Emilio Lozoya Austin promovió dos amparos para recuperar sus bienes
El exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, fue dado de alta este sábado 2 de agosto del hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, donde había sido ingresado hace 15 días por anemia y problemas de esófago.
No pisó la cárcel e incluso tuvo que firmar en el libro de procesados a través de correo electrónico, lo que implicó que en ningún momento pisara la cárcel. Un hecho que ha sido polémico en los últimos días, así lo informamos en LeMexico.
Después de recuperar su libertad, el ex director promovió un amparo para revertir la inhabilitación que le impuso la Secretaría de Función Pública. El ex funcionario también interpuso uno más para recuperar la casa de Lomas de Bezares que fue asegurada por la FGR (Fiscalía General de la República).
El amparo más reciente interpuesto en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México con número 156/2020, va en contra de la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que lo inhabilitó durante 10 años por mentir en su declaración patrimonial.
Desde noviembre del año pasado, los abogados defensores del ex funcionario interpusieron el amparo 744/2019 ante el juzgado octavo de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México. Este en contra del aseguramiento de la residencia en el fraccionamiento La Retama, en la calle Ladera número 20, colonia Lomas de Bezares, que según la causa penal 211/2019 Lozoya habría adquirido mediante el dinero que el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), le depositó a través de la empresa Tochos Holding.
Este amparo le fue negado en primera instancia y luego fue recurrido ante el tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, cuyo fallo, en junio pasado, ordenó modificar la sentencia. La defensa de Lozoya ha promovido al menos tres amparos en contra del aseguramiento de las cuentas por parte de la UIF que han sido denegados desde la primera instancia.
Lozoya también impugnó temas procesales como la falta de derecho de audiencia por parte de la SFP. De ganar el juicio, el ex funcionario incluso podría recuperar su facultad para ocupar cargos públicos.
(Con información de la Jornada)
