La Marea Verde
(LeMexico) – La decisión de la corte mexicana de declarar inconstitucional la legislación de Coahuila, con respecto a la prohibición absoluta a interrumpir el embarazo no es sorpresiva. Por cierto, contrasta con lo que sucede al otro lado de la frontera de ese estado, en Texas, donde se ha restringido el derecho a abortar, sin reacción en contra de la corte norteamericana.
Recientemente, la corte había tomado otra decisión polémica en beneficio de la seguridad y en contra de la criminalización de las personas, al declarar inconstitucional la legislación que penalizaba la mayoría de las actividades ligadas a la producción, distribución y consumo de cannabis para uso personal. Así como es absurdo, por ejemplo, que un persona sea perseguida por consumir canabbis y sembrarla para su consumo, no tiene punto de comparación con las implicaciones sociales, políticas, económicas y de ejercicio de derechos que conlleva el hecho de continuar con un aparato legal que encarcela mujeres que deciden abortar.
Es evidente el impulso que tiene el tema de la interrupción legal del embarazo en los últimos años, gracias al impresionante movimiento feminista que ha tomado las calles del país y que comienza a cambiar los valores, roles y percepciones con respecto a las mujeres en la sociedad, pero que también es capaz de articular agendas concretas que se convierten en políticas públicas y en legislación que busca reducir la brechas de igualdad.
En los últimos años, tres estados, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, con mayorías de Morena y con un número muy elevado de mujeres, eliminaron la penalización del aborto. Seguramente seguirán el ejemplo más estados y, eventualmente, la corte va a llamar a las entidades a legislar para evitar esa prohibición, como lo ha hecho en el caso de los matrimonios igualitarios. El punto ahora, me parece, es garantizar que las mujeres puedan efectivamente ejercer el derecho a interrumpir un embarazo en condiciones seguras y accesibles, no solamente evitar encarcelamientos y persecuciones judiciales por esa práctica.
En la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo está permitida desde 2007. Su aprobación generó virulentas reacciones en contra, pero se trató de prácticamente la primera legislación amplia en ese sentido en América Latina. El gobierno de Marcelo Ebrard, impulsor de la reforma y encargado de implementarla, fue capaz de hacer uso del sistema de salud capitalino para garantizar la práctica segura del aborto, hasta la fecha, son decenas de miles de mujeres atendidas por esas causa y no se ha registrado un solo fallecimiento.
Una política como esa, en todo el país, o por los menos en los estados que cambien sus legislaciones, es lo que efectivamente va a garantizar la salud y la integridad de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, especialmente las más jóvenes y las que se encuentran en situación vulnerable. De hecho, existen entidades en las que el aborto en realidad no está penalizado, pero los servicios públicos de salud no lo proporcionan, por lo que la práctica médica irregular es la regla. Esto es, lo que sigue es una política pública que garantice la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como lo hizo Ebrard hace ya varios años en la capital del país, con muy buenos resultados.
