Las miles de personas desaparecidas en México son un dolor más causado por la impunidad

(LeMexico) – La creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas parece no haber provocado mucho cambio en la situación de desapariciones en México, según el informe de agosto de la WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). En este se destacan datos alarmantes sobre la carencia de justicia social y la incompetencia de las autoridades, denominado este caso como una crisis de desapariciones, dado que cada año el número de personas desaparecidas y no localizadas va en aumento.

La negligencia al dolor de las familias por parte del sistema judicial obliga a las familiares a involucrarse profundamente en la búsqueda, poniendo en riesgo su bienestar al ejercer las funciones que corresponden al Estado. La legislación de la desaparición forzada falla en permear sus instituciones, ya que prevalece un gobierno carente de gobernabilidad, a nivel local y nacional.

La corrupción resulta un peligro para la investigación eficiente de las desapariciones. La no localización de personas incrementa si lo analizamos desde los municipios permeados por el narcotráfico. Si hablamos de la estrategia de seguridad pública actual que se basa en la militarización del país, entonces estas personas se convierten en víctimas de desapariciones forzadas.

Lamentablemente, la brecha del acceso a la justicia entre aquellos con capacidad económica para realizar búsquedas e influir en las autoridades y los que no la tienen es cada vez más visible, especialmente si hablamos de grupos migrantes víctimas de la delincuencia y de la militarización de las zonas fronterizas. Además de la corrupción y la falta de voluntad política por atender las investigaciones, esta es una de las principales barreras para el cumplimento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Numerosas marchas se han hecho reclamando la aparición de familiares y seres queridos, y sólo algunos han llegado a captar el ojo público nacional, como el caso de los 43 estudiantes  desaparecidos en Ayotzinapa. Sin duda es un llamado a la indignación de toda la sociedad mexicana para exigir mayor justicia y diligencia por parte las autoridades, pero de manera más importante, un llamado para combatir la delincuencia e inseguridad que arrebata el bienestar y tranquilidad de miles de familias. Por ello, organismos internacionales de derechos humanos y colectivos dedicados a dar apoyo y recursos a familias de desaparecidos unen fuerzas para exigir a la administración actual el cumplimento de la Ley antes mencionada.

El uso de la fuerza por parte de la seguridad pública no desaparecerá, tal como se ha visto en los últimos tres gobiernos, así como tampoco pondrá fin a los actos delictivos. Sin embargo, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas representa una herramienta de procuración de justicia realmente importante para uno de los dolores más importantes de la sociedad mexicana desde hace muchos años, es esencial para prevenir y erradicar la desaparición forzada y no localización de personas.

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