Lecciones desde Nicaragua
(LeMexico) – Los años 80 son recordados como la época de euforia democrática en nuestra América Latina. Los países que vivían bajo gobiernos autoritarios donde las libertades políticas estaban canceladas poco a poco fueron cambiando. Lo que se vivió en esos años se le conoce como la era de la transición democrática.
Guillermo O´Donnell y Philippe Schmitter ya lo planteaban en el clásico Transiciones desde un gobierno autoritario, se puede ir “de determinados regímenes autoritario a alguna otra cosa incierta” que lo mismo puede ser a una institucionalización de la democracia o a una regresión autoritaria, lo que en otro texto, O’Donnell describe que “puede ocurrir por la “muerte lenta” de una disminución progresiva de los espacios existentes para el ejercicio del poder civil y la vigencia de los clásicos derechos y garantías del constitucionalismo liberal”. Es decir, no hay garantías para que un régimen democrático se mantenga permanentemente.
Como es sabido, la democracia anda en vuelos bajos, y América Latina no escapa a ello. De acuerdo con la última consulta de Latinbarómetro, menos del 50% creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que aquellos a quienes les da lo mismo una democracia o una autocracia son poco más del 25%.
Si decimos que para llegar a la democracia se tendría que transitar por un, dirían The Beatles, largo y sinuoso camino, el cual está lleno de vías largas, lentas, vueltas en U y desviaciones a otros lados. Las tendencias ante los resultados de la democracia no son un regreso al autoritarismo, sino una desviación a la autocracia. Es decir, a gobiernos electos que usan las herramientas democráticas para socavar a la misma.
Nicaragua es un ejemplo de lo anterior. En los años 70 fue derrocado el dictador Anastasio Somoza, miembro de una dinastía que había gobernado Nicaragua como si fuera propiedad familiar, tras una intensa movilización nacional y una presión internacional entre la que destacó el papel de la OEA. Tras la caída de Somoza en 1979, Nicaragua fue gobernada durante 6 años por una Junta de Reconstrucción Nacional que estaba compuesta por líderes de diferentes corrientes nacionales. Uno de estos protagonistas fue el actual presidente Daniel Ortega.
La primera elección se efectuó en 1985, resultando ganador Daniel Ortega. Este primer periodo no fue nada bueno, tan es así que en las siguientes elecciones de 1990, Ortega quedaría en segundo lugar. Hasta este momento parecía que Nicaragua se enfilaba a la consolidación democrática. En este afán de sentirse indispensables para el país, o de tener una obsesión por el poder, Ortega se presenta en las elecciones presidenciales de 1996 y de 2001 (se había reformado la ley para reducir los periodos de 7 a 5 años), teniendo el mismo resultado, quedar en segundo lugar.
Sin embargo, para la elección de 2006 se había efectuado una reforma electoral que contemplaba la posibilidad de que fuera electo un candidato con al menos el 35% de los votos, lo que sucedería con Ortega, quien obtuvo la presidencia con el 38% de los votos. En virtud de que la constitución prohibía la reelección consecutiva y establecía como límite dos periodos presidenciales, Ortega presentó una controversia constitucional argumentando que se violaba su derecho a ser electo, lo que tras un largo proceso legal, una sentencia de la Corte Suprema en 2009 declaraba inaplicable esa restricción.
Con esta resolución, Ortega volvió a ganar las elecciones de 2011. Y, como era de esperarse, Ortega reformó la Constitución para permitir, como Varguitas, el personaje de la película La ley de Herodes, que la reelección fuera indefinida.
El gobierno de Ortega, que por cierto lleva más tiempo de presidente que el derrocado Anastacio Somoza, ha tenido una cierta estabilidad económica. Sin embargo, lo que más se le cuestiona es que ha empezado a gobernar a favor de una pequeña oligarquía. Cabe señalar que desde 2007 la vicepresidencia la ocupa Rosario Murillo, esposa de Ortega. A partir de este detalle podemos decir que el poder presidencial en Nicaragua es un asunto de familia.
