Una presidencia débil

Tabula Rasa

(LeMexico) – Cuando José López Portillo decretó la nacionalización de la banca en México el 1 de septiembre de 1982, mucho se habló de la gran exhibición de fuerza del Estado Mexicano para impedir el saqueo del país. Con la nacionalización, López Portillo fue equiparado a Cárdenas y López Mateos. Sin embargo, lo sucedido, más que un golpe de autoridad, fue una patada de ahogado.

Ante la extrema debilidad institucional y el mal manejo de la economía mexicana, incapaz de aprovechar el boom petrolero para sentar las bases de un crecimiento a futuro, López Portillo recurrió a una jugada extrema que funcionó de forma pasajera. Gran paradoja, al nacionalizar la banca se desnudó la debilidad de la presidencia para gobernar.

Toda proporción guardada, nos encontramos en otro momento en donde la fuerza de la presidencia es menos poderosa de lo que parece. Tenemos al presidente con el mayor porcentaje de votos en la breve (y esperemos que permanente) democracia mexicana, con el 53%, muy por encima del segundo resultado más alto que fue en la elección de 2000, donde Fox obtuvo el 42%.

A partir de la elección de 2018 se ha invocado como si fuera mantra que ese porcentaje, que representa a 30 millones de votos, es una especie de patente de corso donde el presidente tiene el derecho de hacer lo que quiera. En esta interpretación olvidan dos cosas. Una, que el 47% de la población, unos 25 millones de votos, no votaron por el actual presidente. Otra, las elecciones son reflejo del momento y los resultados de hace tres años, no necesariamente se repetirían el día de hoy, porque, de ser el caso, siempre tendríamos a los mismos ganadores y perdedores.

A menos que se obtengan mayorías absolutas, las cuales sólo se observan en países autoritarios, los presidentes están obligados a negociar. Si bien tienen la potestad para implementar los proyectos prometidos en campaña, o incluso cambiarlos y poner otros completamente distintos (por ejemplo, Salinas nunca habló de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el actual presidente prometió que el ejército regresaría a los cuarteles), debería prevalecer la capacidad política para realizarlo sumando respaldos.

El escenario ideal sería como lo apunta Jon Elster en La democracia deliberativa. Sería el convencer de las bondades del proyecto presentado. A partir de un discurso estructurado, sólido y consistente se pueden ganar adeptos para la causa. Sin embargo, una de las desviaciones que ha tenido la democracia es que nadie parece querer convencer al otro, sino sumar adeptos para ganar elecciones y, con esto, lograr tener mayorías en el congreso.

Con esto se cierra también la opción de negociar y todo se reduce a que gana quien más votos tiene. Sin un debate donde las partes realmente estén dispuestas a escuchar y considerar otras posibilidades, y sin la opción de negociar para que sea un escenario de triunfos parciales para todos, la fuerza de las mayorías se vuelve diálogo de sordos y quien pierde es la política.

En este sentido, en la presidencia se tiene razón en temer que sus grandes proyectos puedan ser revertidos en el futuro, y lo sabe perfectamente, porque es lo que se ha hecho con lo que le dejaron sus antecesores. Saber que una mayoría coyuntural puede derribar acuerdos pasados, sin importar cuan avanzados vayan los proyectos, siempre podrán abandonarse o revertirse (como es el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México), y más si se impulsan proyectos sólo con el respaldo de los aliados (que en no pocas ocasiones también son coyunturales, pragmáticos o cínicos como los del Partido Verde). Y aquí es donde al imponerse por la fuerza demuestra debilidad el proyecto actual.

Los proyectos, pomposamente llamados, proyectos de nación o proyecto de Estado, se logran cuando los diferentes actores encuentran puntos en común. Es un hecho que en el mundo contemporáneo no hay nada más complicado que construir esos acuerdos, porque lo que prevalece es la ambición de poder y se cree que llegar a acuerdos con los “otros” es tanto como trasladarle los votos de la siguiente elección.

Evidentemente, la cortedad de miras termina prevaleciendo en esta ceguera colectiva y en su dinámica sobreviene la paradoja: mientras más usa el poder presidencial para imponer decisiones, más se debilita la fuerza del presidente al no lograr hacer acuerdos más incluyentes.

