Enrique Peña Nieto: espionaje contra periodistas y activistas de derechos humanos
(LeMexico) – La masiva, ilegal y cruenta persecución contra los periodistas en el país tuvo su apogeo con el sexenio del priista Peña Nieto.
El Presidente utilizó el software israelí Pegasus para acceder a los dispositivos de periodistas y activistas. El software funciona como un interceptor. Entra mediante un enlace que se manda por un mensaje a la víctima. Si ésta lo abre, su celular se apaga, se enciende y permanece con la pantalla en negro por algún tiempo. Además, borra algunas aplicaciones o las repite. Con esto se tiene intervenido el dispositivo ilegalmente, con él se interfiere en todas las comunicaciones del usuario, se accede a su información, correos, fotografías, chats y geolocalización.
Mediante investigaciones avanzadas, hoy día se sabe que Peña Nieto intervino al menos 15,000 celulares. En la investigación participaron 80 periodistas de 17 medios de comunicación y organizaciones a nivel mundial. La actividad de Pegasus Project fue, mediante la empresa israelí NSO Group, a pedido de sus clientes, en una selección aleatoria de 50,000 celulares en 50 países. Entre ellos, el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto encabezó las compras del servicio, usándolo mediante la Sedena, Cisen y PGR para intervenir los dispositivos de políticos opositores, pero sobre todo activistas de derechos humanos y periodistas.
Al menos una centena de las víctimas pertenece a los familiares y abogados de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y asesinados por el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Pegasus Project reveló que 109 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de ataques e intercepciones. Esto fue preocupante debido a la crisis humanitaria que destacó la presidencia de Enrique Peña Nieto con más de 40,000 personas desaparecidas.
En 2017, el caso fue descubierto cuando varias personalidades públicas de todos los ámbitos sospecharon la intervención en sus teléfonos celulares. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, que ya no existe), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) jamás pudieron dar explicaciones objetivas y transparentes de sus contratos con la empresa, que hasta el momento ha negado todo. Cuando se ejerció más presión al Gobierno de Peña Nieto, éste arremetió:
«Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno.»
«Me confundí en la última parte, creo que me expliqué inadecuadamente, por eso que he querido aclarar este punto con ustedes (…) ¿Por qué habría de tener alguna acción en contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario (…) somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona».
Hasta ahora, las personalidades que sufrieron estos ataques fueron:
Azam Ahmed, Salvador Camarena, Daniel Lizárraga, Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y -como un señuelo- Carlos Loret de Mola, el único partidario del Gobierno priista; Andrés Villarreal e Ismael Bojórquez, periodistas del semanario Ríodoce, Griselda Triana, la periodista viuda Javier Valdez; las y los fundadores de la organización Quinto Elemento: Marcela Turati; Alejandra Xanic, ganadora de un Pulitzer de periodismo; Ignacio Rodríguez Reyna y Daniel Lizárraga, quien fue expulsado de su país por el Gobierno de Nayib Bukele; Cecilio Pineda Brito, quien el 2 de marzo del 2017 fue asesinado a balazos en la calle y algunos días antes fue interferido dos veces.
La lista continúa: periodistas de la siempre objetiva revista Proceso, Jorge Carrasco (director actual), Rafael Rodríguez Castañeda (exdirector), Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Álvaro Delgado y Jenaro Villamil, quien funge hoy como titular del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Raphael, Yuriria Sierra y Luis Hernández Navarro; y, para no “levantar sospechas“, personalidades cercanas a Peña Nieto: Salvador García Soto, Pascal Beltrán del Río, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Pablo Hiriart y Lourdes Mendoza.
El Gobierno de Peña Nieto fue enmarcado, entre otros atropellos y vejaciones, por tener al país más peligroso en Latino América para ser periodista. Artículo 19 informó que hubo más de 2,000 agresiones a la prensa, consumando 47 asesinatos. Por ello, fue muy cuestionable la supresión del fideicomiso del fondo para la protección de periodista de la Cámara de Diputados y el Senado.
En su momento, Emmanuel Colombié, Director de la oficina de RFS en América Latina, solicitó al presidente López Obrador explique de qué forma se remplazarán las atribuciones que tenía este fideicomiso. Hasta el momento la respuesta no ha sido clara.
