Cambiar, para seguir igual: de las adjudicaciones directas y la herencia del gobierno neoliberal
Unas de las características propias de las democracias en donde no existe la cultura de la transparencia y del gobierno abierto son la poca o nula rendición de cuentas, la corrupción, los compadrazgos y la falta de contrapesos.
Los casos más emblemáticos que pueden ejemplificar el párrafo anterior, es el caso de las adjudicaciones directas: cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o realiza una obra, tiene tres alternativas:
- Hacer una licitación pública.
- Invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
- Adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin que haya un proceso de competencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, fracción segunda, menciona que “(…) Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
Por lo tanto, las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser regla obligatoria para cumplir con los mandatos constitucionales de transparencia y rendición de cuentas.
Sin duda alguna las administraciones anteriores fueron un ejemplo de opacidad en cuanto a adjudicaciones directas se refiere. Por ello, la nueva administración, autonombrada como “cuarta transformación” estableció en su Plan Nacional de Desarrollo: 2019-2024 que, dentro de su estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a prohibir las adjudicaciones directas:
“(…) Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos(…)” , así, el presidente aseguraba el 22 de agosto de 2020 que estas actividades ilícitas que prometió eliminar de tajo era una herencia del “neoliberalismo”.
Cabe destacar que una de las principales causas de esta “cuarta transformación” fue eliminar todo tipo de corrupción, pues en administraciones pasadas los casos de robo al erario fueron casi de manera descarada. Eso explica el por qué de los más de 15 Congreso Locales en poder de la “cuarta transformación” y de la victoria abrumadora de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
No obstante, aunque una de las principales banderas y promesas del titular del Ejecutivo Federal y de su movimiento era eliminar la corrupción que tanto dañó a la gente en sexenios anteriores y que según fue causa del “neoliberalismo”, esta administración es la que más adjudicaciones directas ha hecho en la historia reciente en tan solo en un año de su mandato, pues para 2019 las adjudicaciones directas representaron 78.16% de los contratos otorgados por el gobierno en turno. Es decir, tres de cuatro contratos se entregaron sin licitación alguna.
Las instituciones que más han celebrado contratos vía adjudicación directa en 2019 son:
- IMSS con 39,927
- DICONSA con 21,468
- ISSSTE con 7,122
- CINVESTAV con 2,833
- SEMAR con 2,223
Estas cifras, en lugar de mostrar una transformación o cambio prometido, revelan que el gobierno está siguiendo, en este cometido, las mismas costumbres de sus antecesores y de la supuesta herencia del “neoliberalismo”.
Es un hecho que la promesa de la “cuarta transformación” de terminar con la herencia “neoliberal” de la corrupción y con las adjudicaciones directas ha quedado trunca, pues según varias investigaciones han mostrado de forma contundente que no solo no se ha erradicado esta práctica que impide el mejoramiento de la democracia y de la cultura de la transparencia que tanto prometió su movimiento, sino que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido la que más adjudicaciones directas ha hecho en la historia reciente del país. Por ello, es vital que se haga cumplir uno de sus lemas de campaña: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Así, se espera que llegue la transformación y se castigue a los funcionarios responsables que han violado de manera cínica lo que mandata la carta magna y no se presente el mismo hecho que se suscitó en el Congreso de la Ciudad de México, en donde su bancada votó en contra para que la Fiscalía investigará a sus funcionarios que robaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por más chusco e irónico que parezca.
Hoy, la cuarta transformación forma parte de aquella herencia “neoliberal” que juró y prometió destruir, hoy, forma parte del mismo común denominador que gobiernos pasados: el de la corrupción e impunidad.
No hay diferencias.
