el mercado negro de armamento de alto poder. Los cárteles en todas las entidades federativas han demostrado, en varias ocasiones, la imposición del terror y la resistencia a las autoridades.
La madrugada de este viernes, los vecinos de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, se despertaron por el estruendo de las descargas del fusil Barret calibre .50. Esta es una poderosa arma militar que se habría utilizado en el atentado contra Omar García Harfuch. No es la primera vez: también la utilizó el Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, de las manos del gobierno.
Las fuerzas armadas (Ejército y Marina) manifiestan una desventaja ante la delincuencia organizada. Esto porque los límites de acción de acuerdo a tratados internacionales no permiten una defensa militar adecuada. Aunque el país no se encuentra en guerra como tal, no puede utilizar un armamento tan sofisticado como subfusiles o granadas.
El abogado penalista Juan Velázquez, en una entrevista, afirmó en 2018 que el armamento “no lo pueden usar, y si lo hacen en esta lucha contra la delincuencia organizada, estarían infringiendo tratados internacionales y probablemente cometiendo un crimen de guerra al usar armas de guerra contra una población civil”.
La estrategia contra el tráfico de armas consiste, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en “sellar las fronteras” para frenar el tráfico ilegal de éstas. Se aplicará vigilancia en puntos donde se concentra el cruce de los armamentos.
El subfusil Barret .50
Este tipo de arma es capaz de perforar blindajes de tanques de guerra y aviones militares y de matar después de cruzar puertas, de lado a lado, de vehículos. También, el calibre .50 tiene la habilidad de derribar helicópteros. Su aparición en manos del narcotráfico se registra desde el operativo fallido “Rápido y Furioso”, de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). Fue adoptada por el ejército sueco en 1989 y llegó a ser la protagonista durante la Guerra del Golfo, así como en la infructuosa guerra de Afganistán.
Algunos especialistas afirman que el sistema en el que estaba puesto el fusil Barrett durante el atentado contra García Harfuch resulta similar al que se tenía para tirar el helicóptero del grupo de operaciones especiales de SEDENA (el 6 de septiembre de 2016 en La Huacana, Michoacán). Esto ya que la Barret se calienta mucho cuando recibe un uso continuo.
Manufacturada por la compañía estadounidense Barret Firearms Company que etiqueta al fusil como un “ícono estadounidense”. Ya que resulta más letal que el AK-47 y es el primero de su especie en ser semiautomático y poder dispararse desde el hombro: con un armazón resistente y ligero. También posee cargadores que permiten almacenar 10 cartuchos lo que permite su portabilidad por el escaso peso. Aunque tiene una longitud de 1.44 metros y pesa aproximadamente 14 kilogramos. Sus balas son letales, ya que tienen un diámetro de 1.27 centímetros y 13.8 de largo con un precio estimado en seis dólares por cada tiro.
Si detenta una mira telescópica, su alcance es de hasta 1.5 kilómetros. Esto quedó demostrado el 6 de septiembre de 2016 en La Huacana, Michoacán, donde integrantes del crimen organizado derribaron un helicóptero policiaco. En Estados Unidos puede costar hasta USD 13,000.