ONU pide transparencia y respeto a los pueblos indígenas en la construcción del Tren Maya, temen posible militarización

Esta preocupación fue plasmada en una carta expedida por seis relatores de la ONU al gobierno de México. Piden el cese de las actividades hasta que esclarezcan y respeten los derechos se están violentando.

La ONU considera que el gobierno mexicano está violentando los derechos humanos, principalmente los de los pueblos indígenas, pues seis de sus relatores hicieron el señalamiento de una lista de violaciones cometidas con el mega proyecto Tren Maya, por todo lo largo y ancho de su trayecto.

En la carta que enviaron, manifiestan que podría darse una militarización, debido a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los tramos que competen a Tulum, Campeche y Quintana Roo a Escárcega, serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. La presencia de los militares da pie a que las comunidades indígenas sufran violaciones a sus derechos.

La carta fue dada a conocer por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, donde también se señala que ya hubo violaciones hacia los indígenas, dándoles información falsa en la consulta indígena, pese a que en esos procesos se tuvo a personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Acusan que el gobierno y Fonatur, no dieron información clara sobre indemnizaciones y apropiación de las tierras, el caso más sonado fue hace un mes, donde en LeMexico le informamos de los pobladores que detuvieron las obras en el tramo Calkiní en Campeche a Izamal en Yucatán, pues exigían los pagos de su indemnización, que resultaron ser expropiaciones pagadas en pesos, cuando los terrenos se cotizan en dólares.

Además, manifiestan su completa preocupación ante los estudios de impacto ambiental, pues estos son inadecuados y no detallan todos los riesgos y daños que causarán al ambiente. A continuación, algunos fragmentos de la carta de la ONU:

Quisiéramos señalar nuestra grave preocupación por los posibles impactos del llamado proyecto de desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del proyecto causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua.

Lo más relevante y urgente, es que se suspendan las obras de construcción del Tren Maya hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el marco del Convenio 169 de la OIT, y cumpla con todas las garantías de derechos humanos antes de proseguir con la construcción.

A esta carta formal, se le suma el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el International Service for Human Rights, el Consejo Regional y Popular de Xpujil y la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, haciendo un llamado al Gobierno Federal a acatar las medidas, respetar los derechos indígenas y cumpla como es debido con sus obligaciones monetarias al daño a la propiedad, a las comunidades y al ambiente, mientras tanto que no se realice ninguna actividad más.

Hasta el momento, ni el presidente, ni Rogelio Jiménez Pons, han dado una réplica al respecto de esta misiva de la ONU.

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