Tabula Rasa

El abandono de la seguridad

Tal parece que la seguridad pública será abandonada por el presente gobierno. Ya sea por creer que la sola aparición de la Guardia Nacional resolverá todos los problemas de inseguridad o porque simple y sencillamente se les quiere endosar la solución a las policías locales. Lo cierto es que los delitos crecen y las capacidades institucionales estarán sin apoyo federal.

Los delitos que más padecemos la mayoría de la población son los llamados del fuero común, los que pasan en nuestro entorno inmediato (el robo en la calle o transporte público, la extorsión, el fraude o el robo de coche) y, por lo tanto, tenemos que acudir a los policías de cada uno de los 32 estados o a los policías de los 2,466 municipios, aunque no todos los municipios tienen una corporación policial propia.

De acuerdo con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, publicado en octubre de 2019 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 650 municipios no tienen una policía local, lo que representa el 4% de la población que vive sin que haya policías en su municipio. El mismo reporte señala que existen en el país un estado de fuerza real, sin los trabajadores administrativos, de 255,673 policías estatales y municipales. Sin embargo, no hay homogeneidad organizativa. Por ejemplo, mientras que las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) no cuentan con policía propia (son asignados por la policía de la CDMX), en Chihuahua no existen policías estatales.

Los Estados con menor número de policías estatales son Querétaro con 784, Durango con 764 y Baja California Sur con 375; mientras que las entidades federativas que tienen más elementos son Chiapas con 6,073, el Estado de México con 16,816 y la CDMX (compensando con eso la falta de policías locales) con 36,631. Si nos vamos al detalle municipal, veremos que los Estados con menos policías municipales son Zacatecas con 841, Campeche con 652 y Tamaulipas con 440; mientras que los municipios con mayor número de elementos son Nuevo León con 6,864, Jalisco con 12,248 y el Estado de México con 23,083.

Sumando ambos estados de fuerza, estatal y municipal, tenemos que Colima con 1,985, Zacatecas con 1,901 y Campeche con 1,932 son los que menos tienen; mientras que quienes tienen más policías son Jalisco con 17,572, la CDMX con 38,631 y el Estado de México con 39,938.

Otra forma de entender lo anterior es cuántos policías existen por cada mil habitantes. El estándar nacional mínimo debería ser de 1.8, pero en la realidad se observa que el promedio nacional es de 1.0. Considerando esta clasificación, tenemos que Yucatán con 1.6, Tabasco con 1.9 y la CDMX con 4.3 son quienes más policías tienen por cada mil habitantes; mientras que en el otro extremo tenemos con 0.4 a Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Sonora, y al final, quien menos tiene es Baja California con 0.3.

Ahora bien, es interesante comparar el número de policías con el número de delitos. Utilizando el reporte del Inegi de Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes, encontramos que las entidades con mayor número de delitos son la CDMX con 69,716, el Estado de México con 51,520 y Sonora con 50,861. Si vamos a los estados con menor cantidad de delitos reportados son Michoacán con 22,999, Durango con 22,586 y Chiapas con 19,409. Así, podemos ver que la CDMX tiene más policías por cada cien mil habitantes y es donde se cometen más delitos, por lo que no es en automático tener más policías para disminuir los delitos.

El consenso internacional dice que los policías deben estar capacitadas y equipadas para cumplir sus labores. ¿De dónde sale el dinero para que los policías se capaciten, tengan armas, patrullas, uniformes y se les paguen salarios? Para los 128,193 policías estatales y los 127,480 policías municipales, cada estado y cada municipio paga una parte con sus propios recursos, pero otro tanto lo hacen con dinero proveniente de la Federación en diferentes esquemas. Por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal destina recursos para los sistemas de seguridad pública estatales a través del llamado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Estos recursos se entregan obligatoriamente y el monto total y la distribución por estado se realiza de forma anual mediante acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y tienen el fin exclusivo de ser para las instancias de seguridad pública como las policías, tribunales y centros penitenciarios.

