Corte de la Haya procederá contra Bolsonaro, omitiendo sus delitos contra los pueblos indígenas

(LeMexico) – La CPI modificó la denuncia a 10 delitos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incluido el de atentar contra la humanidad y mal manejo de pandemia. Imputan también a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y a los hijos del presidente.

Este miércoles se presentó el informe final por parte de la Corte Penal Internacional con sede en la Haya, Holanda, en contra de una amplia acusación de los crímenes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Redujeron y modificaron las acusaciones de asesinato e incitación al odio y violencia contra las comunidades indígenas, habitantes del Amazonia y otras zonas rurales de su país por: exponer deliberadamente a la población en masa. En específico, no hablan de sus atentados contra esta población vulnerable y el medio ambiente, pero los desglosan.

Los crímenes se enlistan de la siguiente manera, de acuerdo a la Corte: charlatanería, prevaricación o la falta consiente a los deberes a su cargo al tomar una decisión o resolución justa haciendo plena conciencia injusta, el resultado del su manejo de la pandemia (pues Brasil es el segundo país con más muertes en el mundo después de Estados Unidos), uso irregular de fondos públicos, falsificación de documentos específicos, crímenes de responsabilidad y en contra de la humanidad, e incitación al crimen.

Las acusaciones más graves son: distorsión de datos y retraso en la compra de vacunas, los muertos por COVID en Brasil son más de 600 mil, y la instauración de un gabinete paralelo que orientaba la toma de decisiones presidenciales sin sustento científico.

Por estos delitos se daría una condena de 100 años de prisión, de acuerdo con el senador Randolfe Rodrigues, quien es parte de la comisión de investigación por parte del senado de Brasil. Además, Bolsonaro no iría sólo a la cárcel, de acuerdo con las estrategias que el presidente llevó a cabo para defender a la población contra el COVID-19 estuvieron y están involucrados 66 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, Eduardo Bolsonaro (quien funge como diputado), Carlos Bolsonaro (con el cargo de Concejal) y Flávio Bolsonaro (senador) hijos del presidente.

Los cargos que a ellos se les imputan son omisiones en el manejo de la pandemia. Dentro de los funcionarios acusados, y que destacan por tener aún presencia en el gabinete actual, están Marcelo Queiroga, ministro de Salud, y el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.

El exfuncionario que más resalta en el listado es José Ricardo Santana, exsecretario de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Todos ellos, junto con Bolsonaro, se demoraron en la compra de vacunas, Pfizer les hizo la oferta de 70 millones de dosis en 2020, la cual rechazaron.

El próximo 26 de octubre, los senadores impulsarán también un proceso de juicio político, incluidos los 11 de la comisión investigadora. La oposición en la cámara tiene la mayoría, sin embargo, Augusto Aras, fiscal general de Brasil y aliado de Bolsonaro, será quien tome la decisión de presentar cargos contra el presidente.

Eduardo Bolsonaro, el diputado hijo del presidente, se mofó ante el reporte final de acusación contra su padre, lo tachó de anticonstitucional. Jair Bolsonaro se ha limitado a declarar que no tienen la culpa de nada, ha mantenido una actitud despreocupada.

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