Maximizando el Alcance de las Políticas Públicas
(LeMexico) – Las situaciones de inequidad en México son muy variadas. La discriminación se vive de manera distinta para cada persona dependiendo su contexto y la característica hacia la que está dirigida, como la clase, raza, etnia, género u orientación sexual. No obstante, la mayor parte del tiempo encontramos formas de discriminación cruzada en las que el rechazo y prejuicio viene de la conjunción de categorías sociales.
Por esta razón, las políticas públicas deben ser replanteadas bajo la conciencia de que su accesibilidad y alcance debe ser maximizado a las diferentes realidades vividas en México por grupos minoritarios. Dicho de otro modo, las políticas públicas deben estar sustentadas en la interseccionalidad como herramienta de análisis político-social. El objetivo debería ser obtener el mayor nivel de representación poblacional en la toma de decisiones políticas, ampliando el margen de análisis en las consecuencias y accesibilidad al sistema burocrático y de bienestar social.
El sector gubernamental tiene la obligación de ser un ente afirmativo de la diversidad y ejercer nuevas experiencias de deconstrucción de las desigualdades arraigadas al pensamiento social y político. Grandes avances se han hecho en cuestiones de género y transversalidad.
La declaración de la prohibición del aborto como elemento inconstitucional o la aprobación del matrimonio igualitario en determinados estados de México conforman la apertura al reconocimiento de la diversidad ideológica, de la necesidad de inclusión de diferentes grupos sociales dentro del marco legal y del daño que provoca la generalización de las circunstancias que viven determinados sectores poblacionales. Este es el primer paso para gestionar la diversidad.
Por otro lado, la ejecución y especificaciones de las leyes y políticas públicas requiere de una correcta delimitación y descripción de sí mismos después de un estudio exhaustivo de las necesidades de cada sector que, a pesar de poseer experiencias individuales distintas conforme a la clase, etnicidad, género, sexualidad, raza, etc, la interseccionalidad funciona como herramienta de análisis de la estructuración social sobre los elementos más importantes de opresión sistemática directa e indirecta.
En otras palabras, las leyes deben estar correctamente escritas y ejecutadas considerando las experiencias de cada grupo social y analizando aquellas características y estructuras legales que oprimen a estos grupos en su intento por homogenizar a la población y universalizarla en una sola identidad y/o experiencia que requiere de justicia social. Las políticas públicas deben ser adecuadas para que sean accesibles, no solo en las mayorías, también en las minorías que se ven profundamente oprimidas con la burocracia y la sociedad que crea categorías sociales de discriminación.
La interseccionalidad ofrece herramientas de deconstrucción de categorías sociales mal concebidas que crean grupos múltiplemente marginados. Ejemplo: mujer afro mexicana perteneciente a determinada etnia de clase baja y preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad. Aquí se presenta un caso de identidad neutral, pero que sufre de prejuicios al ser encasillada en como un ser humano de menor valor que al mismo tiempo la hace atravesar diferentes sistemas de opresión como el patriarcado, la supremacía blanca, las élites clasistas privilegiadas y la heterosexualidad.
Por esta razón, las políticas públicas que buscan el bienestar social, económico y político deben ser repensadas desde el punto de vista de los diversos grupos nacionales que requieren de representación, accesibilidad, movilidad y empoderamiento según su identidad y los diversos sistemas de opresión de los que son víctimas y que los hacen vivir situaciones de exclusión y desigualdad únicas.
