Días negros

(LeMexico) – Mientras nos siguen perdiendo en la banalidad, en discusiones sin fin sobre temas irrelevantes, en tratar de explicarnos por qué no ganamos más medallas en los juegos olímpicos, en discutir si dos consejeros electorales fueron o no capaces de boicotear la elección de  93.6 millones de ciudadanos, mientras más vemos, como dice Mario Vargas Llosa en La sociedad del espectáculo, que “el político de nuestros días, si quiere conservar su popularidad, está obligado a dar una atención primordial al gesto y a la forma de sus presentaciones, que importan más que sus valores, convicciones y principios”, mientras más nos brinden y consumamos el espectáculo político, menos nos detenemos a discutir sobre lo realmente importante.

Una de las características de los sistemas presidenciales es que al elegirse al titular del poder ejecutivo por un período fijo, esto le permitirá establecer políticas de manera clara sin tener que estarlas negociando constantemente con un Congreso. El caso contrario lo viven los sistemas parlamentarios donde el jefe de gobierno es designado entre los miembros del Congreso y, salvo excepciones cada vez más extraordinarias, se tienen que negociar constantemente las políticas que se desean establecer.

Otra diferencia es que, aunque tiene un periodo de gobierno predeterminado, el jefe de gobierno de un sistema parlamentario puede enfrentar mociones de censura que lo obliguen a dimitir al cargo incluso, teóricamente, el primer día de gobierno.

Lo anterior viene en relación por la forma en que los gobiernos con sistemas presidencialistas, con mayor amplitud en la posibilidad de imponer las decisiones políticas, afrontaron la pandemia. Se da la casualidad que los ejemplos más visibles de presidentes que tomaron malas decisiones fueron Trump y Bolsonaro (supongo que no esperaban ver otro nombre), quienes implementaran desastrosas medidas que terminaron por perjudicar a la población.

El caso de China fue más extremo, no sólo de ahí surgió el virus que trastocaría al mundo, sino que en un principio fue negado, por ignorancia de lo que sucedía o simplemente por negarse a reconocer una realidad. Por otra parte, quienes lo hicieron ligeramente mejor fueron los países que cuentan con sistemas parlamentarios.

Por otra parte, la pandemia trajo consigo una serie diversas repercusiones negativas. Las más obvias fueron el número de fallecimientos y el número de contagios, donde las secuelas para mucha gente serán a largo plazo o de plano tendrán efectos perenes en la salud. El segundo mayor impacto fue en la economía.

Para ponerle números, de acuerdo con el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia, los países de América Latina y el Caribe (por cierto, con sistemas presidencialistas) registraron en 2020 el 25% del total de fallecimientos por el coronavirus a nivel mundial, a pesar de que la región solo aporta el 8% de la población total. En materia de economía, la caída del crecimiento económico en el subcontinente fue en promedio de 7.4%.

Los gobiernos intentaron frenar los impactos negativos de la pandemia en la economía mediante diversos paquetes de estímulos fiscales. Nuevamente, de acuerdo con datos del BID, mientras que en las economías más avanzadas se dedicaron paquetes de ayuda en torno al 19% del PIB, en los países de nuestra región la cifra llegó al 8.5%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, señala que mientras los paquetes fiscales de ayuda económica de El Salvador fueron del 11.1% del PIB, en México se destinó un paquete del 1.1% del PIB.

Entre las medidas de apoyo que implementó México fueron: adelanto de subsidios y pensiones ya programadas, y un paquete de créditos para vivienda y para pequeñas empresas. Entre las medidas que se implementaron en América Latina y el Caribe, pero no en México fueron: postergación y/o facilidades de pago de impuestos, devolución acelerada de impuestos, tratamiento preferencial a empresas y hogares. La consecuencia del poco apoyo a los pequeños empresarios fue el cierre paulatino de negocios.

Como es sabido, al suspenderse las actividades económicas llegaron los cierres de fabricas y comercios. En consecuencia, también mucha gente se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. Si bien los cierres afectaron a todos los sectores, lo cierto es que los más afectados fueron las personas con menores ingresos, quienes suelen tener pocos o nulos ahorros. Para hacer frente a los difíciles momentos tuvieron que endeudarse o deshacerse de los pocos activos que poseyeran.

