Debate sobre la liberación de las patentes de las vacunas anti COVID-19: ¿quién a favor, quién en contra y qué implica?

(LeMexico) – La tarde de ayer, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió con su pronunciamiento a favor del levantamiento temporal de las protecciones de propiedad intelectual -patentes- con las que cuentan las vacunas contra el COVID-19 para que se puedan replicar en otras partes del mundo y así combatir efectivamente y poner fin a esta nueva enfermedad.

La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció esta posición de su gobierno en un comunicado, el cual expresa:

“Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias (…) El gobierno (de Estados Unidos) cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero apoya la renuncia a esas protecciones para las vacunas para la COVID-19 en servicio de poner fin a esta pandemia”.

Igualmente, Tai añadió que tomaría tiempo alcanzar el “consenso” global necesario para que las farmacéuticas renuncien a estas protecciones. Además, Estados Unidos participaría en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, a fin de que se pueda permitir la liberación de las patentes.

Tras el comunicado, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró en redes este pronunciamiento y calificó a Biden y a su gobierno como “un poderoso ejemplo de liderazgo para abordar los desafíos de la salud mundial”, además de que esta propuesta “refleja la sabiduría y el liderazgo moral de para apoyar y trabajar para poner fin a esta pandemia”.

Dicha congratulación se da luego de que la OMS lamentara la desigual distribución de las vacunas entre los diversos países del orbe, pues, de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, más de 130 países no han recibido una sola dosis de estos biológicos, mientras que 10 naciones, todas ellas desarrolladas, concentraban el 75% de las inmunizaciones aplicadas. Asimismo, la OMS considera que las poblaciones de los países del “hemisferio sur” tendrían que esperar por lo menos dos años más para ser inoculados.

No obstante, a la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA, por sus siglas en inglés), no le cayó tan bien la propuesta de Estados Unidos, pues la calificó de decepcionante.

“Estamos totalmente alineados con el objetivo de garantizar que las vacunas contra la COVID-19 se distribuyan de forma rápida y equitativa en todo el mundo. Pero, (…) una exención es la respuesta simple pero equivocada a lo que es un problema complejo”.

De igual modo, la IFPMA alega que la renuncia a las patentes “no aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas necesarias para combatir esta crisis sanitaria mundial“, sino que, por el contrario, es probable que provoque “trastornos” y, a la vez, quite la atención de los verdaderos desafíos que se tienen para aumentar la producción y distribución de las vacunas a nivel mundial, tales como “la eliminación de las barreras comerciales, la solución a los embudos en las cadenas de suministro, la escasez de materias primas e insumos en la cadena de suministro y la voluntad de los países ricos de compartir las dosis con los países pobres“.

“La única manera de garantizar una rápida ampliación y un acceso equitativo a las vacunas para todos los necesitados sigue siendo un diálogo pragmático y constructivo con el sector privado”.

¿Qué implicaría liberar las patentes de las vacunas del COVID-19?

Las patentes, que son derechos de explotación exclusiva a ciertas empresas, tienen el supuesto objetivo de proteger e incentivar la investigación e innovación –en este caso, de las vacunas-, con las ganancias obtenidas de la venta del producto patentado.

Sin embargo, durante esta época de pandemia se ha considerado que las empresas que han desarrollado y patentado los biológicos contra esta nueva enfermedad se han beneficiado de la crisis sanitaria, aunque puede que no sea así.
Esto debido a que, a pesar de que muchas farmacéuticas han recibido millonarios apoyos gubernamentales para crear vacunas contra este virus, empresas como Johnson & Johsnon y AstraZeneca han determinado venderlas a “precios de costo”, es decir, a no obtener ganancias. No obstante, otras como Pfizer, afirman que los inversores privados asumen gran parte del riesgo, por lo que tienen derecho a las ganancias.

Es por esta defensa de las ganancias y del derecho de explotación, que las farmacéuticas justifican que no es viable la propuesta de la liberación. A pesar de ello, de acuerdo con Jaime Espín, abogado y economista de la Asociación de Economía de la Salud (AES), ahora que parte de la investigación sobre las vacunas se ha realizado con fondos públicos, también tendría que haber participación del sector público en los derechos de propiedad intelectual que surgen de ellos.

Aunque también, en palabras del profesor de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, “Antes de liberar patentes habría que preguntarse y asegurarse de que somos capaces de fabricarlas en un tiempo récord y esto no es tan fácil”. Este mismo experto considera que es más eficaz “apostar por la colaboración y la solidaridad” para que haya vacunas para todos. Esto mediante un cofinanciamiento para reducción de costes, así como reservar parte de la producción para países que no puedan adquirirlas -como el programa COVAX de la OMS-, y también un acuerdo entre farmacéuticas y gobiernos con infraestructura para fabricar vacunas, para realizar las propias, pero con la materia intelectual de las primeras.