La confianza electoral
(LeMexico) – En el corazón de la democracia sin duda se encuentran las elecciones. En estos tiempos no se puede entender la una sin las otras. Aunque la democracia sea hoy en día un concepto muy amplio, confiamos en que la mejor forma de acceder a los cargos de representación es a través del voto de la ciudadanía. Tan es así que donde no se lleven a cabo comicios no se considera que haya democracia y tan extendida es esta legitimidad que hasta en los países donde existen gobiernos autoritarios, como Turquía o Rusia, tratan de disfrazarse de demócratas con elecciones amañadas.
Durante muchos años, las discusiones en las aulas y en los medios de comunicación eran acerca de la transición a la democracia. Este concepto surge como una propuesta teórica a una serie de acontecimientos que sucedieron en los años 70 en Europa y en los 80 en América Latina. Básicamente, hablaba de que existía un gobierno autoritario, donde las libertades no estaban extendidas, no se permitía la participación ciudadana y las elecciones eran inexistentes, pero que llegaba un momento en el cual del gobierno autoritario se transitaba a uno democrático.
En los modelos señalados por Guillermo O’Donnell y Phillipe C. Scmitter en Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, el paso del autoritarismo a la democracia se basaba en un acuerdo entre élites, siendo el Pacto de la Moncloa español el ejemplo más conocido. La transición completaba su primer ciclo en el momento de la celebración de unos comicios libres y equitativos.
En México, el discurso era que la transición a la democracia tendría que pasar necesariamente por la confianza de unas elecciones limpias. De ahí la obsesión por el tema electoral que aún nos persigue. Años de fraudes, trampas, leyes y árbitros a favor del PRI hacían que las elecciones se vieran con desconfianza. En este sentido, la primer gran reforma electoral constitucional se da en 1977 para permitir la incorporación de 100 diputados de oposición vía la figura de representación proporcional y luego, en 1986 se ampliaba a 200.
Fue con las elecciones de 1988 cuando se marcó el parteaguas en cuanto a considerar las elecciones como el modo seguro y pacífico de transición y ejercicio del poder. Las enormes irregularidades, las acusaciones de fraude y una autoridad electoral emanada del gobierno (el presidente de la Comisión Federal Electoral era por ley el Secretario de Gobernación) presionaron a Carlos Salinas a proponer cambios en la legislación electoral con el fin de destensar el ambiente político y tener unas elecciones confiables.
A partir de 1990 se sucedieron una serie de reformas a las leyes electorales con el fin de adecuar el marco legal a las nuevas dinámicas políticas, emanadas principalmente por parte de la oposición que consideraba con justa razón que el juego estaba cargado a favor del gobierno. En este sentido, se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se crea el Instituto Federal Electoral (IFE). Aunque se mantiene al Secretario de Gobernación como presidente del Consejo General, ya se incorporaron seis Consejeros Magistrados sin filiación partidista y con trayectorias predominantemente académicas.
Era un paso para hacer del IFE un árbitro neutral y para corregir las fallas en el sistema electoral, como por ejemplo crear un Tribunal Electoral. Levantar un padrón electoral y para evitar que una persona pudiera votar muchas veces, se creaba la credencial para votar con fotografía.
Al considerar que eran insuficientes las adecuaciones, la oposición del PAN y de la izquierda que en ese entonces se aglutinaba en el PRD (que de último minuto decidió no apoyar las propuestas) impulsaron las reformas electorales en 1994, donde se establecían una serie de procedimientos para hacer más transparentes los comicios y tratar de lograr lo que en la época se le denominaba “piso parejo” mediante una incipiente regulación al financiamiento de los partidos políticos. Cabe señalar que para integrar el Consejo General se eligieron Consejeros Ciudadanos.
Como se acusó que la elección de Ernesto Zedillo fue inequitativa, en 1996 se da otra reforma constitucional para, entre otras medidas, incorporar el financiamiento público como predominante sobre las aportaciones privadas, se establecen mecanismo de distribución más equitativa de tiempos publicitarios en radio y televisión, y, sobre todo, se le otorga autonomía constitucional al IFE separándolo completamente del poder ejecutivo, con la idea de que el presidente de la República no pueda intervenir en las elecciones, eligiéndose un Consejo General completamente ciudadanizado.
La elección del 2000 no repercutió en otra reforma constitucional, porque con el triunfo del PAN se ocultó un tanto los escándalos de financiamiento de “Los amigos de Fox” y el “Pemexgate”, pero sería la cerrada elección de 2006 la que impondría la necesidad de una nueva reforma constitucional impulsada principalmente por partido perdedor, el PRD.
