¿De qué va el decreto presidencial para liberación de presos de AMLO?
(LeMexico) – El día de ayer, el presidente AMLO (Andrés Manuel López Obrador) anunció la emisión de un decreto con el que se otorgará la libertad a personas recluidas en cárceles federales por delitos no graves y que lleven más de 10 años privados de su libertad a pesar de no haber recibido sentencia, así como a aquellos que tengan más de 75 años de edad, o que tengan 65 años y padezcan enfermedades crónicas-degenerativas, y también a quienes se compruebe, bajo el protocolo de Estambul, que fueron torturados.
Asimismo, durante la conferencia matutina de este jueves desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que el plazo de esta liberación no deberá ser después del 15 de septiembre. Además, el decreto será elaborado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mismo que deberá estar listo para la próxima semana.
Durante su participación, Sánchez Cordero mencionó que a través de este decreto presidencial se solicitará el beneficio de la prisión domiciliaria para estas personas. A su vez, la funcionaria reprochó que “no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”.
Esto, debido a que, de acuerdo con la Segob, hay 220 mil 114 internos en cárceles federales, de los cuales, el 43% (94 mil 547) es población no sentenciada y que siguen en prisión preventiva. De estos últimos, el 13% están por delitos de fuero federal y 87% por delitos de fuero común; en tanto que un 8% se encuentran en cárceles federales y el 92% restante, en centros estatales.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, expresó que si se quiere erradicar la tortura en México, la cual consideró como una “práctica regular” que durante muchos años ha existido en el país, “no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea, haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben ser castigados”, argumentó.
Entre los casos que presentaron como ejemplos, estuvieron el de Israel Vallarta, preso desde 2005 por cuatro delitos en dos causas penales, y que, de aplicársele el “precedente Cassez”, podría ser excarcelado de una de estas causas; el de Brenda Quevedo, quien está en prisión preventiva desde septiembre de 2009, y de quien se ha demostrado que sufrió tortura en dos ocasiones; y el de María Isabel San Agustín, que en 2013 se le sentenció a 65 años de prisión por secuestro, mas ella también ha sido víctima de tortura.
Finalmente, AMLO afirmó que con la 4T, la Segob “ya no es la secretaría de la represión y el autoritarismo”, sino que ahora tiene la función de proteger “los derechos humanos y de la justicia”. De igual modo, llamó a las autoridades estatales a aplicar medidas similares a esta propuesta federal.
