La política económica para 2022

(LeMexico) – La semana anterior se llevó a cabo la entrega por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece como fecha máxima el 8 de septiembre de cada año, el llamado paquete económico para 2022 al Congreso de la Unión.

El paquete lo conforman los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), que son la base para el proyecto de Ley de Ingresos, que deben aprobar senadores y diputados, y para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. La propia Ley establece como fecha máxima para la aprobación de la Ley de Ingresos el 31 de octubre y para el PEF el 15 de noviembre.

En cuanto a números, los CGPE calculan los ingresos y egresos para el año próximo, como lo han hecho gobiernos anteriores, con más optimismo que realidad. Se prevé para 2022 un crecimiento de la economía de entre 3.6% y 4.6% (1 punto porcentual es muchísimo dinero), mientras que encuestas del Banco de México estiman que el crecimiento será del 2.81%. Se calcula una inflación anual de 3.4% la cual sería menor al caso 6% de este año.

El precio del dólar se estima permanecerá en los niveles de este año (no se modifica la política neoliberal de libre flotación imperante desde tiempos de Zedillo). Por lo que respecta al precio del petróleo se considera que será menor al de este año,  55 dólares en 2022 por 61.9 en 2021, mientras que que se estima una producción de 1.8 millones de barriles diarios (mbd) mientras que en 2021 ha sido de 1.69 mbd, es decir, al cálculo conservador en cuanto al precio le contrapone el optimismo de la producción.

Lo anterior suena a un proceso burocrático más, además de aburrido, lo cual no está alejado de la realidad. Sin embargo, es de lo más trascendental porque implica el cómo y cuántos recursos habrá en el año y la forma en que se van a gastar. Lo que va a guiar a cada una de las partes anteriores es la política económica.

Juan R. Cuadrado define a la política económica en su libro Política Económica, de la forma más simple, como “la aplicación de ciertas medidas que realizan las autoridades para conseguir determinados fines”. Samuel Lichtensztejn en Enfoques y categorías de la política económica, nos dice que premio Nobel de Economía, Jan Tinbergen, consideraba a la política económica como la “manipulación deliberada de ciertos medios con el objeto de alcanzar ciertos fines económicos”, mientras que Jean Meynaud la consideraba “como las intervenciones del Estado en la administración de los recursos escasos”.

En este sentido, la política económica es la forma en que el gobierno se hace de recursos y cómo los distribuye, aunque correcto, este criterio carece de un elemento a largo plazo, el de pensar en una política económica de Estado. No se trata de sólo subir o bajar impuestos o de sustituir unos programas por otros. El objetivo debería ser la búsqueda del desarrollo nacional integral. Evidentemente cada gobierno tiene su propia visión de como lograr el desarrollo, pero lo hacen pensando que con seis años de gobierno bastarán para transformar al país, pero hemos visto que eso no sucede.

Los objetivos para lograr una política económica de Estado, debe cambiar el enfoque actual. Por un lado, tiene que establecerse con base en criterios técnicos, con datos públicos, para evitar que sean los criterios políticos los que predominen. Por ejemplo, tomemos el caso de un aeropuerto pequeño que por capricho presidencial se convierte en internacional y con el paso de los años queda en el abandono.

Se justificó inicialmente con el argumento de que dicho aeropuerto potencializaría la región, vendría una derrama económica importante, generaría una gran cantidad de trabajos, etc. Lo cierto es que no se presentaron ningún tipo de estudios que avalaran la idoneidad de su construcción. Hablamos por supuesto del aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León, construido en tiempos de Salinas de Gortari, aunque si le buscamos, quizá, pudiera haber otro caso similar.

Otro punto de la política económica de Estado tiene que ver con integrar cada vez más a la sociedad en su elaboración. Desarrollar verdaderos mecanismos de participación, y no ejercicios simulados que se convierten en banderas para discursos políticos, sino en un verdadero ejercicio que, nuevamente, incluya datos e información para la ciudadanía. Los gobiernos deberían tener la madurez de admitir que no son dueños de verdades absolutas, que imponer una visión sin consenso es más temporal de lo que creen (deberían aprender de la historia reciente), no tenerle miedo al debate con la sociedad, la academia, los especialistas y las organizaciones. Incluir y no excluir es lo que define a una mejor democracia.

