Tabula Rasa

La asignación de recursos económicos es siempre una de las tareas más difíciles. En este sentido, nos dice el Nóbel de Economía Paul Samuelson en su libro “Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica”, que “los bienes son escasos y la economía (en este caso, el gobierno) debe utilizar sus recursos con eficiencia”, entendiendo por eficiencia la “ausencia de desperdicios o uso de los recursos económicos que producen el nivel máximo de satisfacción posible con los insumos y tecnologías dados”.

Por lo tanto, atendiendo lo anterior, resulta imposible no preguntarse por qué nuestros gobiernos han desperdiciado tantos recursos y por qué tanta gente, pese a la repartición de recursos, sigue insatisfecha. La respuesta no es sencilla. podemos ir desde la insuficiencia de recursos como a la aplicación en programas impopulares o francamente innecesarios. El espectro es demasiado amplio como para abordarlo en una cuántas páginas.

Con la propuesta de desaparecer fideicomisos pasa algo parecido. Tratando de simplificar al máximo, un fideicomiso público es la entrega de recursos por parte del gobierno federal, que se depositan en una institución financiera para que alguien administre dichos recursos mediante un contrato, para un fin específico. El fideicomiso llega a su fin ya sea porque se gastó todo el dinero que se tenía, o por cumplir su objetivo (por ejemplo, cuando se construyó el Segundo Piso del Periférico en el entonces DF, se creó el Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación, esté fue extinto en cuanto se liquidaron todas las cuentas), o porque era para un periodo de tiempo determinado. Del mismo modo, existen fideicomisos que son abiertos, es decir, que no tienen una término específico, aunque eso sí, todos deben especificar sus fines y objetivos.

Los fideicomisos se empezaron a implementar en México desde hace 90 años, por lo que no son ninguna novedad. Para 2007 existían 589 fideicomisos por un monto total de 267 mil millones de pesos (mmp), mientras que para 2019 existen 254, con un monto acumulado de 714 mmp. Es decir, en un lapso de 12 años, los fideicomisos en cuanto a número disminuyeron en más de un 50% mientras que en montos se triplicaron. Cabe señalar, que también existen fideicomisos donde pueden aportar recursos los particulares, los gobiernos estatales o municipales y los poderes autónomos.

Por otra parte, dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se pueden crear fideicomisos “con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritaria y estratégicas del desarrollo”. Con esta redacción, queda abierta la posibilidad para crear libremente cualquier clase de fideicomisos. Ahora bien, ¿cómo para qué crear fideicomisos si de todas formas el dinero lo pone el gobierno?.

La respuesta está en la forma misma de cómo se asignan los recursos. En México no siempre se distribuyen los recursos desde enero, por lo que empiezan a ocurrir retrasos con pagos o con el inicio de proyectos. También hay que considerar que no siempre se puede gastar todo el dinero y al final del año, se tiene que regresar a la Tesorería de la Federación lo no gastado. Por ejemplo, supongamos que el gobierno federal aporta recursos para financiar la filmación de una película, y se hacen todos los preparativos, locaciones, estudios, personal de staff, actores, directores, etc., y que se programa para iniciar el 1 de marzo y terminar el 30 de agosto. Se firman contratos, se dan anticipos, pero, por razones desconocidas, el gobierno no entrega el dinero o se atrasa en los pagos. La película no empieza el día señalado, pero los contratos hay que cumplirlos, y aunque no se usen las instalaciones, ni se esté filmando, ya se debe ese dinero. En este caso, o se paga más porque se filma más allá de agosto, o de plano ya no se hace y se tiene que pagar por la cancelación. Esto, en un hipotético caso de que sea todo durante un mismo año, pero la cosa se complica si se trata de hacer en dos años, porque entonces, nada garantiza que los diputados aprobarán el recurso para el segundo año.

Para no quedar atrapado en el escenario anterior, el gobierno crea un fideicomiso con el fin de entregarle recursos específicos, en nuestro ejemplo para apoyar a la industria cinematográfica (el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine) y generar así una eficiencia en la entrega oportuna del dinero y no depender de la disponibilidad del gobierno ni tener que pedir o entregar recursos por año. Este mecanismo permitiría planear las películas, de acuerdo al dinero disponible y sin la incertidumbre de que si habrá o no recursos para terminar la filmación.

