La constante corrupción

Una de las constantes más arraigadas en la historia de la civilización es la presencia de corrupción en la vida pública. No hay época ni país que no la haya padecido. Los filósofos de la antigüedad consideraban la corrupción como consecuencia de la falta de virtud, entendida ésta como el que las personas no tengan control sobre sus pasiones (odio, envidia, avaricia, etc.). Tácito hablaba de que cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes. San Agustín, describía en la Ciudad de Dios cómo fue la caída de Roma: “Y ved aquí cómo la República romana poco a poco se fue mudando, y de hermosa y virtuosa se fue convirtiendo en mala y disoluta. Ved aquí como las costumbres de sus antepasados se entregaron y relajaron en tanto grado que se corrompió con la superficialidad de las galas, deleites y codicias”. Es decir, la corrupción, como también podemos considerar a la delincuencia, son conductas antisociales que no se acaban nunca.

La existencia de corrupción puede ser pequeña o amplia y puede ser más o menos percibida como un comportamiento aceptable por una sociedad en un tiempo específico. Leslie Holmes señala en ¿Qué es la corrupción? Que “la corrupción depende de la aceptación amplia o restringida de la sociedad”. Llega a resultar tan extendida la corrupción que termina por ser una creencia compartida, de tal forma que aprovecharse del puesto público para un beneficio personal, familiar o de amigos, se termina por ver como algo natural, como una especie de norma social. Lo curioso es que siempre hay voces que denuncian la corrupción prevaleciente, que siempre se la condenan de forma pública, aunque en lo privado las consideraciones sean más laxas.

Decía Samuel Huntington en El orden político en las sociedades en cambio que podemos entender que “la corrupción es una desviación de los funcionarios públicos que se apartan de las normas establecidas para ponerse al servicio de intereses privados”, en otras palabras, para que exista corrupción se tiene que dar la combinación de un funcionario público que obtenga un beneficio particular derivado de una conducta ilegal. Esto para tener una comprensión general de lo que debemos entender por corrupción, porque es muy común utilizar dicho concepto de manera muy amplia en todo y para todo. Por ejemplo, cuando se detienen a varios dirigentes del futbol por recibir dinero de sobornos para favorecer sedes mundialistas o venta de boletos, se habló de corrupción en el fútbol, cuando en estricto sentido no había un funcionario público.

Ahora bien, por funcionario público se entiende cualquiera que represente a un gobierno, ya sea dentro de las oficinas, un inspector de obra, un policía o el presidente de un país; y por beneficio personal puede ser el pedir “propina” para agilizar una licencia, brindar la “atención” para saltar algún trámite o coludirse para entregar obras a los amigos y familiares o comprar a sobreprecio bienes y servicios. La corrupción existe cuando el funcionario solicita dinero o actúa a favor de alguien. Pero también existe corrupción lo mismo por parte del ciudadano cuando es detenido por una infracción de tránsito y para evitar la multa le pide al oficial de tránsito el consabido “échame la mano, ¿cómo nos arreglamos?”, así como del empresario que ofrece dinero o viajes a cambio de que le den algún futuro contrato. Es decir, también podemos decir que existe corrupción cuando un ciudadano actúa para que el funcionario no se conduzca de acuerdo con la ley, y ambos obtengan un beneficio.

Aunque suena simple, el problema de considerar la corrupción también es un asunto de niveles y matices. Por ejemplo, si un policía se dedica a hacer sus rondines de vigilancia a las casas de sus amigos, podemos considerarlo como un acto de corrupción, pero si un ciudadano le obsequia unos tacos de manera constante al policía que vigila su colonia, y este, casi de manera natural, pone especial énfasis en vigilar la casa de este ciudadano ¿estamos hablando igual de corrupción? O como dice ¿es igual de corrupto el guardia que deja escapar a un reo peligroso que el guardia nazi que aceptó un soborno y dejó salir, y sobrevivir, a un judío? Es probable que lo primero lo condenamos y lo segundo lo festejamos. De ser así, ¿entonces estamos frente a una corrupción buena y otra mala? ¿Por qué somos comprensivos ante los pequeños actos de corrupción de la vida diaria? ¿Por qué se considera que si el funcionario pide que le den el 10% del valor de un contrato para asignarlo a un particular es aceptable, pero si pide el 50% ya no lo es? ¿acaso no es la misma acción?