En México, la política económica la diseña el gobierno federal, pero la sufren los gobiernos locales. Para revertir lo anterior, una política económica de Estado debe tener un sentido federalista. Todos los estados y todos los municipios son importantes, no se deben hacer exclusiones por cuestiones de afinidades o ideologías. Se debe buscar una proporcionalidad inteligente para que todos estén integrados, especialmente los municipios quienes son siempre los más abandonados.

Otro elemento adicional que podemos agregar a la política económica de Estado es que debe fomentar un desarrollo sostenible, es decir que permanezca al largo plazo. Anteriormente se buscaba el desarrollo inmediato, y si se contaba con los elementos coyunturales se podía lograr.

Por ejemplo, a finales de los años 70 se descubrieron enormes yacimientos petroleros en el Golfo de México, que coincidieron con los incrementas de más del doble en los precios del petróleo por barril, lo que hacía pensar en el tránsito definitivo al primer mundo. Sin embargo, una política económica que solo miraba el presente no aprovechó el momento para sentar las bases de un desarrollo que fuera sostenible al largo plazo. Se prefirió regalar dinero a invertir en el futuro.

Para el 2022, los CGPE plantean tres objetivos, o pilares como lo señala el documento, “Primero, los apoyos sociales para el bienestar. Segundo, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas. Y tercero, el apoyo a proyectos regionales detonadores de desarrollo con impactos positivos directos e indirectos en el bienestar y el empleo de las familias”. Los objetivos marcados están muy lejos de ser integrales.

En primer lugar, destaca esa ambigüedad de ser populista y neoliberal al mismo tiempo. Es decir, por un lado, se establece la política de entregar recursos directos, de forma universal y sin ninguna clase de condicionante, lo que en otras palabras llamaríamos, regalar dinero. Por otro lado, se mantienen las políticas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington de los años 90, en el sentido de estabilidad macroeconómica, no aumentar impuestos, tener equilibrio en las finanzas públicas (aunque solo sea discursivamente, porque anualmente se sigue pidiendo deuda), inflación baja, etc.

Las políticas económicas neoliberales se están llevando conforme al manual establecido en los años 90. No se entienden en un país donde los millonarios son excesivamente millonarios (y se considera moralmente inaceptable) ¿por qué mantenemos el mismo esquema fiscal y no adoptamos uno más progresivo, por lo menos para ese 1% más rico del país? ¿Por qué pedir prestado cada año y decir que no tenemos deuda? Y, sobre todo, ante la situación de crisis económica global durante 2020, ¿por qué ser tan ortodoxos?

Una política económica más flexible hubiera dado una mejor y más rápida recuperación. Señalar como triunfo una recuperación del 6%, cuando se ha tenido una caída de más del 8%, no es ninguna maravilla. Es como festejar que en un partido de béisbol (por usar el deporte sexenal) festejáramos que metimos seis carreras en la novena entrada, cuando nuestros rivales hicieron 8. 

Finalmente, viene el objetivo de proyectos regionales de desarrollo, con especial énfasis en los dos proyectos más importantes: el tren maya y la refinería de dos bocas. Sin entrar en mayores consideraciones sobre el costo-beneficio de ambos proyectos, podemos decir que en general, la distribución y recursos para proyectos regionales será de forma desigual dado que el énfasis será en el sureste, como si el resto del país la pasara muy bien. Es decir, los proyectos de desarrollo carecen de integralidad y de un equilibrio federalista.

La política económica propuesta para el 2022 no es más que una continuidad de lo planteado desde 2018. Angelo Panebianco señala en Lecciones cortas comparadas por pandemia, que “la pandemia requirió que las decisiones más importantes, políticas e incluso de salud, fueran tomadas por los organismos estatales. Es igualmente evidente que la asignación de recursos no podía ser realizada por el mercado, sino que debía ser decidida por gobiernos capaces de seleccionar sobre la base de una pluralidad de criterios”. El problema es que en nuestro país es que para la elaboración de la política económica, y para cualquier otra, lo que menos se utiliza, es la pluralidad de criterios.