Apuntes sobre el impacto político de los programas de bienestar

(LeMexico) – El desafío más importante de la oposición política para construir una alternativa a la del presidente López Obrador es cómo superar (no en medios ni en redes sociales, sino en territorio, cuando se busca convencer y obtener la promesa de voto) su política de apoyos directos que «reivindica» a una sociedad consciente o contrariada por los «excesos históricos».

Un vistazo al Padrón Único de Beneficiarios proporciona datos reveladores. Entre enero de 2019 y abril de 2021 poco más de 37 millones de personas han recibido algún tipo de ayuda social del gobierno federal. Estas poblaciones objetivo, que representan a 29 por ciento de mexicanos, han sido o siguen siendo beneficiarias de los programas de bienestar.

Tlaxcala es el estado donde ha aterrizado el mayor número de programas sociales (61), en tanto que Oaxaca alcanza 60 por ciento de beneficiarios en términos de su población. Del lado opuesto se encuentra Coahuila con 25 programas y Nuevo León con apenas una décima parte de sus habitantes estatalmente representados.

En un sureste muy variado, Chiapas tiene una representación mayor a 50 por ciento, Yucatán y Campeche oscilan entre 37 y 35, Tabasco alcanza 28.6 y Quintana Roo (penúltimo lugar del conjunto nacional en este rubro) engloba a 14.8 por ciento de sus pobladores. Los estados de la franja norte de México reportan, por el contrario, una regularidad: se sitúan en el bloque inferior de empadronados que no sobrepasan, con Chihuahua, 22.9 por ciento.

En cuestión de recursos netos, la suma de lo asignado a las 32 entidades es cercana a los 100 mil millones de pesos. Para situarlo en contexto, representa poco más del costo proyectado para el Aeropuerto Felipe Ángeles y la mitad de lo programado para la Refinería Dos Bocas. Es de notar que 5 mil millones de pesos, esto es, 5 por ciento del total, no están asignados a ningún territorio y se les etiqueta como «no especificado».

En lo referente a la distribución porcentual de estos recursos, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Tabasco y Guerrero comprenden 35.5 por ciento del monto total, en tanto que por asignación per cápita, es decir, monto por estado con respecto a número de beneficiarios, tres entidades del sureste mexicano están a la punta: Tabasco, la tierra del presidente, Quintana Roo y Campeche. Una información interesante es que justamente Quintana Roo presenta, proporcionalmente hablando, una relación inversa entre beneficiarios y recursos por persona.

En cuanto a la comparación entre montos totales por número de programas lideran Veracruz, Chiapas y Ciudad de México, dejando en la cola a estados que también tienen menor número de habitantes: Tlaxcala, Baja Sur y Colima.

Finalmente, los programas insignia son tres. Según lo reportado entre marzo y abril de este año, hay 7.8 millones que pertenecen al de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como 7.4 millones a los de Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica y Media Superior. Estas poblaciones conforman, dependiendo de la entidad, entre 40 y 50 por ciento de empadronados en los programas de bienestar.

Los montos y beneficiarios de estos programas son independientes de otros recursos destinados a la política social. Me refiero a los millones de personas que tienen acceso a las lecherías Liconsa o los presupuestos anuales del gasto federalizado correspondientes a los cinco de los ocho fondos del ramo 33 vinculados con los derechos sociales.

La política de bienestar de esta administración ha sido ampliamente discutida por razón de su impacto político. Las opiniones suelen dividirse en dos: una capa consistente de la ciudadanía está convencida de que es un asunto de justicia social. Otra sostiene que es una acción económicamente irresponsable orientada a la obtención de réditos electorales. Las preferencias por la primera están influenciadas, en buena medida, por la corrupción y la incapacidad de las administraciones precedentes para generar una sociedad más igualitaria. La segunda está centrada en divulgar que los beneficiarios directos e indirectos están siendo cautivados para generar votos y sustentar la aprobación del mandatario.

Todos los gobiernos formulan y ejecutan políticas para ganar elecciones. En el caso mexicano, la multiplicación de las transferencias directas o la asignación que mensual o bimestralmente esperan millones de personas (entre productores del campo, acuícolas y pesqueros; estudiantes y no; menores en orfandad materna; discapacitados y madres trabajadoras; indígenas, migrantes o adultos mayores) hacen que la política social del presidente López Obrador sea una maquinaria política eficaz que, en buena parte del país, es imbatible e incontestable.

A partir del rendimiento de los programas sociales en la Ciudad de México, el espacio donde el partido del presidente fue más castigado, podrían hallarse pistas para la oposición: fue lugar 3 en monto por programa, 6 en porcentaje del monto total de los recursos distribuidos, 16 en porcentaje de beneficiarios y 25 en asignación per cápita. Sin embargo, junto a que las condiciones de la capital son difícilmente replicables a todas las regiones de México, se observa altamente complejo en el mediano plazo, aunque no imposible, competir y desafiar el impacto político de los programas de bienestar.

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