El escenario no lucía nada favorable. Tan es así que el BID calculaba un aumento en la pobreza extrema en la región del 12.1% al 14.6% y para la pobreza moderada se esperaba un aumento del 11.7% al 14.6%.

Se esperaba que la situación en México fuera de mayor pobreza, lo cual ya se confirmó. El pasado jueves, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que es el órgano técnico autónomo que se encarga de medir los avances y retrocesos de las políticas sociales del país, presentó el informe Medición de la pobreza multidimensional en México 2018-2020.

Las dimensiones de la pobreza se dividen en: ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Aunque por ahí sigan diciendo que existen otros datos, los únicos datos públicos confiables siguen siendo lo que el Coneval.

El mencionado informe nos señala que la población en pobreza extrema aumentó del 7% en 2018 al 8.5% en 2020; mientras que la pobreza moderada aumento del 41.9% en 2018 al 43.9% en 2020. Tal vez, se pudiera decir que un aumento del 2% no es muy grande, pero si lo ponemos en millones de personas en situación de pobreza (sumando la pobreza extrema y moderada) vemos que en 2018 existían 51.9 millones de personas viviendo en esa condición; para 2020 la cifra aumentó a 55.7 millones de personas. Es decir que en dos años hay prácticamente 4 millones más de personas en situación de pobreza.

El mismo informe de la Coneval señala que hubo algunas mejoras en las dimensiones de vivienda o de seguridad social, pero en las restantes dimensiones los saldos son negativos. Es cierto que se esperaba que por la cancelación de empleos, la pobreza por ingresos iba a ascender, lo cual efectivamente sucedió, con todo y las transferencias directas de la presente administración.

Sin embargo, en plena pandemia, el dato más dramático es que la dimensión de pobreza que tuvo el mayor aumento fue en la de carencia por acceso a los servicios de salud, donde la cifra se incrementó del 16.2% en 2018 al 28.2% en 2020. Si ya en porcentaje suena terrible, el aumento del 12%, al ponerlo en millones de personas, vemos que la cifra pasa de 20.1 millones a 35.7 millones, es decir, que en dos años 15.6 millones de personas se quedaron sin acceso a servicios de salud ¡en plena pandemia! El sector que mayor lo resintió fue el rural que aumentó la carencia en accesos a servicios de salud del 13.7% al 30.5%.

La culpa de lo anterior no es de la pandemia, como sí lo es para la pobreza y para los menores ingresos. Como es sabido, la actual administración federal decidió cancelar de manera fulminante el Seguro Popular, y en su lugar propuso el Instituto de Salud para el Bienestar- Insabi (si con Salinas todo era solidaridad, hoy todo es bienestar). En su momento se criticó la creación del Insabi, no porque el Seguro Popular fuera un mecanismo perfecto, sino porque había otras alternativas como mejorar y eficientar al Seguro Popular o hacer una transición más larga y lenta de un instituto al otro para no dejar desamparada a la gente afiliada.

Evidentemente se optó por la espada de Damocles y de tajo se extinguió el Seguro Popular y se creo el Insabi. El resultado está a la vista. De acuerdo con el informe de la Coneval, en 2018 el 42.1% de la población estaba afiliada al Seguro Popular; en 2020 el 26.9% de la población estaba afiliada al Insabi. Un verdadero fracaso en el peor de los momentos.

Lo que nos deja el informe de la Coneval es que las malas decisiones, así sean por las mejores causas, tienen repercusiones inmediatas en la población. Algunas decisiones son los especialistas quienes levantan la voz de alarma, como en el caso del Insabi, en otros, es la sociedad quien se opone, como es el rechazo al regreso total de los menores a los salones de clases.

Gianfranco Pasquino en el artículo Lecciones cortas comparadas por pandemia, señala (siguiendo a Francis Fukuyama) que el orden político surge cuando se juntan “un aparato Estado competente, un gobierno en el que los ciudadanos confían y escuchan, (y un) liderazgo efectivo”. Días negros se vienen cuando no se tiene ningún elemento del orden político.