Los recursos del FASP se entregan desde 1998 y para 2001 ascendían a 7.7 mil millones de pesos (mmp). Sin embargo, para 2003 habían bajado a la mitad con 3.8 mmp, para luego incrementarse y terminar el sexenio en 2006 con 6.6 mmp. El gobierno de Calderón, como era de esperarse, fue aumentando los recursos llegando a los 9.5 mmdp en 2012. El gobierno de Peña tuvo en 2015 el año con más recursos para este Fondo al destinarle 10.4 mmp, y posteriormente ir disminuyendo el dinero para cerrar su administración con 9.0 mmp en 2018.

Las arcas municipales son siempre muy escasas. Por eso, cuando en 2008 se lanzó un subsidio para apoyar a las policías municipales, fue recibido con beneplácito. La intención original del conocido por sus acrónimos como Subsemun era homologar la capacitación, equipamiento y operación de los principales cuerpos de policía del país, dado que cada uno funcionaba de forma distinta y por lo tanto, la cooperación entre los cuerpos policiales era muy complicada.

En ese primer año se determinó que el subsidio sería de 3.5 mmp y se beneficiaran los 150 municipios que tuvieran mayor número de delitos y mayor población. Cabe señalar que, a diferencia del FASP, es dinero contemplado por la Ley de Coordinación Fiscal y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. El Subsemun, tenía la característica de ser un subsidio que estaba ligado a solo el año fiscal en turno y dependía de la voluntad del poder ejecutivo tanto para los montos que se le destinaran como para la continuación del mismo en años subsecuentes.

De manera lenta pero consistente los montos fueron ascendiendo año con año al igual que el número de municipios beneficiados. En 2016 los recursos del subsidio (ahora llamado Fortaseg) llegaron a los 5.4 mmp y se repartían a 300 municipios. No se movería el alcance del subsidio en cuanto a municipios, pero sí en cuanto a montos, cerrando 2018 con 5.0 mmp.

A partir de la llegada del presente gobierno, se ha ido relegando el tema de la seguridad. Para 2019 hubo una reducción de 1.8 mmp en lo que respecta al FASP, al destinarle montos por 7.2 mmp. Aunque a partir de ese piso han ido aumentando los montos, 7.4 mmp en 2020 y la propuesta para que en 2021 los recursos asciendan a 7.6 mmp, lo cierto es hoy se entregan menos recursos para seguridad pública a los estados que los asignados en 2008.

Por lo que toca al subsidio para apoyar a las policías de los 300 municipios más grandes del país, donde se concentran la mayoría de los delitos, el panorama luce más desolador. De aprobarse la propuesta del poder ejecutivo en el proyecto de presupuesto, pasaría de los 4.0 mmp en 2019 y en 2020 (el gobierno había propuesto 3.0 mmp, pero los diputados decidieron ampliarle con 1.0 mmp más) a tener para 2021, cero pesos. Así de dramático.

Si el presupuesto es una declaración de principios, al presente gobierno poco le importa apoyar a las policías locales. Toda la esperanza (imposible hablar de una estrategia bien planificad y diseñada) se basa en la Guardia Nacional, la cual operativamente sería incapaz de cubrir los huecos operativos que dejarían las policías locales, además del hecho de que sus principales objetivos son los delitos del fuero federal como el narcotráfico y la delincuencia organizada y no el robo en transporte público, por ejemplo.

El abandono a su suerte a los policías locales tendría un impacto brutal. Pasaríamos a tener policías municipales sin recursos para renovar o mejorar su equipamiento, sin capacitaciones, vaya, hasta se daría el caso de patrullas abandonadas en los estacionamientos por falta de dinero para pagar refacciones o gasolina. Evidentemente el problema del buen funcionamiento de las policías es mucho más complejo, pero de cancelar los recursos para la seguridad municipal, negro panorama le espera al país.

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