Informe de la deforestación de la Amazonia en octubre es alarmante

(LeMexico) – Una vez más, sale a flote la incoherencia del presidente Jair Bolsonaro al llamarse defensor de la selva más grande del mundo, la Amazonia. Ha decidido beneficiar a las compañías ganaderas y mineras a costa de su gente.

Gracias a datos satelitales, se pudo constatar el pasado viernes en la Conferencia de las Partes número 26, en Glasgow, que la deforestación de la selva amazónica se incrementó con respecto al año pasado. La agencia espacial INPE mostró que aproximadamente 877 kilómetros cuadrados de selva fueron talados en octubre pasado, un incremento del 5% con respecto al mismo mes en 2020. Las evidencias son claras para los ojos del mundo: Jair Bolsonaro no está frenando la destrucción de la selva más grande, de vital importancia para la salud del mundo.

Este avance de deforestación en octubre ha sido el más grande desde que se comenzó a monitorear en 2015. La delegación brasileña, la más grande de la COP26, en donde se incluyen participantes de las diversas comunidades indígenas en Brasil. Hicieron un esfuerzo por demostrar que han intensificado la regulación de la tala de la Amazonia, prometiendo acabar con esta actividad ilegal para el 2028, antes de dos años del objetivo inicial. ¿Por qué no ya?

También en el pasado mes de octubre se debatió una reforma de ley de septiembre, en donde el gobierno bolsonarista, apoyado por diputados amigos del mandatario, pretenden regular las viviendas de los mineros y talamontes asentados ilegalmente en las zonas de la selva que ellos mismos deforestaron, otorgándoles títulos de estas tierras. Además de que las mismas extensiones de tierra a las que les quitaron árboles y vegetación, podrán ser usadas para actividades de ganadería masiva.

No conforme con estas medidas, Bolsonario impulsó un marco temporal, instrumento legal para desterrar a los habitantes originarios de estas tierras, sus tierras, con el argumento de revocar su permanencia constitucional en estas tierras, el cual fue promulgado en 1988 protegiendo a los indígenas. El argumento de Bolsonaro es que los agricultores llegaron primero que los indígenas y que, si los indígenas y sus familias no estaban a partir de ese año en esas tierras, era porque habían llegado ilegalmente a invadirlas.

La reciente denuncia contra el presidente brasileño interpuesta en la Corte Penal Internacional de la Haya, por la organización AIIRse, conformada por asociaciones civiles, ecologistas e indígenas, integró en su denuncia estos crímenes contra el planeta y los propios brasileños de pueblos originarios.

Sin embargo, decidieron quitar como tal estas acusaciones y ponerlos en términos blandos como crímenes contra la humanidad. Este término fue asignado en su mayoría por el manejo contra la pandemia que él y su gabinete llevó a cabo, no por los temas ambientales ni por promover el odio, persecución e inclusive la muerte de los indígenas, verdaderos defensores del medio ambiente.

Diplomáticas, científicos y activistas coinciden en que las promesas del mandatario son vacías, pues en su gobierno la deforestación se ha intensificado, como en sus peores niveles en el 2008. El gobierno de Bolsonaro, al igual que el de otros gobernantes, está más interesado en el beneficio económico propio e individual, dado a permitir las actividades más devastadoras para el planeta: ganadería y minería.

“El mundo sabe dónde se encuentra Brasil y este intento por mostrar un país diferente no es convincente porque los datos satelitales muestran claramente la realidad” .

Ane Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas en la COP26

Jair Bolsonaro ha mantenido sus comentarios con un perfil moderado desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pues sabe que el hablar despectivamente, como antes, del medio ambiente podría granjearle un poderoso enemigo.

En Nueva York, en la Asamblea General de la ONU se comprometió a acabar con la deforestación ilegal. Similar al gobierno de López Obrador, en el gobierno de Bolsonaro se redujo el presupuesto a las agencias ambientales brasileñas, además de obstaculizar la implementación de leyes de conservación y protección natural.

Envió a elementos del ejército para cavar con la tala ilegal, pero los mismos indígenas de estas zonas han reportado que los militares se coluden con los delincuentes para permitirles extraer los preciados árboles y limpiar el terreno para granjas o asentamientos humanos ilegales.

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