El fin de la fiesta democrática

Tabula Rasa

(LeMexico) – Las elecciones que se vienen serán las más grandes en México, las que más electores, candidatos y recursos movilizará. Esta frase se repite cada tres años. Nos encanta señalar que lo que viene será histórico. Es una propensión para querer magnificar lo que se está viviendo. Pero más allá de lo anterior, lo cierto es que se ha venido incrementando un tema que, si bien nunca ha desaparecido de nuestro ambiente político, ha tomado tintes preocupantes. Me refiero al asunto de la creciente violencia y muerte en torno a las elecciones.

En febrero, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, cuya principal propuesta fue establecer mesas de seguimiento con los gobiernos estatales, como quien dice, nada concreto. La SSPC señala en el informe de seguimiento a lo sucedido en abril, que de 234 casos reportados se le ha brindado protección a 65 candidatos, de los cuales la Guardia Nacional realiza 14, las policías estatales 40 y el resto policías municipales. Reporta un saldo de 12 homicidios y da un dato adicional, 48% de los casos reportados son en San Luis Potosí́, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. 

La cifra de muertes no coincide con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021de Etellekt Consultores. Ahí se reportan 476 hechos delictivos en contra de candidatos y 79 homicidios. Los estados donde se reportan la mayor cantidad de delitos son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luís Potosí, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato. Estas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas globales. Mientras que los homicidios han sucedido en Veracruz, Jalisco, San Luís Potosí, Baja California, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Morelos. Recordemos que son cifras a abril, por lo que no es reportada el asesinato del ex fiscal de Sonora. Otra consultora, Integralia, contabiliza 169 incidentes de violencia política en México, con un saldo de 143 muertos en Veracruz; Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Guanajuato.

Como podemos ver, la forma de contabilizar es distinta porque, en el sentido del clásico de nuestros tiempos, cada uno tiene sus datos. En comparación con 2018, Arturo Alvarado Mendoza en Violencia política y electoral en las elecciones de 2018 publicado en la revista Alteridades, número 29, habla de 140 muertos, y con la violencia concentrada en 10 estados: Puebla, Guerrero. Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí, donde se acumuló el 80% de la violencia. Dependiendo del conteo podemos decir si se ha incrementado o no la violencia. Otro dato, es que proporcionalmente son números muy bajos, si consideramos que el universo electoral para este 2021 es de 21 mil cargos a puestos de elección popular y más de 150 mil candidatos.

Históricamente, la existencia de violencia en las elecciones no es algo nuevo. Gonzalo N Santos, el gran cacique revolucionario, en sus cínicas y maravillosas Memorias, apunta que el día de la elección de Manuel Ávila Camacho, “arremetimos contra esa casilla a pistolazos y como hubo algunos que dispararon en contra de los nuestros le contestamos en forma enérgica a balazo limpio”. Ese era el ambiente en torno a las elecciones. 

El gran triunfo de la revolución mexicana fue procesar la sucesión presidencial sin violencia dentro del grupo de la élite gobernante. Si bien no se erradicó la violencia por completo, ésta se focalizaba a regiones específicas y obedecía más a conflictos irresolutos que a la lucha por el poder. En el viejo sistema político, el Estado ejercía la violencia como último recurso en el escenario político en contra de los opositores, con el fin de mantenerse en el poder. Con la apertura del sistema y la evolución de las reglas democráticas, las elecciones empezaron a conocerse como la fiesta de la democracia.

Sin embargo, lo anterior empezó a cambiar con el cambio de siglo. La competencia electoral demandaba muchos recursos para las campañas, la posibilidad de la alternancia llevó a romper o rediseñar viejas alianzas. Al mismo tiempo, se transformaba el mercado para los cárteles del narcotráfico, pasando de la siembra de droga y el trasiego a los Estados Unidos a ser vendedores y distribuidores en territorio nacional. Esta combinación modifico los escenarios.

Es Salvador Romero, en su libro Elecciones en América Latina, quien mejor plantea lo que estaba pasando en México y en el resto del continente, al plantear que se han presentado tres transiciones de la violencia: actores, objetivos y escenarios.

