Administración Pública Digital

Tabula Rasa

(LeMexico) – Los alcances de la pandemia siguen presentes, ya sea como nuevos brotes y confinamientos en países asiáticos, o como nuevas formas de gestión desde los espacios públicos y privados. A partir de 2020 nos hemos tenido que reinventar en todos los aspectos de nuestra vida, personal o profesional. El confinamiento social nos llevó a buscar nuevos métodos para superar el aislamiento físico.

Sin el apoyo de la tecnología no hubiesen sido posible las reuniones familiares, las juntas de trabajo o las clases a distancia. Del rechazo inicial pasamos a las discusiones de quienes encontraron en los espacios remotos una mejor forma de estar a gusto con su vida y su trabajo. En el proceso de la nueva normalidad hablamos de seguir con esquemas mixtos o híbridos donde algunos estén en algún lugar del mundo y otros de forma presencial. No está claro hasta dónde llegará la nueva normalidad, pero de lo que no hay duda es que las tecnologías han llegado para ser parte del día a día de todos.

Así, mientras las personas, las escuelas, universidades y las empresas se adaptan de manera veloz a los nuevos tiempos, la administración pública parece ir a un paso más lento. Lo anterior no es ninguna novedad, ya que, por su propia naturaleza, el gobierno tarda en adaptarse a los cambios. El cierre de oficinas físicas no implicó un cambio a lo digital, lo más que se atinó a hacer fue suspender y aplazar muchos trámites y servicios. Es notable, por ejemplo, la falta de visas a Estados Unidos y la programación de citas para uno o más años posteriores. Aunque se modificaran las reglas, la pandemia reclamaba todos los recursos disponibles para el sector salud, por lo que no hubo manera de una actualización tecnológica inmediata, no se dio el cambio a lo digital.

Ricardo Uvalle, en el capítulo que escribiera para la obra colectiva La Administración Pública en el debate Contemporáneo de las Ciencias Sociales, considera que son tres las etapas de la administración pública. La primera de ellas es el modelo racional burocrático, herencia de los tiempos de Max Weber, en el cual la oficina burocrática es un centro de control vertical. La segunda fue la nueva gestión pública implementada a finales de los 80, donde se incorporaban los criterios empresariales al sector público. La tercera es la gobernanza democrática, donde la sociedad civil no solo quiere saber lo que se hace, sino que también exige participar en el diseño e implementación de políticas. Estas tres transformaciones merecen un análisis propio, pero por el momento debe servir como guía para entender las transformaciones tecnológicas que se fueron dando.

En este sentido, por su parte, Fernando Trujillo Sáez y David Álvarez Jiménez, en el artículo Transformación digital de la administración pública: ¿Qué competencias necesitan los empleados públicos?, señalan que “la presencia de la tecnología en la administración pública no es un fenómeno novedoso, sino en evolución”, donde se pueden distinguir tres etapas: la primera, entre 1950 y 1970, consistió en el uso de tecnologías en, principalmente, los grandes cálculos matemáticos o estadísticos, sin ningún cambio en el funcionamiento de la administración púbica. En la segunda fase, entre 1980 y 2010, se incorporan las computadoras y el internet como instrumentos para enlazar a diferentes áreas gubernamentales.

Y a partir de 2010, la tercera fase donde “el potencial de la tecnología transforma radicalmente el servicio público, permitiendo una toma de decisiones más efectiva y basada en datos, dinámicas colaborativas entre grupos distribuidos por el territorio y en distintas unidades de la administración, mayor transparencia de los procesos, la transformación de las dinámicas de intermediación, la reducción de costes gracias a la acce­sibilidad de la información y una evaluación continua vinculada a la trazabilidad de las actuaciones de los nuevos espacios digitales de cooperación”.