Tal vez por eso en el imaginario social lo más fácil de entender y condenar es al alto funcionario que se roba millones y millones de pesos. La mayoría aplaudimos cuando nos enteramos de que metieron a la cárcel, o renunciaron a sus puestos por delitos relacionados con corrupción a los exPrimer Ministros de: Malasia, Papúa Nueva Guinea, Argelia, Pakistán, Rumania, Croacia, República Checa, Israel, o algunos Ministros en Rusia, Japón, Corea del Sur, Italia, Francia, o los escándalos que llegan al Rey Juan Carlos I, por no hablar de los casos latinoamericanos. Al contrario de lo que señalaba Huntington de que los niveles de corrupción van ligados a los niveles de desarrollo de los países, podemos ver que las grandes sumas de dinero (o hasta los asuntos del corazón como es en el caso de la República Checa) siguen dando vigencia a la máxima de Alvaro Obregón de que no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos.

Señalan los Nobel de Economía Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo en su más reciente libro Buena economía para tiempos difíciles, que “la idea de que lo único que hace falta para acabar con la corrupción es la voluntad de hacerlo, ignora un punto clave sobre el origen de la corrupción y nuestra habilidad para controlarla: la parte económica”. Es decir, se deben implementar mecanismos institucionales que inhiban la existencia de la corrupción porque no es exclusivamente un asunto de voluntad, y no puede serlo porque los países estarían expuestos a los vaivenes de las personas y sus virtudes, o la carencia de ellas. Una persona no elimina la corrupción de un país. O como dice Leslie Holmes, el estado tiene que entender la necesidad de encontrar los incentivos adecuados, porque no basta con tener la voluntad de combatir la corrupción, además se debe tener la capacidad de instrumentarla. Pretender que con el ejemplo de una persona se detendrán ese tipo de conductas es iluso, se tiene que modificar los instrumentos del Estado.

En un sentido similar, Kaushik Basu, otro economista, en Una república fundada en creencias apunta que “se cree que lo único que se necesita para acabar con la corrupción es valor y resolución. La realidad es que la corrupción es un fenómeno complejo en el que los incentivos económicos se asocian con las normas y costumbres sociales, así como con las consideraciones estratégicas, y explica por qué muchos esfuerzos genuinos terminan mal”. Es decir, olvidémonos de querer eliminar la corrupción por la voluntad de un solo hombre y entendamos la complejidad de la misma, entendamos que eliminar la corrupción implica muchas cuestiones como el marco legal, los incentivos económicos, las normas sociales. Por el mismo rumbo, Jon Elster en El cemento de la sociedad, considera que las normas sociales forman parte de la acción colectiva, y que, si las mismas premian la honestidad de las personas, la corrupción se puede mantener a raya. Si, por el contrario, las normas sociales premiaran la deshonestidad, entonces el panorama sería inverso. Para Elster, la norma social es fundamentar para entender la extensión o acotación de la corrupción.

Si la corrupción es una constante, ¿por qué de repente nos encontramos ante casos que impactan en la sociedad? Básicamente, nos dice el politólogo Michael Ignatieff en Las virtudes cotidianas, es por el hecho de que “en todo momento existirán abusos e injusticias que desatarán la furia de los ciudadanos. El punto de inflexión es de naturaleza moral y se da cuando un abuso tolerado durante mucho tiempo es percibido de pronto como una expresión de desprecio moral de una élite hacia su gente”. En otras palabras, los limites se cruzan cuando las acciones de corrupción sobrepasan los niveles de aceptación social, cuando, por ejemplo, los funcionarios se quedan con el dinero y le dan agua en vez de medicina a los niños con cáncer, cuando se compran casas y ranchos como si estuvieran jugando monopoly.

Actualmente vivimos un punto de inflexión. La notoria corrupción permitida y no castigada durante el sexenio pasado terminó por cobrarle factura a esa élite. Primero los sacaron del poder y ahora están inmersos en procesos penales. La sociedad no puede estar más de acuerdo en castigar la corrupción, pero cuidado, si a la voluntad no se le acompaña con una efectiva instrumentación del castigo, la reacción puede convertirse en rechazo el apoyo de hoy, con la afectación para el Estado, no para las personas. Recordemos, como dice Ignatieff, que “al igual que la virtud cotidiana está en constante lucha con los vicios ordinarios, las instituciones liberales están en todo momento en riesgo por la corrupción, la depredación y el abuso”.

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