En 2018, la permanencia de Ortega en el poder se puso en duda por una serie de movilizaciones ciudadanas. Todo inició en abril de ese año cuando se presentaron marchas en contra de una reforma al sistema del seguro social, que el gobierno reprimió de manera violenta. Esto acrecentó la movilización a muchos sectores sociales (universitarios, campesinos, feministas) que ahora protestaban contra la reforma, la represión y el autoritarismo.
Esto se puede ver en un documental llamado Nicaragua. Patria libre para vivir. Para fin de año, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habían sido asesinadas más de 300 personas, y miles más estaban en la cárcel. En julio de 2018, Ortega acusaba que no hubo movilización sino un intento de golpe de estado.
Con ese ambiente de crispación, el gobierno reaccionó tal y como lo señalaría un manual para dictadores: reformar la ley para cancelar las libertades políticas. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, compuesta en un 80% por el partido Sandinista, aprobó la Ley 1055, oficialmente llamada Ley de Defensa de los Derechos el Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Esta ley no es más que disfrazar de legalidad la persecución de los opositores. Ante la incapacidad de resolver los problemas y la obsesión de permanecer en el poder, la fórmula es sencilla, recurrir al enemigo tradicional, al sospechoso común, a una injerencia de Estados Unidos.
Esta ley vale la pena citarla para ver los alcances:
“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán Traidores a la Patria”.
El gobierno nicaragüense ha utilizado esta ley para poder acusar a cuanto opositor importante exista para apresarlo por traición a la patria. El mecanismo es conocido en México, primero se da prisión preventiva y luego se le juzga. Hasta el momento no ha habido ninguna persona juzgada, pero sí cientos de encarceladas. No extraña que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020, Nicaragua ocupa el lugar 118 de 128 países.
Con la acusación de traición a la patria, el gobierno fue encarcelando en un par de meses a siete posibles candidatos opositores a la presidencia de Nicaragua, a cientos de opositores, tomó instalaciones de periódicos. El escritor Sergio Ramírez, antiguo miembro de la Junta de Reconstrucción Nación y aliado de Daniel Ortega, ha señalado que el nivel de represión es similar que el sufrido durante los años de Somoza, lo que le ha ganado una acusación de traición a la patria.
Prácticamente sin competencia real y sin libertades políticas se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua el pasado fin de semana y, de acuerdo con datos oficiales, Ortega fue ganador con el 75% de los votos y con una participación de más del 65% de la población, aunque muchas organizaciones civiles han rechazado estas cifras y hablan de una abstención entre el 70% y el 80%. Tan desaseadas fueron las elecciones que la primera reacción de una parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea fue calificarlas como ilegítimas, y en contra parte, Cuba y Venezuela han felicitado a Ortega.
El viernes 12 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos aprobó con 25 votos a favor, siete abstenciones y uno en contra, una resolución donde se califican que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática“. Entre los países que se abstuvieron fueron Honduras, Bolivia y quien aboga por un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”, México.
Lo que sigue será una escalada retórica acusando un complot mundial y un intento de derrocamiento de la revolución sandinista por parte de los Estados Unidos y sus aliados. De hecho Ortega se acaba de referir a los candidatos presos como: “Esos que están presos son los hijos de perra de los imperialistas yanquis”. Por supuesto, apoyado por los gobiernos de Venezuela y Cuba. Es probable que vengan movilizaciones y una escalada a las represiones.
Desde el punto de vista de las teorías democráticas estamos ante el problema de que Nicaragua detuvo su proceso de democratización de poco a poco. La democratización es, en palabras de Lawrence Whitehead en Democratización. Teoría y experiencia“, “un proceso complejo, a largo plazo, dinámico y de final abierto”, final del cual todavía no sabemos cómo va a resultar. Quizá tengamos que pedirle a Silvio Rodríguez que siga cantando una “Canción urgente para Nicaragua”.