Lo mismo le pude pasar a los proyectos de investigación científica que a los atletas de alto rendimiento, por lo que para agilidad en los pagos necesarios, se crearon los Fondos Conacyt para el desarrollo de proyectos científicos en temas específicos, y el Fondo del Deporte de Alto Rendimiento para los atletas olímpicos.

También existen fideicomisos que va acumulando dinero para que en caso de algún imprevisto, poder disponer del mismo a la brevedad posible como es el caso del Fondo de Desastres Naturales o el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Si no hay manera de prever dónde, cuándo y de qué magnitud será una sequía, una inundación o una crisis económica, menos aún sería posible saber cuantificar los costos de ayuda. Someter este dinero a la burocracia presupuestal tiene un impacto directo en la gente afectada. Hasta universidades e institutos de prestigio operan gracias a los fideicomisos, como es el caso del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Mora, por mencionar algunos.

Por su parte, se publicó el 2 de abril el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, donde siguiendo la rigurosa metodología establecida por el actual gobierno para crear o eliminar los programas públicos, se señala que es “necesario analizar la permanencia de fideicomisos y fondos públicos, por lo que he determinado que los recursos públicos que los integren sean enterados en términos de las disposiciones aplicables a la Tesorería de la Federación y se lleven a cabo los procesos para su extinción”. Es decir, se va a analizar la permanencia de los fideicomisos al mismo tiempo que se eliminan.

En congruencia con esa rigurosa metodología, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados presentó el 20 de mayo una propuesta para eliminar 44 fideicomisos señalando que representaban una cifra de alrededor de 91 mmp. Luego se convocó a Parlamento Abierto para escuchar las voces de la sociedad, que no fue tomado en cuenta porque el coordinador de los diputados de Morena volvió a presentar la propuesta el 9 de septiembre, indicando además que el número de fideicomisos a eliminarse aumentó a 55, al igual que el monto estimado de 150 mmp. Con ese impecable método científico, el 29 de septiembre el propio coordinador de Morena dijo que siempre no serían 55 sino 109, y que el dinero ascendería a 69 mmp. O sea más fideicomisos y menos dinero. Por cierto, el 29 de septiembre, el Presidente apuraba a los diputados a aprobar la cancelación de los fideicomisos por los cuales esperaba unos 50 mmp.

A la fecha no sabemos en qué se ocuparía el dinero de los fideicomisos, de ser cancelados. El presidente decía el 3 de abril que “con la medida se respaldará a los programas sociales, la reactivación económica y ayudará a continuar con los pagos de la deuda pública”, mientras que, el 29 de septiembre señaló que serán “para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos en nuestro país”. Otro misterio es saber con cuánto dinero de los fideicomisos se quedará el gobierno y con cuánto se seguirá apoyando a los beneficiarios. Porque si nada más se centralizará el dinero, solo habrá cuellos de botella para los pagos y cero beneficio para otras áreas.

Como podemos ver de manera breve, la existencia de fideicomisos ha obedecido a una demanda institucional. No se niega que a lo largo de los años algunos fideicomisos hayan caído en ineficiencias, vicios o abusos. Pero en ese mismo andar institucional se han venido depurando, reformando y transparentado la información. No es un camino parejo y los resultados se tendrían que evaluar caso por caso y en su caso, presentar las denuncias donde hubiera corrupción. Imposible medir con la misma vara al Centro de Investigación en Matemáticas con el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Los fideicomisos presentan nuevamente que al actual gobierno poco le importa el análisis de los programas e instituciones, que no está interesado o capacitado en reformar y modificar para mejorar. El mecanismo es el mismo: denunciar que lo anterior era corrupto, no presentar denuncias, eliminar el programa o institución, y sustituirlo por entregas directas y universales. O como señala el Nóbel de Economía en La economía del bien común: “Importa ser conscientes de que los políticos, como todos nosotros, reaccionan a los incentivos a los que se enfrentan. En su caso, los incentivos, aunque son múltiples, están muy influenciados por la sanción electoral”.