“Con el fango hasta las rodillas”: Los costos hundidos de la violencia
Abril registró una pequeña disminución de los homicidios dolosos. Algunos quisieran ver en este hecho un cambio en el comportamiento alcista de la violencia letal observada en los últimos tiempos. ¡Nada más alejado de la realidad!
Como fenómeno multidimensional, la violencia puede presentar variaciones de corto plazo que no necesariamente indican un cambio de tendencia. Una golondrina no hace verano. El presidente lo sabe muy bien, a diferencia de otros momentos, se muestra cauteloso: “en los datos de este mes -dijo- hay una disminución en homicidios y en otros delitos, pero muy marginal”1.
Los niveles de violencia observados continúan siendo muy altos. De mantenerse, el año que corre será más violento que el último de Peña Nieto. Durante el primer cuatrimestre de 2019, se abrieron 9 mil 843 carpetas de investigación por homicidios dolosos, incluidas en ellas 294 denuncias por feminicidio. En conjunto, esta cifra es 6.3% mayor a la observada entre enero-abril de 2018, periodo en que se registraron 9 mil 263 reportes de asesinatos intencionales.
Por su parte, entre el primer cuatrimestre de 2018 y el mismo de 2019, las víctimas mortales crecieron en un 6.7% al pasar de 10 mil 807 a 11 mil 532. Es decir, hasta mayo del 2019 se registraron 725 personas asesinadas más que en los primeros cuatro meses del año pasado. La brecha entre homicidios dolosos y víctimas tiende a ser más amplia ahora que antes.
Mientras la violencia delictiva crece, el Congreso se apresuraba a validar el marco jurídico de la Guardia Nacional. El nivel de inseguridad alcanzado parece justificar el voto unánime de todos los partidos y el respaldo que la medida tiene entre una ciudadanía acosada por la delincuencia, cuya violencia cada vez más irracional, indiscriminada y mortal, adquiere en algunos momentos tintes terroristas.
El presidente López Obrador sabe muy bien que la inseguridad fue la lápida de sus antecesores y de no avanzar en su solución, puede ser la de la 4T. Frente a este escenario, el dilema se presentó en los términos siguientes:
a) optar por una nueva estrategia de seguridad pública, con posibilidades, aunque fueran bajas, de enfilarse en el camino de la pacificación del país o;
b) continuar la apuesta en favor de la estrategia de combate al crimen organizado, en la que México además de tiempo, ha invertido cuantiosos recursos públicos, y a sabiendas de que ha rendido resultados poco satisfactorios para la sociedad.
Contrario a lo esperado por muchos, la decisión fue escalar el compromiso con la estrategia tradicional que muchos han calificado de guerra inútil. Las fuerzas armadas -ahora vestidas de civil-, son llamadas, de nueva cuenta, a desempeñar la tarea principal en la disminución de los índices delictivos, “ya tenemos un marco legal que nos permite apoyarnos en el Ejército, en la Marina, para labores de seguridad pública”, señaló el presidente2.
Todo parece indicar que miles de millones de pesos gastados y cada muerte acumulada hacen más difícil asumir la responsabilidad de declarar el fracaso de la estrategia seguida hasta ahora, dar vuelta a la página y diseñar e implementar una nueva línea de acción.
Al escalar el compromiso, la 4T se hunde en un terreno fangoso del cuál nadie sabe como salir, así lo muestran los doce años que lleva instalada en el país la crisis de seguridad y derechos humanos. Los grupos delictivos han transmutado su actividad, no opera igual hoy que 12 años antes, el fenómeno de la inseguridad se ha vuelto más complejo. El nuevo gobierno desperdició los meses previos a la toma de posesión. Tiempo valioso que debió haber sido aprovechado para delinear y formular una estrategia de seguridad con paradigmas diferentes.
Pero, ¿qué llevó a la 4T a optar por más de lo mismo? Una respuesta a esta interrogante puede encontrarse en la Economía del Comportamiento, que establece que cuando se realiza un gasto o inversión, en este caso en seguridad pública, que no produce una utilidad de transacción, pues no genera resultados palpables disminución de la incidencia delictiva-, dicho gasto en lugar de ser tomado como un costo hundido es considerado una pérdida, lo que debería llevar a los gobiernos y a la sociedad a revertir las decisiones o conductas cuyas consecuencias han sido negativas, para buscar otros caminos de acción, pero que no lo hace3.
En los hechos, entre aquellos que son responsables de tomar decisiones en torno de una política pública y entre la sociedad, opera un sesgo (auto-justificación) que distorsiona las decisiones fallidas y sus resultados para racionalizar un error de comportamiento. Las cosas están obligadas a mejorar, nos dejaron un cochinero, es una situación de emergencia, se suele pensar y decir
De tal suerte que, Cuando se incurre en consecuencias negativas, (…) a menudo es posible que quien toma las decisiones amplíe considerablemente el compromiso de los recursos y corra el riesgo de obtener resultados negativos adicionales para justificar un comportamiento anterior o demostrar la racionalidad definitiva de un curso de acción original6.
Lo que tiende a convertirse en un círculo vicioso que, en el campo de la seguridad pública ha llevado a lo largo de casi trece años a comprometer un mayor número de efectivos en la lucha contra el crimen organizado, a aumentar la capacidad de fuego (más armas y más potentes), a disponer de mayor infraestructura y equipamiento policial y militar, y a elevar la capacidad instalada de los penales, siempre rezagada, etc.
Esto fue lo que se hizo durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, esto es lo que se está haciendo ahora. Ejemplos de ello sobran, uno de ellos es la decisión de desplegar más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional en Michoacán.
El riesgo de no reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad seguida hasta ahora, basada en la contención y combate al crimen organizado, con los costos de imagen que ello implica, es que al final del sexenio, nos encontremos de nueva cuenta discutiendo sobre la pertinencia o no de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y la necesidad de destinar más recursos para ese fin, a pesar de que, en ese momento, los resultados no sean los esperados por todos.
El riesgo de no reconocer el fracaso de la estrategia de seguridad seguida hasta ahora, basada en la contención y combate al crimen organizado, con los costos de imagen que ello implica, es que al final del sexenio, nos encontremos de nueva cuenta discutiendo sobre la pertinencia o no de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles y la necesidad de destinar más recursos para ese fin, a pesar de que, en ese momento, los resultados no sean los esperados por todos.
1Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 20 de mayo de 2019
2Idem
3Thaler, Richard. Todo lo que he aprendido con la psicología económica. Capítulo 8
4Staw, Barry. Knee-Deep in the Big Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action. Organizational Behavior and human performance. 16, 27-44 (1976)