El candidato de dicho partido siempre ha dicho que perdió por un fraude “a la antigüita” y a una campaña de desprestigio en contra de su persona con el slogan de “un peligro para México”. En consecuencia, la reforma de 2007 incluyó prohibir la compra de espacios en medios de comunicación a particulares y la propaganda negativa.
Finalmente, o por lo menos hasta el momento, y nuevamente por presiones de la oposición, en esta ocasión por el PAN, que consideraba que los gobernadores tenían demasiada influencia dentro de la organización y vigilancia de los comicios locales, es que el máximo organismo electoral deja de ser exclusivamente federal. Es decir, que solo tenía injerencia en las elecciones para presidente de la República y del Congreso de la Unión.
A partir de la reforma constitucional de 2014, se convierte en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que sería el encargado único de todas las elecciones federales, estatales y municipales. El Consejo General del máximo órgano electoral que empezó en 1990 con 6 integrantes, luego pasó a 9 para llegar a 11 consejeros con el INE.
El camino que ha recorrido la democracia en México ha sido muy largo, para algunos muy lento, pero sin duda apoyado en las elecciones y las leyes e instituciones que las regulan. De 1977 a la fecha, van 13 elecciones federales y 8 reformas constitucionales. Como señala Mauricio Merino en La transición votada: “en lugar de ser una transición pactada, la mexicana ha sido, por llamarla de alguna manera, una transición votada. Además, no ha habido una ruptura con el régimen anterior, sino que por el contrario, el cambio se ha basado en una apertura gradual y continua. Por último, en vez de una transformación de las reglas del juego, lo que ha ocurrido ha sido una recuperación de las instituciones ya existentes, más que en el diseño de nuevas”.
Sin todas estas transformaciones y acuerdos en torno a los órganos lectoral (hay que incluir al Tribunal Electoral Federal) no entenderíamos que los últimos tres presidentes de la República han pertenecido a tres diferentes partidos.
En la obsesión de que la siguiente elección (no importa cuando se lea esto) es “la más importante en la historia para México”, se han enfocado las críticas al árbitro, es decir al IFE o al INE, señalando previo a las elecciones que solo se puede perder si el INE no interviene para detener las trampas o por intervenir demasiado en contra de algún actor político. Este discurso se acompañaba cuando los actores señalan que perdieron la elección porque les hicieron fraude (que nunca comprueban).
El INE es tan grande e imperfecto como los actores políticos lo han construido. Lo habitual ha sido ir adaptando las reglas a los reclamos de la oposición. Lo inédito es que ahora los reclamos vienen desde el gobierno y del partido en el poder, algo no visto ni cuando gobernaba el PRI. Los ataques a la organización de las elecciones es algo que hizo Trump y puso en crisis a la democracia en su país.
David Van Reybrouck dice en Contra las elecciones: cómo salvar la democracia que “las elecciones son el combustible fósil de la política: igual que el petróleo a la economía, en su momento proporcionaron un impulso fabuloso a la democracia, pero ahora todo indica que están causando problemas colosales”.
La actitud del presidente y de sus seguidores en torno al proceso y resultados de las elecciones del año pasado en los Estados Unidos pusieron en riesgo la democracia en ese país, no permitamos que los próximos comicios hagan lo mismo con la democracia en México. Evidentemente la democracia no es el INE, pero sin la confianza en el árbitro (antes, durante y después) la ciudadanía volverá a desconfiar en las elecciones.
Si los fantasmas en torno a una regresión democrática, donde la división de poderes se vea socavada, donde la razón sea sustituida por el estruendo de voces que no quieren debatir sino imponer, donde la ley se vea avasallada por la consigna, si esos riesgos se vivieron en una democracia de más de doscientos años de tradición, ¿qué le espera a países como México donde la consolidación democrática es un esfuerzo constante?
Quizá sea hora de reflexionar en torno a lo que nos dice Laurence Whittehead en Democratización. Teoría y experiencia: “sin duda alguna, se podría hacer más para mejorar el diseño formal de las instituciones democráticas mexicanas, pero no demasiado. Así que la pregunta principal que queda por hacer es si las fuerzas políticas existentes en la sociedad probarán ser confiables y hábiles para trabajar dentro de las instituciones formales que heredan”. La confianza de nuestras instituciones y de nuestras fuerzas políticas la conoceremos en unos meses.
