Aproximaciones al cambio constitucional en Chile
(LeMexico) – En octubre pasado tuvo lugar en Chile el plebiscito para aprobar o no un proceso constituyente, esto es, el curso político-institucional destinado a redactar, deliberar y concluir una nueva Constitución. Participaron más de 7.5 millones de personas, lo que representó poco más de la mitad de la población habilitada para votar.
La opción favorable al «apruebo» obtuvo un respaldo de 79.8 por ciento, dando paso a la elección de convencionistas constitucionales cuyos trabajos deberán finalizar en julio próximo. ¿Qué condiciones subyacen en la determinación por un nuevo acuerdo constitucional?
Sustentados en Douglas North, partimos de la base que la participación «desde abajo» puede impactar sobre las instituciones formales y su construcción. Visto así, el factor social sería el más importante en explicar las motivaciones del proceso constituyente chileno. A ello le siguen los de tipo político y de incidencia internacional.
La variable social
Desde hace algún tiempo, el malestar social se ha expresado en el escenario nacional de Chile a través de la protesta y la movilización. Desde la perspectiva de ciertos sectores de la ciudadanía, los mecanismos tradicionales de representación política han resultado insuficientes para redefinir el juego político y provocar una reconfiguración institucional.
¿Qué evidencia tenemos para inferir esta afirmación? La concerniente a movilizaciones sociales contra decisiones públicas (por ejemplo, las reformas educativas o el alza en el precio del metro) que terminaron derivando en intensos procesos de politización.
El alto nivel de conflictividad social esconde, a nuestro juicio, reclamos de naturaleza política que van revelándose en el trayecto de las manifestaciones y que agregan, gradualmente, descontentos de otros colectivos para generar un movimiento más amplio a favor de una transformación más profunda.
El entorno de lo político
Otra variable que puede extraerse de la lectura chilena está vinculada con los «aleteos» de su pasado político. La dictadura sigue allí. Es una suerte de «autoritarismo residual» enclavado y subsistente en ciertas instituciones, prácticas y normas resultado de 17 años de dirección militar.
Las reformas constitucionales imprimidas desde la instauración de la democracia, entre la que destaca la «Constitución de Lagos» de 2005, no han suprimido la huella autoritaria, rastreable en el aparato de seguridad del Estado, la estructuración ideológico-partidista y el diseño de la política económica, en esencia.
Para cierta proporción de personas, la economía de mercado es responsable de la desigualdad crónica que persiste en los ingresos de la sociedad chilena y que el enfoque «bienestarista» se visualice con dificultades en su política social.
La presión externa
Durante las protestas de 2019, desencadenadas por el alza a los precios de transporte público, el gobierno chileno declaró el estado de emergencia y se puso bajo la mira de la comunidad internacional. Diversas organizaciones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) calificaron esta medida como violatoria.
El factor externo, la presión internacional, forzó al gobierno a repensar y mejorar su reacción, cancelando la situación de emergencia y siendo receptivo al clamor ciudadano sobre un cambio de fondo en la vida pública e institucional del país.
Las perspectivas del cambio constitucional
¿Qué se espera de este proceso? La representante del PNUD en Chile suscribió que la elección de la Convención Constitucional había constituido «un triunfo para la inclusión».
Entre los elementos novedosos de este ejercicio son de destacar la representación paritaria (77 mujeres y 78 hombres) e indígena (17 escaños o 9.1 por ciento), que la generación convencionista es en promedio joven (45 años) y que hay presencia de líderes de los movimientos ambientalista y feminista.
En cuanto a espectro ideológico, la coalición de izquierda obtuvo 18.6 por ciento; la centro izquierda 16.1; los independientes 41.9 y la centro derecha 23.8. Esto significa que solo una cuarta parte de los integrantes de la Convención es afín a las preferencias del presidente de la República y su gobierno.
Finalmente, debe apuntarse que hay voces y colectivos relevantes de la sociedad chilena que rechazan la introducción de un nuevo pacto constitucional como ruta para la transformación de su vida pública. Por otro lado, una tercera parte de los electores coincide que es éste el camino para destruir los vestigios autoritarios y generar un nuevo entendimiento político con la sociedad.
Si bien requerimos de mayores elementos (que se revelarán en el curso de los meses) para sostener esta afirmación, advertimos que el caso chileno puede perfilarse en un prototipo de cómo las «instituciones informales» (bajo la modalidad de protestas y movilizaciones sociales) tienden a producir cambios en la estructura institucional formal.
