Inseguridad y prevención

(LeMexico) – Esta semana se hicieron públicos varios reportes en materia de seguridad pública. El primero de ellos es la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU), la cual es realizada de manera trimestral en las 85 ciudades más importantes del país.

Se destaca una disminución en la percepción social sobre la inseguridad pública con 66.6% en junio de este año en comparación con el punto más alto registrado en marzo de 2018 de 76.8%. A nivel ciudad el porcentaje aumenta en Fresnillo Zacatecas con el 96.2% la ciudad percibida como más insegura. Le siguen Cancún, Ecatepec, Coatzacoalcos, Naucalpan, y Tonalá́, Jalisco, todas con promedio de 87%. Por otra parte, las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García en Nuevo León con 7.1%; a la que le siguen Tampico, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Mérida, y Piedras Negras, con promedios de 26%. 

Además de las enormes diferencias entre unas ciudades y otras, tenemos que en el Estado de México están dos de las ciudades peor calificadas, mientras que en Nuevo León están dos con las mejores percepciones. También es de resaltar que hace algunos años la inseguridad se había apoderado de Tampico y de Piedras Negras (ciudad fronteriza, como para evitar lecturas rápidas de que las ciudades fronterizas son las más inseguras) mientras que ahora están en el lado opuesto. Lo anterior significa que no hay destinos fatales.

Otro reporte que se nos presentó fue el Informe de Seguridad del Gobierno Federal correspondiente a mayo. Las cifras mensuales nos muestran que la incidencia delictiva a nivel federal tuvo su punto más alto en octubre de 2018 con 10,181 delitos denunciados y que con altibajos los números fueron descendiendo a su punto más bajo en abril de 2020 (en plena pandemia) con 4,865. Todo un logro que duró muy poco, porque a partir de esa fecha los delitos denunciados volvieron a subir a 6,723 en mayo 2021.

Por lo que respecta a los homicidios dolosos, el máximo histórico mensual fue en julio de 2018 con 3,074. La cifra descendió a su punto más bajo en febrero de 2021 a 2,633, sin embargo, a partir de ahí han vuelto a subir los números en mayo a 2,963. En cuanto a robo, robo de vehículos y secuestros, se muestran números a la baja, incluso desde antes de que iniciara el presente gobierno, llegando a ser enero y febrero de 2021 los meses donde se tuvieron las cifras más bajas y a partir de ahí están repuntando nuevamente. Recordemos que en el sexenio anterior los índices delictivos disminuyeron los primeros tres años para luego subir a niveles máximos.

Somos el país donde 6 personas de cada 10 sienten que existe mucha inseguridad, donde 95 personas son asesinadas diariamente y donde se comenten alrededor de 220 delitos diarios (recordemos que los delitos denunciados son menores a los realmente cometidos, como lo indica el Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, donde señala que el porcentaje de delitos no denunciados es del 92%). Que en Fresnillo prácticamente toda la población perciba su ciudad como insegura es algo casi inimaginable y que no ha tenido la repercusión que debiera. 

Nada indica que se vaya a mejorar. Las dos medidas del gobierno para tratar de revertir la situación de inseguridad son la Guardia Nacional y, según el Plan Nacional de Desarrollo, atacar las raíces de la inseguridad, garantizando “empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo”. Nada diferente a lo que en su momento plantearon Calderón o Peña, es decir, no hay cambio de paradigma.

Desde hace 15 años se mantiene la visión proclamada en el 12o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, donde se define que la prevención del delito “engloba toda la labor realizada para reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. La prevención del delito procura influir en las múltiples causas de la delincuencia”. Entonces, si los gobiernos han identificado las causas que prevalecen detrás de los delitos, ¿por qué seguimos tan mal?

Veamos, el gobierno de Calderón puso mayor énfasis en prevenir mediante la implementación de herramientas tecnológicas, especialmente las de videovigilancia, ampliar el estado de fuerza de la Policía Federal y en capacitar y equipar de manera homologada a las policías estatales y municipales. Es decir, disuadir por medio de más policías y de la instalación de cámaras en las ciudades. Para el final de sexenio, con la publicación de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVyD) en enero de 2012 se tenían herramientas para que se implementaran políticas de prevención social.

Por prevención social se debe entender a la política global orientada al bienestar social que atraviesa todos los sectores de la población y de las oficinas administrativas, siendo un modelo orientado a mejorar la condición de vida o trabajo, los cambios en la organización de la familia, la pobreza y la exclusión social. La propia LGPSVyD señalaba específicamente que “la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”. 

Esta visión la retoma el gobierno de Peña Nieto, quien publica un Programa Nacional de Prevención del Delito, al cual le asigna 2,500 millones pesos para apoyar políticas focalizadas en las ciudades con mayores índices delictivos, especialmente en las zonas con mayores situaciones de riesgo, reconociendo que no todas las colonias y barrios de una ciudad tienen los mismos problemas. Sin embargo, la falla de las políticas de prevención social estuvo en una variedad de objetivos que impedían la continuidad a estos trabajos, no se hicieron sostenibles con el tiempo.

Por ejemplo, se podía dar el caso de que un año se trabajara sobre jóvenes en alguna secundaria específica y al año siguiente se optara por un programa deportivo dirigido a otro sector de la población. Por si fuera poco, sin mayores explicaciones el gobierno federal para 2017 no destinó recursos para el Programa Nacional de Prevención del Delito, por lo que se pierden buena parte de los avances logrados.

La falta de resultados en materia de seguridad durante el presente gobierno va ligada a que no se han identificado factores de riesgo específicos en materia de prevención social. Se mencionan los programas prioritarios como la llave mágica para un México sin violencia, sin considerar que programas universales (en teoría) tienen un impacto al largo plazo, no en lo inmediato. Incluso se mencionan que atenderán las causas de la violencia programas como el de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, bueno, hasta el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. 

Uno se pregunta si estarán pensando que un aeropuerto internacional nuevo va a impactar en una reducción en el robo al trasporte en ciudades y carreteras, si los precios de garantía a los alimentos redundarán en menor violencia familiar, o si la pensión a los adultos mayores bajará los índices de secuestros. La funcionalidad de estos programas (que esperemos sean eficientes, aunque la manera en que están diseñados dejan poco espacio para el optimismo) son para otro ámbito, no para la prevención social.

Otro error es que estos programas no contemplan la participación ciudadana, sin la cual no se pueden construir los vínculos que le den identidad y arraigo a la comunidad, como bien señalan Gordon Hughes y Rachel Swann en la Prevención comunitaria del delito, el modo contemporáneo de gobernanza es mediante la prevención del delito con “estrategias gubernamentales locales basadas en alianzas que buscan ir más allá de las actividades dirigidas por la policía para involucrar a otras agencias (de gobierno) y generar a participación de todos los sectores de la comunidad”.

Si el actual gobierno piensa que el problema de la violencia se resolverá con becas y subsidios sin plantearse que las soluciones están en las comunidades, se va a encontrar con que no faltará quien  reciba el dinero del gobierno con una mano y con la otra esté realizando asaltos.