El modelo económico y el desarrollo
(LeMexico) – El CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria), el único centro de análisis mexicano que genera cálculos independientes de los ingresos fiscales y de los registros presupuestarios, estima que los ingresos de los estatales apenas llegan 0.9% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es 8.7% del producto y la recaudación de Argentina de 4%.
En su reporte más reciente, Ingresos Públicos en México, Hacia un Nuevo Sistema Fiscal, propone alternativa. Una sencilla es que si todos los estados siguen los pasos de aquellos que más recaudan de Impuestos sobre Nóminas, Predial y Tenencia Vehicular, es decir adoptan las mejores prácticas de fiscalización entre las entidades, la recaudación sub nacional total alcanzaría los dos puntos del producto. Sería una política similar a la de la federación: no subir los impuestos ni crear nuevos, pero sí administrar mejor los que se tienen, combatir evasión y excepciones fiscales.
Ahora, existen alternativas adicionales de ingresos locales. Una de ellas es captar la plusvalía que se genera en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. No se trata exactamente de un impuesto, sino con quedarse con una parte de la riqueza que se genera al administrar un bien que es propiedad de las ciudades: el uso de suelo. Hasta la fecha, en México, un cambio en la regulación inmobiliaria para crear vivienda y crecimiento económico, por ejemplo, un incremento en la intensidad de construcción de un predio, beneficia solamente al desarrollador, que no paga por dichas acciones regulatorias que le benefician.
Si la Ciudad logra captar parte de esa riqueza que se genera por regulación, contaría con recursos muy importantes para invertir en infraestructura de lugares con gran desarrollo inmobiliario, como las grandes ciudades, los centros turísticos y ciudades medias de gran crecimiento, tales como Querétaro o Aguascalientes.
Se trataría de recursos adicionales a las llamadas medidas de mitigación, es decir a lo que el desarrollador tiene que invertir para compensar el mayor uso que se tendrá en la zona de servicios como agua, drenaje o de las vialidades. Es un pago a la ciudad por una regulación que le beneficia, porque incrementa el valor de la tierra. Idealmente, estos recursos se deben invertir en la propia zona, para socializar la generada por el desarrollo inmobiliario, en bienes como mejor espacio público, seguridad ciudadana o servicios hidráulicos.
En el plan parcial de Vallejo, en Azcapotzalco, se establece un uso de suelo base y la posibilidad de construir niveles adicionales, hasta un límite razonable, tanto para edificios industriales como de vivienda, previo pago de derechos. Los recursos tendrán que ser invertidos en la zona, de acuerdo con el catálogo de necesidades de inversión establecido en el mismo programa parcial. La recuperación de plusvalías está legislada y se practica en países como Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador.
Los ingresos por este mecanismos son crecientes, se calcula, por ejemplo, que en Medellín, Colombia, alrededor del 50% del gasto público en vialidades ha sido pagado por este tipo de contribuciones. Algo similar pasó en Cuenca, Ecuador.