La pandemia cambió la dinámica pública. El confinamiento social implicó el cierre de comercios, empresas y gobierno. El trabajo y la educación a distancia pasaron de ser algo impensable a una realidad cotidiana, pero mientras las empresas se adaptaban de forma rápida, y en menor medida, la parte educacional, la administración pública se pasmó. Con un retraso tecnológico en cuanto a infraestructura (por no hablar de la falta de capacitación y actualización del personal) y con toda una serie de reglas, leyes y cualquier otra normatividad que imposibilitaba una adaptación a las exigencias del momento, resaltó la necesidad del mundo electrónico y digital.

La ONU define al gobierno electrónico en la página de E-Government como “el uso de las TIC para brindar servicios gubernamentales a los ciudadanos y las empresas de manera más efectiva y eficiente. Es la aplicación de las TIC en las operaciones gubernamentales, logrando fines públicos por medios digitales”. Los beneficios del gobierno digital son principalmente la reducción de costos y de tiempos.

A raíz de la pandemia, la administración pública tuvo que modificar y actualizar algunos trámites al estilo gobierno electrónico. Por ejemplo, en México, en algunos estados la renovación de la licencia de conducir se hace de forma virtual o para sacar una copia del acta de nacimiento, más tarda uno en seguir las indicaciones de la página web y pagar, ya que de inmediato llega el correo electrónico con la copia del acta. Las páginas oficiales donde se obtiene información, se descargan formatos o se hacen algunos trámites en línea son sin duda un avance en el gobierno electrónico, pero no es una administración pública digital.

Alejandra Naser en el libro editado por la CEPAL, Gobernanza digital e interoperabilidad gubernamental: una guía para su implementación, rescata una definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobierno digital: “El uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos con el fin de crear valor público. Esto se basa en un ecosistema de gobierno digital constituido por los actores estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos y personas encargadas de la producción y acceso a los datos, servicios y contenidos a través de interacciones con el gobierno”.

A la administración pública digital le corresponde usar las tecnologías digitales enfocadas en las necesidades de la ciudadanía (o del usuario como suele decirlo la OCDE), pero esta vez, contando con su participación en todos los tramos de la política pública, desde su diseño a su seguimiento y evaluación, con la diferencia de que ya puede ser en tiempo real, a través de una reorganización de procesos pensados desde lo digital. Mandar archivos por correo electrónico o tener reuniones y presentaciones por Zoom no es otra cosa que usar el viejo sistema burocrático del siglo pasado a través de una computadora.

Para darnos una mejor idea de cómo puede ser la administración pública digital, no hay más que voltear a ver qué tanto empleamos lo que la OCDE en Cómo medir la transformación digital, le llama los motores de la transformación digital, y que son la movilidad, la computación en la nube, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, y los análisis de big data. Recordemos que, para Jeremy Rifken, lo que señala la OCDE cae en el ámbito de una cuarta revolución industrial, por lo que bien ya podríamos estar hablando de que estamos entrando a una cuarta etapa en la administración pública y en el uso de las tecnologías.

La administración pública digital desde luego no es una panacea. Como es lógico en las actividades humanas, cada nuevo cambio introduce nuevos problemas. Uno de ellos son la necesidad de ir actualizando a la par de los sistemas, las capacidades y competencias laborales del personal de la adminsitración pública. Otro es la modernización tecnológica, lo que incluye computadoras, sistemas, protección antivirus y ataques informáticos. Le podemos agregar la educación de la sociedad en su conjunto y del acceso a tecnologías a costo accesible y a una buena conectividad.

Un mundo digital puede crear nuevas divisiones en las sociedades, tan es así que ya es de uso común los términos de brecha digi­tal y pobreza digital. Tan es así que, por ejemplo, para Fabiola Perales y Rik Peeters, dentro del capítulo escrito para el libro Un mejor Estado: lecciones de la pandemia para administrar lo público, lo ideal sería que “Los indicadores de bienestar social o pobreza multidimensional bien podrían incluir como una carencia social la dimensión digital”. El reto inmediato es consolidar un gobierno electrónico y hacer la transición a una administración pública digital donde participen todos.

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