En la última semana, la discusión ha girado en torno al “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional” firmado por el presidente y todos los y las titulares de las Secretarías de Estado. El Acuerdo contiene tres artículos que de forma abreviada señalan lo siguiente: el primero señala que todas las obras de infraestructura del gobierno federal se declaran de interés público y de seguridad nacional; el segundo dice que por tal motivo se deberán autorizar provisionalmente en 5 días todas las obras; y el tercero dice que la autorización provisional tendrá vigencia de 12 meses.

Las observaciones son muchas. Al nombrar toda obra de infraestructura como seguridad nacional, de acuerdo con la Ley General de Acceso y Transparencia Pública, en el artículo 4 se señala que la información se podrá clasificar como reservada por razones de seguridad nacional. Si toda obra de infraestructura es seguridad nacional, como puede ser la refinería de Dos Bocas o la sucursal del Banco del Bienestar en Acala, Chiapas, entonces la información no podrá ser pública.

Otra observación es que, de acuerdo con el artículo 42, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se podrá contratar obra pública sin someterse a licitación pública en caso de que se ponga en riesgo la seguridad nacional. Si de por sí, este gobierno se ha saltado olímpicamente la obligación que marca la misma Ley de que por regla general se deben hacer licitaciones públicas mediante convocatorias, y si la obra supera ciertos montos, se deberá incluir la figura del testigo social.

Si toda obra de infraestructura del gobierno se considera seguridad nacional, se cancela la licitación. Un estudio sobre los montos otorgados por el gobierno federal realizado por el Instituto Mexicano para la Competencia señala que en 2020 se adjudicó directamente el 43.3% del gasto, mientras que se licitó el 39.9%. Cabe señalar que aquí sí aplica eso de que “como nunca” se entregaron por asignación directa a 8 de cada 10 contratos, de acuerdo con Mexicanos en contra de la Corrupción.  

A lo anterior se le debe agregar los temas de competencia económica, estudios de impacto presupuestario o ambiental, así como el exceso de extender el concepto de seguridad nacional a las obras de infraestructura gubernamental, incluyendo las turísticas. Como si la no construcción de la estación del Tren Maya en Escárcega, Campeche fuera a afectar “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano “, como establece la Ley de Seguridad Nacional. Sobre esto, todavía hay mucho más que analizar.

Aunque este Acuerdo puede considerarse como un pleno uso del poder presidencial (por cierto, nada que ver con las exageradas lecturas de que es un “golpe de Estado”), desde mi punto de vista no demuestra más que la debilidad presidencial para continuar sus proyectos insignia. Revelan una incapacidad técnica para realizar proyectos viables y que cumplan con las normas establecidas, razón por la cual son tan fácilmente impugnables jurídicamente. Nos deja ver que en lugar de eficientar a la burocracia para que tenga procesos más ágiles, la ha disminuido y ralentizado su funcionamiento, por lo que ante el fracaso se opta por un mecanismo que evite a la burocracia.

Dice Michael Barzelay en Atravesando la burocracia, que “imaginemos cómo funcionaría el gobierno si cada decisión operativa (incluso la contratación y despido de personal) se tomara sobre bases políticas administrativas, si muchas dependencias gastaran sus asignaciones anuales durante los primeros tres meses… y si ningún órgano ni persona del poder ejecutivo tuviera autoridad para supervisar las actividades de las dependencias gubernamentales. A decir verdad, ese era el estado de cosas en el siglo XIX”.

No hay acción de gobierno que sea más frágil que la que surge desde la imposición. Gobernar requiere de convencer, negociar y, sólo como última medida, de usar las mayorías. Los acuerdos emanados desde el consenso son más estables que aquellos que provienen desde la fuerza.

Sacar leyes para saltarse las leyes establecidas no habla de fortaleza sino de una presidencia débil. Recordemos lo que Norberto Bobbio, ese gran filósofo político, señala en Teoría General de la Política, el “buen gobierno es del gobernante que ejerce el poder de conformidad con las leyes preestablecidas y, al revés, mal gobierno es el gobierno del que ejerce el poder sin respetar más ley que su capricho”.

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