“La primera transición concierne los actores. Se ha pasado de una violencia generalizada contra o desde el Estado ejercida por actores politizados, con una amenaza sobre la posibilidad misma de celebrar la elección o con una organización bajo formatos restrictivos y excluyentes, a una ejecutada por actores apolíticos, de presencia localizada, que pugnan por el control territorial que ofrece las elecciones. La segunda transición se da en los objetivos. La violencia ya no atenta contra las elecciones, sino que se cuela en ellas. La tercera transición desplaza el foco de la violencia de las elecciones generales o presidenciales a las locales”.

Es decir, la violencia proviene de los grupos delincuenciales que quieren participar con sus propios actores o bajo el dominio de sus intereses dentro del proceso electoral y centrándose en objetivos más pequeños e inmediatos, los municipios.

Habitualmente, los cárteles del narcotráfico se dedicaban a corromper a autoridades para que les dejaran pasar la droga por el territorio nacional. El soborno se configuraba en una especie de impuesto al tránsito de mercancía en puertos, aeropuertos, carreteras, o bien, para que no se investigara judicialmente. El acuerdo tácito era que los políticos se dedicaran a la política y los narcotraficantes a su negocio. De esta forma los políticos se enriquecían con el pago de los narcotraficantes a cambio de protección e impunidad. 

La violencia, a diferencia de otras épocas y otros países no está ligada a una ideología, ni a una concepción del quehacer político, vaya, ni siquiera está ligada a grupos guerrilleros como en su momento lo fueron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador o la Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, tampoco a los movimientos separatistas vascos de ETA en España o del IRA en Irlanda del Norte. En México, la violencia corresponde al hecho de que los delincuentes pretendían influir, imponer o intimidar a presidentes municipales para tener campo libre para realizar la producción, traslado y venta de estupefacientes.

Carlos Bravo Regidor, Marc Grau Vidiella y Gerardo Maldonado Hernández en un estudio del CIDE de 2014 llamado Elecciones, Violencia y Estructura Social (EVES). Base de Datos Integral de Municipios Mexicanos, se plantean el efecto que tiene la violencia en la participación electoral, y señalan, tras elaborar una serie de datos, que la violencia tiene menos efectos cuando se produce en municipios con mayor desarrollo humano y, al revés, en los municipios con menor desarrollo humano, la presencia de la violencia inhibe la participación política. Así planteada el asunto podría parecer sencillo, pero es más complejo.

Otro estudio, el de Miguel García Sánchez en su artículo Control territorial y decisión de voto en Colombia un enfoque multinivel, publicado en la revista Política y Gobierno, volumen 23, número 1, señala que la influencia de la violencia en el comportamiento electoral en el caso de Colombia tiene una relación directa con el apoyo al presidente en turno: a mayor control territorial de grupo delincuenciales menor apoyo y viceversa. García Sánchez se enfoca en el respaldo político 

Por otra parte, en Competencia electoral y violencia del crimen organizado en México, Raúl Bejarano Romero (Gobierno y política, volumen 28, numero 1), se centra en “que a medida que los grupos del crimen organizado han transformado sus actividades y se han vuelto más dependientes del control de territorios locales, la alternancia de los partidos políticos en el poder municipal incrementa la violencia relacionada con el crimen organizado en el mediano y largo plazos al desestabilizar las redes de protección estatal”. 

En este sentido se junta lo siguiente: la alternancia en el poder viene acompañada por movimientos dentro de las estructuras municipales; los narcotraficantes necesitan del control territorial para la venta de droga en las calles; al no existir esas alianzas entre narcotraficantes y autoridades locales la violencia se dispara y el siguiente objetivo es incrustarse dentro de las estructuras municipales y controlar los cargos de policía, de obras públicas y de los subsidios que entrega el gobierno federal.

La nueva y preocupante lógica de la delincuencia organizada es que no les interesa apoyar a uno u otro partido político, su objetivo no es ideológico o político, aunque seguramente algún dinero fluye para las campañas a gobiernos estatales o diputaciones federales y locales. Lo realmente importante para estos grupos es tener un control territorial y eso lo obtendrán con la estructura municipal. La amenaza, la intimidación y el asesinato a candidatos están mandando un mensaje claro: si el gobierno no atiende el problema con seriedad, la fiesta de la democracia llegará a su fin.

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